Recientemente una parte de los pereiranos, cada vez en aumento, están preocupados por el auge inmobiliario que viene gestándose en el corregimiento de La Florida. No sin razones, señalan el peligro que significa dejar urbanizar la cuenca media del río. ¿Qué medidas se están tomando?
El gerente de la empresa de Acueducto ha venido realizando gestiones con los campesinos, habitantes de los terrenos de la cuenca alta (veredas El Bosque y Cortaderal), sobre compromisos para respetar los linderos de los predios y adoptar prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente, en esta importante zona de reserva que surte de agua a la laguna del Otún y sus afluentes.
También, hay quienes, últimamente, están preocupados por el auge inmobiliario que viene gestándose en el corregimiento de La Florida. No sin razones, señalan el peligro que significa dejar urbanizar la cuenca media del río.
El acuerdo 18 del 2000 incluía a la Florida como centro poblado con un perímetro de expansión. Luego del acuerdo 23 de 2006, la CARDER, sin concertar con la Alcaldía, emitió normatividades a través de planes de manejo que de manera autónoma otorgaban a la zona norma, usos, etc.; y solo hasta el POT actual, se incorporaron estos planes de manejo como parte de la concertación ambiental, aunque sujetos a que un proceso de planificación intermedia rural los modifique en el futuro.
Pero, en el intermedio, hubo quienes aprovecharon para sacar licencias de construcción que hoy están en implementación, y, de todas maneras, la normatividad expedida por CARDER contempla usos como hoteles, comercio y otros relacionados.
La cuestión, en mi opinión, es: hacer, sí, pero ¿cómo? Si el problema son las aguas servidas, ¿por qué la CARDER no ha diseñado en asocio con Aguas y Aguas, todo el sistema de vertimientos que se ajuste a lo permitido en la normatividad concebida por esta institución ambiental?
Existen varias voces ciudadanas que piden la inmovilización total de los predios, pretendiendo conservar intocado un lugar que ya mostró sus potencialidades en materia de explotación turística y económica, y que en la actualidad tiene procesos en curso. Ante esto, me pregunto:
- Si se rigidizan las normas y se impiden los desarrollos: ¿podría pulular la informalidad, ante lo cual las autoridades de control urbano, aún en zonas de mayor facilidad, han demostrado sobrada incapacidad?
- ¿Se podría argumentar que los usos llevados a cabo históricamente en la zona como los agrícolas, son por lo menos igual o peor de contaminantes que las nuevas propuestas inmobiliarias, comerciales y turísticas?
La discusión está abierta.
Considero importante y vital vigilar la pureza del agua que captamos para el acueducto. Limitar los impactos negativos del turismo. Hacer cumplir la normatividad a aquellas empresas que contaminan las aguas (como PezFresco que prácticamente acaba el río Barbo, tributario del Otún), o a quienes vierten químicos en cercanías a Libaré, tiñendo de tristes colores lo que debía ser cristalino.
Y regular a los que, históricamente, han usado la gallinaza como abono, condenando a un paraje de excepcional belleza a vivir entre nubarrones de moscas.
Aun así, creo que se puede permitir un desarrollo regulado, armónico. Todo es cuestión de querer hacerlo y de ejercer el gobierno con criterio de igualdad (sin amiguismos), poniendo reglas claras que deben ser cumplidas por todos, sin excepción.
