¿Continuará el proyecto estrella del gobierno Uribe en el gobierno Santos? El autor dice que sí. Entonces es hora de hacer un balance. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Qué se puede corregir? ¿Qué falta?
Hugo Acero Velásquez*
Texto extraído de: Razón Pública
Después de los ocho años del presidente Álvaro Uribe, conviene realizar un balance de lo que fue su política fundamental, la Seguridad Democrática, resaltando sus logros y problemas y señalando las acciones que tendría que desarrollar el nuevo gobierno para consolidar lo alcanzado y seguir mejorando en este campo.
Logros
-Consolidación de la dirección civil de la fuerza pública en cabeza del Presidente de la República. Se puede asegurar que por primera vez en Colombia un presidente asume, de manera plena, la función constitucional de comandante supremo de las Fuerzas Armadas y responsable del orden público.
-Avance en el monopolio legítimo del uso de la fuerza y control territorial por parte del Estado, con la presencia de las Fuerzas Armadas en territorios anteriormente dominados por guerrillas y paramilitares.
-Debilitamiento de las FARC y de los paramilitares gracias al enfrentamiento armado, reducción de la capacidad operativa de los primeros y desmovilización de los segundos.
-Reducción importante de algunos delitos, como los homicidios, que disminuyeron en un 38 por ciento, al pasar de 28.534 casos en el 2002 a 17.717 en el 2009 y los secuestros que disminuyeron en un 92 por ciento, al pasar de 2.882 en el 2002 a 213 en el 2009. Igualmente disminuyeron los hurtos a entidades financieras en un 65 por ciento y de automotores en un 47 por ciento.
Problemas…
-En los dos últimos años aumentó la violencia homicida, en particular en el año 2009 cuando hubo 17.717 casos, siendo así que en el 2008 hubo 15.250. El aumento fue de en un 16 por ciento, como puede apreciarse en la siguiente gráfica:
-La Seguridad Democrática se sustentó en una óptica exclusivamente militar y policial, dejando de lado otras instancias igualmente responsables del tema, con las que no se trabajó en equipo y a las que no se les exigió resultados. Tal es el caso de:
– El sistema carcelario y penitenciario: A pesar del des hacinamiento del sistema con la construcción de nuevas cárceles, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, no pudo controlar la actividad delincuencial en y desde los establecimientos, así como las constantes fugas de presos, situación que llevo al Ministro del Interior, hace dos meses, a asegurar que había que reestructurar el INPEC, con la frase “se reestructuran o se acaban”.
– La Fiscalía y los jueces: las relaciones del Ejecutivo con estas instancias se caracterizaron por su pugnacidad y por la controversia pública, mientras la impunidad, antes que ceder, siguió creciendo en el país.
– Los 32 gobernadores y los 1.100 alcaldes, a quienes la Seguridad Democrática les desconoció sus funciones constitucionales y legales como responsables del manejo del orden público en sus jurisdicciones. Esta fue una política personal del presidente Uribe.
-Violaciones a los derechos humanos. Aunque disminuyeron las violaciones a los derechos humanos, los “falsos positivos”, la paramilitarización del DAS, las interceptaciones sin orden judicial y el crecimiento del desplazamientos forzado (que desde luego no fueron el resultado de una política institucional), se convirtieron en los lunares más importantes de la Seguridad Democrática.
-Aumento considerable de personas desaparecidas clasificadas como desaparición forzada. Según el Instituto de Medicina Legal en el año 2008 se reportaron 3.214 desapariciones forzadas, número que en el 2009 aumentó a 7.065.
-Faltó una política de seguridad ciudadana, lo cual se reflejó en el aumento considerable de los delitos que afectaron a los ciudadanos en las calles. Tal fue el caso del hurto a personas, que creció en un 79 por ciento, a residencias, en un 13 por ciento, a comercios, en un 21 por ciento, y de motos, en un 2 por ciento. De acuerdo con Medicina Legal, también crecieron las lesiones personales en un 26 por ciento, la violencia sexual en un 45 por ciento, la violencia intrafamiliar en un 45 por ciento, y las lesiones en accidentes de tránsito en un 24 por ciento. El siguiente cuadro resume bien dicha situación:
-Se deterioró la seguridad ciudadana en las principales ciudades del país. La seguridad ciudadana que desde el año 2003 venía mejorando, en particular en lo que tiene que ver con la reducción de la violencia homicida, desmejoró en los dos últimos años (2008, 2009) con la multiplicación de grupos de delincuentes organizados, denominados “Grupos Emergentes”, que aparecieron tras la desmovilización de los paramilitares en 2003 y 2004, y se incrementó con la extradición a Estados Unidos de algunos jefes paramilitares para ser enjuiciados por narcotráfico[1].
Con el accionar de estos grupos en los centros urbanos, a los problemas tradicionales de inseguridad se suman hoy viejas prácticas de las organizaciones armadas ilegales (paramilitares y guerrillas) y del narcotráfico. Por ejemplo:
– La extorsión, delito que en el pasado buscaba a sus víctimas entre las clases económicas pudientes, hoy afecta a los sectores populares de las grandes ciudades. Entre sus víctimas hay tenderos, dueños de modestos negocios, conductores y propietarios de vehículos del servicio público, y ciudadanos en general.
– El sicariato, práctica casi exclusiva del narcotráfico, se ha convertido en una acción criminal para cobrar deudas entre particulares, ajustar cuentas entre los delincuentes y castigar infidelidades, entre otros usos.
– El control territorial y la venta de droga al por mayor en las ciudades, cayó en manos de verdaderas mafias que abastecen el mercado creciente de consumidores y se enfrentan por el control de los grandes ingresos que genera este delito, como lo reconocen algunos funcionarios de la Policía Nacional que los calculan en 10 millones de dólares mensuales en Medellín y en 15 millones de dólares en Bogotá.
– El control y manejo delincuencial de negocios ilegales y cuasi ilegales, como la prostitución, el contrabando, los juegos de azar (casinos), las máquinas tragamonedas (en tiendas de barrio), los préstamos ilegales llamados “paga diarios” y la venta y alquiler de armas de fuego.
…y más problemas
– La creciente vinculación de menores de edad al mundo de la violencia y la delincuencia. Inducidos o por iniciativa propia los menores de edad se están involucrando en actividades violentas y delincuenciales y el nuevo Código de Infancia y Adolescencia no es la herramienta adecuada para contrarrestar este fenómeno, ni para sancionarlo de manera ejemplar.
– La inadecuada aplicación de algunas medidas del nuevo Código de Procedimiento Penal. Los delincuentes han encontrado distintas formas para evadir la justicia, como es el caso de la “casa por cárcel”. El INPEC ha podido comprobar que más del 70 por ciento de los sancionados la incumplen y que algunos son delincuentes peligrosos a los cuales no se les debería haber aplicado este beneficio.
Retos del nuevo gobierno
Sin bajar la guardia ni la presión militar sobre los grupos armados ilegales, en especial las FARC, se tiene que:
-Elaborar y ejecutar una Política Nacional de Seguridad Ciudadana que vaya desde la prevención hasta la represión del delito, en el marco del Estado de Derecho, es decir respetando los derechos humanos.
-Poner la política de Seguridad Ciudadana bajo la dirección del Ministerio del Interior. Para ello podría pensarse en crear un Vice Ministerio para la Seguridad Ciudadana, el cual deberá trabajar coordinadamente con las autoridades de seguridad y justicia, los alcaldes y los gobernadores.
-Discutir la posibilidad de que la Policía Nacional dependa del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa. Ese proyecto avanzaría en la definición y aplicación de una política civilista.
-Trabajar en equipo y en forma permanente con los organismos de seguridad y justicia, bajo el liderazgo del Presidente de la República y a través del Consejo Nacional de Política Criminal, que debe sesionar todos los meses y no después de ocho años, como sucedió en las últimas semanas.
-Vincular a los alcaldes y gobernadores en la gestión de la Seguridad Ciudadana y fortalecer los consejos y comités municipales relacionados con el tema, que deben sesionar todos los meses como lo establece la ley. Las instituciones de seguridad y justicia deben trabajar en equipo bajo el liderazgo de los mandatarios locales.
-Contar en todos los municipios y departamentos con planes de seguridad ciudadana. En el marco de su política de seguridad, el gobierno nacional debe aportar recursos para apoyar a los departamentos y municipios en este campo.
-Fortalecer los organismos de seguridad y justicia. En este campo, además de aumentar el pie de fuerza de la Policía para que todos los municipios cuenten con el número de efectivos adecuado a sus necesidades, los esfuerzos del Estado se deben orientar a fortalecer a los organismos de seguridad y justicia en términos de equipos (instalaciones, comunicaciones, movilidad y capacitación del recurso humano).
-Fortalecer las labores de inteligencia e investigación criminal.
-Fortalecer y recuperar la autoridad del sistema carcelario, penitenciario y de privación de la libertad de los adolescentes infractores de la ley penal. Es necesario que desde las cárceles no se siga delinquiendo, que dichos establecimientos cumplan su labor de resocialización y se acabe con las fugas.
-Contar con una política de seguridad nacional a cargo del Ministerio de Defensa y una política criminal a cargo del Ministerio de Justicia[2].
-Garantizar que las políticas de seguridad se ejecuten en el marco del Estado de Derecho, es decir respetando los derechos humanos. El nuevo gobierno no sólo debe asegurar que no se vuelvan a cometer hechos como las “chuzadas”, los falsos positivos y la utilización de la información de inteligencia con fines criminales, sino que debe garantizar total independencia para que la justicia pueda desarrollar las investigaciones sobre estos hechos y aclarare qué fue lo que realmente sucedió y quiénes son los responsables.
-Aclarar el por qué del crecimiento de las desapariciones forzadas entre los años 2008 y 2009.
-Liquidar el DAS y organizar una nueva agencia de inteligencia de Estado.
-Financiar las políticas de seguridad con nuevos recursos, por cuanto con impuestos transitorios e inciertos es difícil sostener los logros alcanzados, profundizarlos y desarrollar las tareas que debe asumir el nuevo gobierno. Si los colombianos queremos más seguridad, debemos pagar más impuestos.
* El autor es Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y profesor de las universidades de los Andes y Externado de Colombia. Fue asesor de las Consejerías presidenciales de Paz y de Seguridad Nacional, Subsecretario de Asuntos para la Convivencia y Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá y asesor del Director de la Policía Nacional de Colombia. Consultor del PNUD, el BID, el Banco Mundial y Corpovisionarios, con quienes ha asesorado la elaboración de planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana en distintas ciudades colombianas, ecuatorianas y de países centroamericanos.
Notas de pie de página
[1] Hay que anotar que a la multiplicación de estos grupos criminales contribuyó su desmovilización irregular, que mantuvo por algún tiempo el mando y control de algunos jefes sobre los desmovilizados y sobre algunas de sus estructuras que permanecieron activas y delinquiendo. Para nadie era un secreto que algunos de ellos mantenían el mando y seguían delinquiendo en Ralito (durante el diálogo de paz), fuera de Ralito y en las cárceles. Con la extradición de los jefes paramilitares, las estructuras de estos grupos, que eran empresas criminales, se subdividieron en microempresas, y los subalternos comenzaron a disputarse de manera violenta en las principales ciudades del país los grandes negocios ilegales que dejaron sus jefes, como es el caso de la droga al menudeo, el comercio de armas, la trata de personas, el contrabando, la extorsión, el sicariato, manejo de negocios cuasi legales como la prostitución, las apuestas, los préstamos ilegales de dinero con altas tasas de interés (paga diarios), y el control sobre el espacio público, entre otros. Hoy, en casi todas las ciudades y regiones colombianas opera una gran variedad de grupos que se autodenominan “Águilas Negras”, “Rastrojos”, “Urabeños”, “Neoparamilitares”, “Autodefensas”, etcétera, que las autoridades denominan “grupos emergentes”. Como un factor adicional a la subdivisión de estos grupos han aparecido otros nuevos que de manera indiscriminada hacen uso de estas siglas para intimidar a las víctimas y a sus posibles opositores. [2] El nuevo gobierno debe revivir el Ministerio de Justicia, fortaleciéndolo y dándole capacidad para mejorar el trabajo de esta rama del poder público.
