Por: Héctor H. Quintero |
Si de algo ha servido la pandemia del Covid – 19, es para develar lo que cada país ha construido en los últimos cincuenta años (sin olvidar que ello es producto de la historia económica, política y social de cada territorio).
Y en el caso de Colombia estamos jodidos. Son tantos los indicios para respaldar dicha afirmación que difícilmente pueden ser incluidos en un texto corto. Por eso será evidente que bastantes cosas quedarán por fuera.
Colombia es una cueva de ladrones en todos sus estratos y divisiones sociales. El oportunismo, el abuso y el robo han sido parte de las dinámicas sociales de las últimas cuatro semanas. Desde el incremento espontáneo de precios en supermercados y servicios, hasta el sobrecosto millonario de los mercados comprados por alcaldías y gobernaciones a lo largo del país. La especulación con los precios de guantes, tapabocas, alcohol, geles con alcohol, hipoclorito, entre otros, ha multiplicado hasta por 10 los costos convencionales de dichos productos.
En Colombia hay ratas gordas y grandes.
Al robo sostenido de los dineros públicos se le ha llamado corrupción, fenómeno social en el que participan amplias capas poblaciones de la sociedad colombiana. Con dinero públicos e incurriendo en sobrecostos inadmisibles para una economía como la colombiana, alcaldes, gobernadores, senadores y otros políticos han mantenido durante las dos últimas semanas una campaña publicitaria de sus nombres, aprovechando la entrega de miles de minutas alimentarias a familias en distintos lugares de la geografía colombiana.
Eso es malversación de fondos.
Adicionalmente han incurrido en contratos multimillonarios y sobrecostos para diferentes acciones relacionadas con el manejo local y regional de la pandemia.
Las recientes evidencias sobre las grandes irregularidades en los listados de cédulas de la Registraduría Nacional del Estado Civil y otras bases de datos, ha demostrado que una mano roedora con muchos años de trabajo ha logrado poner a disposición del mejor postor una serie de números y nombres que facilitan el acceso a recursos del Estado, nombramientos por elección a cargos públicos y un tráfico de influencias que está amparado en la cantidad de cédulas sobre las cuales se tiene discrecionalidad.
Las evidencias que fueron enviadas a la Fiscalía sobre los vínculos “confusos” con el narcotráfico de los políticos y las campañas políticas a los altos cargos de la nación. La participación de los narcotraficantes en campañas políticas a presidencia de la república, son vistas desde un espíritu corrupto como hechos intrascendentes que no vale la pena investigar. Es un hecho vergonzante.
Colombia es un Estado de desprotección social.
A pesar de que la cifras suponen una inversión social alta, gran parte de los recursos para la salud y la educación quedan en manos de intermediarios que poco aportan al fortalecimiento de ambos sectores. Al contrario, a partir de la corrupción, la impunidad y el tráfico de influencias se genera detrimento patrimonial, enriquecimiento ilícito y gastos ineficientes. Por esa razón la tan mencionada ley 100 ha servido básicamente para que el sector financiero se apropie de un alto porcentaje de los recursos del sistema sin revertir socialmente ningún tipo de beneficio. Cesantías, pensiones y salud se han convertido en tres flujos de recursos hacia dicho sector.
Hecho trágico en el decreto 444 de 2020 es atentar contra los fondos regionales de pensiones. Con un Estado de plano corrupto y poco cumplidor de los pactos sociales, es fácil pensar que un sistema que entrará en verdadera crisis será el régimen pensional. Los funcionarios que trabajan en el gobierno para el sector financiero tendrán entonces los argumentos (creados por ellos mismos) para acabar con el régimen de prima media, trasladando así todo el negocio de las pensiones a los fondos privados operados por el sector financiero.
En la actual crisis se está jugando con los subsidios inventados por los gobiernos Pastrana y Uribe, para sustituir la responsabilidad del Estado con los pobladores de las zonas mas deprimidas del país. En lugar de generarse polos de desarrollo, se introdujeron mecanismos de limosna (Familias en acción, Jóvenes en acción) que hay restan capacidad de decisión política y social a los denominados “beneficiarios”.
– [ ] Se está abordando la crisis de la pandemia sin generarse un organismo de orden nacional, con función regional. Si bien el decreto 444 de 2020 define un Fondo para la atención, este no se ha convertido desde ya en el ente rector de la atención integral de la crisis. El presidente sigue supliendo dicha función sin tener la capacidad de liderazgo requerida para una acción que sin lugar a dudas es de un orden especializado. Esto implica que a la fecha sean los alcaldes y gobernadores los directos responsables de las acciones de choque, cuando deberían ser solamente corresponsables administrativos y económicos.
La improvisación es el pan nuestro de cada día.
A pesar de contarse con información verídica desde el mes de enero, el gobierno colombiano no había adelantado gestiones de reducción de riesgo y mitigación, definiendo un panorama general de riesgo que permitiera una actuación sustentada en referentes técnicos especializados. Fueron la improvisación y las acciones incoherentes con el modelo de contención seleccionado (ejemplos: permitir la apertura de aeropuertos hasta ultima hora, la no concreción de un plan de contingencia para el manejo de las condiciones de supervivencia y bienestar de todo el pueblo colombiano, la no preparación redundante del INS para el procesamiento de pruebas, la ausencia de un plan nacional para el manejo de la red hospitalaria, el no alertamiento al sector educativo para preparar acciones razonables que permitieran a niños y jóvenes el desarrollo de sus procesos educativos teniendo en cuenta las condiciones reales de las familias y los centros educativos) lo que imperó en una primera fase de las acciones nacionales.
La improvisación persiste al privilegiarse en el manejo el renglón económico, perdiéndose de vista el factor sociocultural, que depende de un abordaje interdisciplinario, con un nivel significativo de especialización que sobrepasa con creces la visión económica que se le ha dado al conjunto de la pandemia. Hoy 17 de abril, de 2020 no existe un organismo técnico para la gerencia, operación logística y abordaje técnica del desastre (solo es escuchar con cuidado las alocuciones presidenciales y las intervenciones de su ministro de protección social). De igual forma es incomprensible que los seis billones destinados, de acuerdo al decreto 444 de 2020, al sector salud, todavía no hayan sido convertidos en acciones concretas de fortalecimiento de la red hospitalaria, realización masiva de pruebas a personas con sospecha de pertenecer a cadenas de contagio, contratación digna del personal médico y paramédico, consecución de implementos de protección biológica para todo el personal de la salud y rutas concretas de atención a diferentes sectores poblacionales.
Persiste el negocio de la guerra.
En las lógicas demenciales de los asesinos que están en el poder, persisten las acciones armadas contra poblaciones desamparadas en distintos puntos de la geografía nacional, se asocian tomas, asesinatos selectivos, quema de tierras, amedrentamiento armado y asesinatos de los desmovilizados de las FARC. Una guerra paralela y sucia que se empecina en mantener condiciones de miedo, indignación e incertidumbre a múltiples poblaciones y pobladores. Los enemigos de la paz y señores de la guerra persisten en sus intenciones de desestabilizar cualquier condición de bienestar, esperanza y buen vivir de los colombianos para así usufructuar tierras, cultivos, inversiones, información privilegiada y oportunidades de negocio.
Las palabras sobran.
Solo queda esta terrible sensación de un país donde lo único que importa es la permanencia de la exclusión, la injusticia, el menosprecio por los que no están al ritmo de la economía voraz, la minusvaloración de la humanización y la agudización de una profunda ignorancia que campea en todos los niveles de la sociedad colombiana.
*Médico y docente universitario
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