El suelo es un bien no transable en el contexto del comercio internacional, y por ello, cuando una economía concentra su generación de valor en la renta del suelo, limita su competencia y crecimiento a nivel interno; característico de una economía cerrada. ¿Cuál es la realidad en Colombia y nuestra región?
Buena parte de la teoría económica se desarrolló a partir de los recursos naturales que se fueron volviendo escasos.
Categorías que determinaron la riqueza en los diferentes momentos de desarrollo social y económico, tuvieron el suelo como un determinante esencial.
Otra categoría fue el trabajo, con el cual se generó la formación bruta de capital. Carlos Marx fue el mayor exponente de su desarrollo doctrinario.
Carlos Marx
Otra categoría es el dinero, el papel moneda que se utiliza como instrumento para facilitar el intercambio en los diferentes mercados. Para muchos se vuelve un fin, pero para la economía es una categoría esencial por el valor que incorpora en representación de lo que vale el trabajo, de los recursos naturales, y además, por su valor en el tiempo y su costo de oportunidad que da vida a la tasa de interés.
El suelo es un bien no transable en el contexto del comercio internacional, y por ello cuando una economía concentra su generación de valor en la renta del suelo, limita su competencia y crecimiento a nivel interno; característico de una economía cerrada.
Este modelo no es muy recomendable en el contexto de la tendencia globalizadora del momento, pues de acuerdo al experto Jefrey Sachs, “a mayor capacidad de transacción en una economía, menores posibilidades de estancamiento en la misma”
Así las cosas, si se quiere tener una economía competitiva y eficiente en el contexto mundial, la renta de tierra debe ser una proporción pequeña dentro de la estructura productiva.
De esta forma puede convertirse en la base o superficie donde se les agregue mayor valor a los bienes transables, para que sean más competitivos en el comercio internacional.
La realidad es que en Colombia por vía de la especulación con el precio de venta o de la renta, el dueño del suelo se queda con gran parte del valor agregado de los bienes transables, las innovaciones y la productividad.
Uno de los tantos casos que suceden en la actualidad en el suelo risaraldense tiene que ver con una multinacional que definió la zona de La Virginia – Caimalito – Balboa para ubicar sus plantas de transformación y almacenamiento de sus productos de metalmecánica.
Esta industria para el cierre financiero del proyecto calculó que puede pagar por metro cuadrado hasta 10 mil pesos cuando el precio más barato en la zona es de 15 mil pesos. Dentro de la zona franca el metro cuadrado de suelo vale 50 mil pesos.
Hoy la estructura económica del país sigue estando altamente soportada en el valor de los recursos naturales.
Para el año 2016, a pesar de los bajos precios del petróleo, el producto representó el 43% de la canasta exportadora del país.
Esa crisis petrolera llevó a muchas personas a refugiarse en la compra de bienes como terrenos, casas, apartamentos, oficinas, en fin, bienes inmobiliarios (no transables).
Pero es contradictorio que la economía colombiana que tiene en el centro de su estructura la tierra y sus recursos naturales, no tenga una política sólida para el ordenamiento territorial ni reglas claras para la tenencia de la tierra.
No es explicable que, durante casi 200 años de vida constitucional, no se hayan adoptado instrumentos para hacer de Colombia un país desarrollado sobre un suelo ordenado que promueva la equidad.
Fue solo hasta la constitución de 1991 que se trazan estrategias para abrirse a la economía globalizada, y por ende, se expusieron las diferentes instituciones a la modernización en comparación con otros países con estadios de desarrollo mucho mayor.
Fue solo en 1997 que se expidió la Ley 388 que soporta las directrices para ordenar el territorio en los diferentes municipios de Colombia.
Y apenas hasta el año 2000 una ciudad como Pereira tuvo formulado, concertado y aprobado por acuerdo del Concejo su primer plan de ordenamiento territorial.
Foto por Jess Ar
Para ese año la ciudad, como la mayoría en el país, ya tenía consolidado sus problemas y conflictos sobre el suelo. Muchos de estos generados a partir de los impactos socioeconómicos sobre el territorio.
Como el suelo en Colombia (y en Pereira) sigue siendo el mayor vehículo de acumulación y concentración de la riqueza, es muy rentable violar muchas de las normas estipuladas en los planes de ordenamiento.
Sin embargo muchas normas aun no existen o no han sido apropiadas por los ciudadanos debido a lo reciente del desarrollo normativo para ordenar el territorio.
La institucionalidad municipal es extremadamente débil en nuestro país y los principales instrumentos económicos que trae la Ley 388 de 1997 no han sido adoptados.
De verdad han sido muy pocos los que se han dado la pela reglamentando: “la plusvalía, los planes parciales, la valorización, la distribución equitativa de cargas y beneficios, las unidades de actuación urbanística, la gestión asociada a través de reajuste de terrenos, la integración inmobiliaria o cooperación entre partícipes, los sistemas de reparto equitativo de las cargas y beneficios, el derecho de preferencia, la declaratoria de desarrollo y construcción prioritarios y la enajenación forzosa en pública subasta que de ella se deriva, los procesos de adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria, la expropiación administrativa o judicial, los distintos mecanismos de participación pública en plusvalías, la transferencia de derechos de construcción y los mecanismos de compensación”.
Vemos que el ordenamiento territorial en lo fundamental es economía, así en lo legal sean prohibiciones, dimensiones y normas que regulan todas las actividades que los seres humanos desarrollan sobre el territorio.
Es irónico que en la mayoría de los procesos de planificación del territorio, sean planes de ordenamiento o los diferentes elementos que se trazan como la planificación intermedia, los planes maestros, los planes parciales, entre otros, la teoría económica se subestime y la participación de los economistas en la construcción, gestión e implementación de dichos instrumentos se margine.
Esos instrumentos se desarrollan con abogados, ingenieros y arquitectos muchas veces sin un análisis sistémico y de complejidad.
Esto puede explicar el porqué muchos planes parciales no se han desarrollado, muchos planes maestros se quedaron en libras de papel y los recursos esperados de la plusvalía o la valorización se hayan quedado en altas expectativas en los presupuestos públicos, pero sin asidero en el sector privado.
No podemos olvidar que muchas de las grandes fortunas en Colombia se acumularon y concentraron a partir de la especulación del valor del suelo.
Foto por Jess Ar
Empresarios y personas que se aprovecharon de la falta de ordenamiento de los territorios en las grandes ciudades para apropiarse de zonas verdes, terrenos del Estado, baldíos, comprando barato un suelo rural para valorizarlo con las inversiones del Estado como infraestructura de servicios públicos, vías y equipamientos.
Así se formaron las fortunas de algunos de los hombres más ricos de Colombia: los banqueros Sarmiento Angulo y Jaime Gillinksi y el constructor Pedro Gómez Barrero. Convirtieron la plusvalía del suelo colombiano en activos financieros que generan las mayores utilidades anuales en el país.
Mientras en Colombia los hombres más ricos están en el sector financiero que se sobre beneficia de la renta del suelo (construcción de bienes no transables en el mercado externo), el top 10 de los más ricos del mundo está en empresas de tecnología, comunicaciones, industria y comercio. En su orden de billones de dólares: Bill Gates: $92, Warren Buffett: $72.9, Amancio Ortega: $72, Jeff Bezos: $71, Mark Zuckerberg: $55.6, Carlos Slim: $49, Charles Koch: $46, David Koch: $46, Larry Ellison: $42 y Larry Page: $41.5.
¡Inquieta que no haya ninguna mujer en esta lista!
