En dos artículos anteriores titulados respectivamente Sospechosos y La mirada detectivesca, he advertido sobre lo que ya es una preocupación general para los espíritus libres y críticos del mundo entero: la entronización de estados policiales, amparados en las medidas de excepción tomadas para enfrentar la pandemia de la Covid- 19: requisas permanentes a los transeúntes, espionaje, detenciones frecuentes, agresiones, así como familias convertidas en denunciantes de sus vecinos y hasta de sus propios parientes, por haber incurrido en alguna transgresión a las cuarentenas.
Lo que en principio parecía una respuesta razonable a la emergencia sanitaria se convirtió muy rápido en un laboratorio para ensayar prácticas caras a estados tan proclives a violar los derechos más elementales de la gente como lo han sido los controlados por el estalinismo en la Unión Soviética, el fascismo y el nazismo en Europa con sus satélites en el mundo, además de las democracias formales dispuestas a dar el giro hacia la violencia cuando el establecimiento se siente amenazado en sus intereses.
El drama de las violencias de todo tipo en la sociedad colombiana ha sido documentado con profundidad y amplitud, en sucesivos y fallidos intentos de transformar desde la base un modelo que legitima la agresión y la supresión del otro como forma de resolver los conflictos.
Ese ha sido nuestro largo y tortuoso camino como país. En su recorrido han caído personas de todas las edades, rangos, clase social o tendencia ideológica. Al contrario de lo que sugiere el verso del himno nacional, entre nosotros no ha cesado la horrible noche expresada en esta orgía de sangre y terror.
El caso del abogado Javier Ordóñez, muerto mientras se encontraba bajo custodia de la policía tras ser detenido borracho, según denuncias de sus allegados sustentadas en documentos audiovisuales suministrados por testigos de los hechos, parece una provocación y un desafío, justo cuando en Colombia se desarrollaban distintos eventos cívicos y académicos con motivo de la Semana por la Paz 2020, ensangrentada ya de manera definitiva.
Y digo que parece una provocación, porque hay bastantes coincidencias con lo que viene sucediendo en los Estados Unidos desde el comienzo mismo de la campaña por la presidencia.
No es preciso tener una visión muy aguda, para darse cuenta de que en el distópico país gobernado por Donal Trump los asesinatos de ciudadanos negros por parte de la policía hacen parte de una estrategia dirigida a provocar a las comunidades, desatando unas protestas raciales que los medios de comunicación, con Fox a la cabeza, se encargan de vender como una situación de caos generalizado cuya única solución es la continuidad de Trump en la presidencia.
Como pueden ver, es un truco bastante conocido. Y lo peor es que siempre funciona. Tanto, que el 11 de septiembre de 1973 sirvió para justificar el golpe militar de Augusto Pinochet contra Salvador Allende, un presidente que llegó al poder respetando todas las reglas de juego de la democracia.
Sin embargo, como lo señalé unos párrafos atrás, esas reglas pierden todo valor cuando el poder se siente amenazado.
Al contrario de lo que algunos creen, mucho me temo que los hechos violentos desatados por la muerte de Ordóñez y la posterior protesta incendiaria de sectores sociales indignados, en lugar de ser una suerte de clímax constituye un anuncio de los días por venir.
No por casualidad Claudia López, alcaldesa de Bogotá, clamó de inmediato por una reforma a la policía, en solicitud pública al presidente Duque, al señalar que “ Esto requiere compromiso verdadero al más alto nivel”, dijo. Y afirmó además que el de Ordóñez no es un caso aislado y que el distrito ha recibido 137 denuncias por actuaciones de uniformados en lo que va corrido de 2020. Aseguró también, tras la muerte de siete personas que participaban en las protestas que, atendiendo un informe de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, la mitad de las agresiones perpetradas por la policía se han concentrado en hombres; un 28 % en mujeres y el resto en la comunidad trans. Como si fuera poco, hay denuncias de amenazas, agresiones, un homicidio y una violación sexual.
Lo anterior, según nota publicada en el diario El País de España, el jueves 10 de septiembre de 2020.
Tengo pues bastantes razones para sospechar que nada de esto será transitorio. Ninguno de los poderes va a renunciar, así sin más, a las facultades otorgadas por el estado de excepción. Todo lo contrario, pasado este capítulo de las cuarentenas, todos seguiremos bajo sospecha y sometidos a la mirada detectivesca de una sociedad sitiada por el miedo y, por lo tanto, proclive a respaldar soluciones extremas.
Los hechos de los días 9 y 10 de septiembre pueden ser una muestra de lo que nos espera.
Gravísimo lo ocurrido ayer en Bogotá y peor todavía lo que se puede desencadenar. Me parece muy urgente y oportuno Gustavo que lo pongas a discusión en estas páginas.
Eperemos que Duque en vez de dejarse llevar por la corriente a la espera de lo que le dicte su jefe, decida tomar el toro por los cuernos y demuestre por fin que para algo lo eligieron. Colombia demanda una investigación precisa sobre lo ocurrido a la víctima y castigo ejemplar para estos matones de uniforme, reforma a la policía que debería destituir a varios de los que ordenan salir a echar bala como anoche y una discusión honesta cara a cara con las comunidades reprimidas.
Tiene usted toda la razón, apreciado Javier. El problema empieza en lo que plantea en el segundo párrafo de su reflexión: en realidad, Colombia tiene un presidente delegado en funciones que hasta ahora no ha tomado una sola decisión por cuenta propia. Son el patriarca y sus servidores los que determinan el rumbo a seguir, disfrazando sus apetitos personales detrás de la pomposa etiqueta de “Los altos intereses de la patria”.
Muchas gracias por el diálogo.
Gustavo