Una investigación de EL PAÍS y más de 20 medios con Forbidden Stories revela errores en las pesquisas del asesinato de la periodista en 2012. La versión oficial y la sentencia sobre el crimen fue difundida utilizando cuentas falsas de Twitter.
Por Jacobo García. Publicado en El País
La llamada al teléfono del periodista en mayo de 2012, pocos días después del asesinato de Regina Martínez, no dejaba lugar a la duda. Al otro lado de la línea, Gina Domínguez, secretaria personal del gobernador Javier Duarte, fue contundente sobre el asesinato de la conocida periodista. No habría entrevista con el gobernador, pero sí contexto para conocer los motivos de su muerte.
-¿Ya sabe que Regina era lesbiana, no?
-No, no lo sabía. Pero tampoco es ese el motivo de mi investigación.
-Sí, tenía una vida algo disipada. Medio revuelta.
-Disculpe, en realidad solo quería entrevistar al señor Duarte, pero ¿puedo citar en el reportaje esta llamada?
-Nooo, esa información es solo para que la tenga en cuenta. Es importante que lo sepa.
-Muchas gracias.
El asesinato de Regina Martínez (Rafael Lucio, 1963) marcó un antes y después en el país más homicida del mundo para la prensa. Respetada, leída, querida y vinculada al histórico Proceso, un semanario de prestigio, su muerte significó traspasar una línea de alcance nacional que no se había cruzado hasta entonces.
Con el paso de los años, esta línea se ha vuelto a saltar una y otra vez y el abanico de asesinados no excluye a ninguno: periodistas nacionales, estatales, locales, prestigiosos, desconocidos, en casa, en la calle, con su familia… así hasta sumar más de 119 periodistas asesinados en los últimos 20 años, 50 de ellos desde la muerte de Regina. Y en el centro de esa macabra rutina: Veracruz, la tierra donde Regina ejercía como corresponsal. Por poner un ejemplo, el director de Notiver, el periódico más popular del puerto, ha asistido a tres funerales de sus redactores. La llamada de la funcionaria era el burdo intento por manchar el nombre de Regina y la mejor pista de que había una operación en marcha para vincular su muerte a cualquier cosa menos su labor informativa.
Ocho años después del homicidio de Regina Martínez, registrado el 28 de abril de 2012, un equipo de 60 periodistas de 25 medios de México, Estados Unidos y Europa, entre los que se encuentra EL PAÍS, coordinados por Forbidden Stories, retoma las investigaciones sobre los dos gobernadores estatales a los que puntualmente denunció Regina en sus artículos: Fidel Herrera (2004-2010) y Javier Duarte (2010-2016). El equipo revisó el expediente judicial y entrevistó a decenas de personas de su entorno, entre ellas amigos, fiscales y un exagente de la DEA. Forbidden Stories, con sede en París, es una organización sin fines de lucro dedicada a continuar el trabajo de los periodistas silenciados. Poner la mirada en Veracruz no es casual: 26 periodistas del Estado de Veracruz han sido asesinados desde 2005 y otros ocho están desaparecidos. Colectivos internacionales de prensa libre consideran al Estado como el lugar más peligroso del mundo para informar. La historia de Martínez es la primera de la serie de reportajes Proyecto Cartel, que se publican a partir de este domingo.
Regina Martínez era una periodista incómoda. Era de las que acudía a la escena del crimen y de las que documentaba en su libreta las masacres. Tampoco se escondía. Asistía a las ruedas de prensa y firmaba con su nombre sus artículos, algo cada vez menos habitual en las zonas rojas para la prensa. Puntualmente acusó en sus artículos a un gobierno regional, el del PRI, que llevaba en el poder casi un siglo. Durante su etapa cubrió intensamente las actividades de Fidel Herrera entre 2004 y 2010 y dejó muchos textos recordando cómo el cartel de los Zetas había entrado en Veracruz y con ellos las masacres, las desapariciones y los secuestros.
Pero hay personajes en la vida política de México que, por una u otra razón, siempre tienen suerte y Fidel Herrera es uno de ellos. A los 71 años, su nombre ha aparecido una y otra vez en informes de los servicios secretos o en reportes de prensa por sus nexos con el crimen organizado o el vertiginoso aumento de su patrimonio. Después de dejar el cargo, Herrera tenía un jet privado, 22 vehículos, una camioneta blindada, ranchos, un hotel y un yate, según documentó Proceso. Sin embargo, el exgobernador no tiene ninguna causa abierta y solo ha pasado una vez por los tribunales por un caso que fue rápidamente cerrado. Su suerte es tal, que cuando le pidieron aclarar el origen de su fortuna dijo que le había tocado dos veces la lotería, en 2008 y 2009, y se fotografió frente al boleto premiado con una suma cercana a los 10 millones de pesos (unos 500.000 dólares).
Mientras todo eso pasaba, Regina no levantaba el pie del acelerador y seguía publicando reveladores artículos con titulares como: “Veracruz, un sangriento Estado feliz” (Proceso 3/12/2006), donde denunciaba el disparatado aumento de los homicidios o “Alcaldes bajo la extorsión de los Zetas” (Proceso 21/9/2008), donde acusaba a Herrera de abrir la puerta de Veracruz al sanguinario cartel. Mientras esto sucedía, la riqueza de Herrera y su sucesor Javier Duarte crecía, aunque la deuda pública del Estado se elevó un 67.000%, denunció también Regina en sus reportajes.
Las sospechas sobre Herrera habían comenzado antes, según fuentes consultadas por Forbidden Stories. Desde 2007, los informes que recibía la inteligencia en la Ciudad de México decían que Fidel Herrera había pactado con los líderes de los Zetas. En diciembre de 2011, llegó a la prensa un informe la Procuraduría General (PGR) con datos de la Administración de Control de Drogas de EE UU que, de acuerdo a la confesión de “14 testigos protegidos”, detallaba dos supuestas reuniones de Fidel Herrera con los líderes del cartel de los Zetas en 2008, una en el hotel Mabiel en Coatzacoalcos. En concreto, se reunió con Braulio Arellano Domínguez, líder del cartel del Estado de Veracruz. La otra, dice, fue una fiesta que Herrera organizó en una de sus casas en Xalapa en honor a Arellano y Miguel Treviño Morales, fundador de Los Zetas y posteriormente condenado y encarcelado. El informe también señalaba que el cartel del Golfo pagaba puntualmente una nómina de 600.000 pesos (unos 30.000 dólares) todos los 5 y 25 de cada mes a la policía del Estado de Veracruz. “Los Zetas llamaban a Herrera el Zeta 1 porque era él quien dirigía el Estado”, dijo el exagente especial del FBI Arturo Fontes a Forbidden Stories. “Herrera cobró millones de dólares a través de enlaces con los carteles para permitirles operar con impunidad”, dijo este experto que ha dedicado 28 años implicado en casos de lavado de dinero y drogas en México y Colombia. Cuatro meses después de que se publicara aquella noticia, Regina fue asesinada.
El caso se cerró poco después como un robo con ingredientes de crimen “pasional”, tal y como escribió inicialmente la Fiscalía, por el que se declaró culpable a Jorge A. Hernández, alias El Silva. Por aquel entonces, una valiente fiscal, Laura Borbolla, era parte de la investigación desde la Fiscalía Especializada para Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), una unidad creada dos años antes para frenar la impunidad en el asesinato de periodistas en México.
Laura Borbolla aceptó volver a hablar del caso Regina por primera vez, en una entrevista exclusiva después de ocho años de silencio. Durante la entrevista enumeró la larga lista de irregularidades que rodearon la investigación judicial. “En toda mi carrera nunca había visto una escena del crimen tan alterada”, dice. Las manipulaciones, según Borbolla, comenzaron en la misma escena del crimen. La policía local había aplicado una cantidad excesiva de polvo revelador y deterioró las huellas digitales encontradas en los objetos de la casa. “No fue un accidente, revelar huellas correctamente se aprende en primer año de criminología y este error no ocurrió solamente una vez”, afirma la fiscal. A pesar de ello, logró encontrar dos huellas que sus antecesores no habían encontrado, pero que nunca fueron identificadas.
Según la sentencia, el asesinato fue cometido por un ladrón de poca monta tras un intento de robo. Durante el juicio, El Silva confesó que fue a casa de Regina Martínez con un amigo común, José A. Hernández, apodado El Jarocho. Los hombres, supuestamente, exigieron a Regina que les entregara los objetos de valor y ahí comenzó una pelea que terminó cuando El Jarocho golpeó hasta la muerte a Regina. Posteriormente huyó y jamás se ha vuelto a saber de él.
Laura Borbolla nunca creyó en esta hipótesis. “Si hubiese sido un robo, todo hubiera sido un desorden”, dice. Aparte de eso, la fiscal observó otro detalle: varios objetos de valor seguían en la casa de Regina, entre ellos un elegante lector de CD, una impresora, una bolsa de mano y unos aretes de oro que estaban sobre la mesa.
Poco después de la sentencia, El Silva se retractó de su confesión y dijo que se había inculpado después de que la policía lo torturara hasta el cansancio con descargas eléctricas. Borbolla acusa de todo ello a Enoc Maldonado, quien era jefe de la policía, y a las trampas de su equipo. “Sentíamos que por un lado a mí me decía: ‘Sí claro, fiscal; lo que tú necesites’. Yo me daba la vuelta y él les hablaba y les decía: ‘No le den nada’. Siempre fue esa la sensación con él”, dice.
Este equipo de periodistas examinó el expediente judicial del caso Regina donde se revela que las huellas de El Silva nunca aparecieron en la escena del crimen y que la única prueba en su contra es el testimonio de un vecino que lo habría visto con El Jarocho caminar hacia la colonia de la periodista. Laura Borbolla nunca pudo encontrar a ese misterioso testigo, ni interrogar a El Silva a solas. “No vamos a saber quién mató a Regina, pero sí sé quién no la mató”, concluye la fiscal, que se negó a cerrar el caso durante su mandato en la FEADLE, que terminó en 2015. Por su parte, El Silva fue condenado a 38 años de cárcel por robo y homicidio, aunque él siempre ha clamado su inocencia ante su abogada, la única persona que lo visita en la cárcel.
En respuesta a los periodistas, Enoc Maldonado rechazó los señalamientos de Borbolla y dijo que la investigación se llevó a cabo correctamente y que El Silva no fue torturado. “El personal policial que intervino realizó puntualmente su labor, conforme a derecho”. Por su parte, el exgobernador Javier Duarte, en varios tuits enviados este sábado desde la cárcel, se deslindó del asesinato y dijo que ni él ni ninguno de sus subordinados estuvo implicado en el asesinato. “Jamás censuré la libertad de expresión o de prensa de persona alguna (…) muy al contrario, desde que conocí el caso instruí al entonces procurador a esclarecer los hechos y encontrar al o los responsables”, escribió en la red social.
Un año después de la sentencia, el entonces presidente Enrique Peña Nieto designó a Fidel Herrera, considerado uno de sus mejores amigos, cónsul de México en Barcelona. Dos años después dejó el cargo y regresó a México para, según él, hacer frente a las acusaciones en su contra conocidas tras el encarcelamiento de Javier Duarte por corrupción. Según cifras oficiales, unas 5.000 personas desaparecieron en Veracruz durante los periodos de Fidel Herrera y Javier Duarte, de 2004 a 2015. Las organizaciones de madres y víctimas consideran que esa cifra es cinco veces mayor. En los últimos años se ha ido revelando la dimensión del periodo de terror y se han abierto más de 300 fosas clandestinas. Solo en una de ellas, Colinas de Santa Fe, se encontraron 280 cráneos.
La sentencia y la versión oficial sobre el asesinato de Regina Martínez tras un intento de robo invadió los medios locales y las redes sociales nada más conocerse. El encargado de mover mediáticamente la sentencia fue El Golfo Veracruz con una noticia que decía “La PGJ esclarece el homicidio de la periodista Regina Martínez, corresponsal de Proceso”, que reprodujo repetidamente en Twitter. Forbidden Stories descubrió que la mayoría de los perfiles que movieron la noticia eran falsos. Un análisis realizado por La Mesa de Trabajo contra la Desinformación, una asociación especializada en la identificación de campañas de fake news, encontró que al menos 190 cuentas automatizadas (bots) fueron usadas en la operación.
Respondiendo a una pregunta de este equipo durante una conferencia reciente, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que pediría que se volviera a examinar el caso de Regina Martínez. “La conocía bastante bien”, dijo, porque Martínez había cubierto su campaña a gobernador de Tabasco y era “una periodista profesional incorruptible”.
Como si fuera la página de un libro de Roberto Bolaño, Regina Martínez y el grupo de informadores que hacían periodismo durante esa siniestra etapa se dejaban llamar de forma simpática “la banda de indeseables”, recuerda uno de aquellos cinco periodistas. Como si se tratara de una sucursal jarocha de Los detectives salvajes, más que periodistas eran cinco amigos que se cuidaban y se daban cariño. Habían aprendido a desarrollar trucos para salvar el pellejo y se avisaban unos a otros de dónde estaban, qué estaban cubriendo o pactaban publicar la nota de manera simultánea en sus medios cuando se trataba de un tema sensible. “Era una manera de que no fuera uno solo el colega que lanzara la bomba”, recuerda uno de ellos. Ocho años después, el silencio ha ganado la batalla en Veracruz y, tras el asesinato de Regina, aquellos cinco periodistas “indeseables” que pusieron nervioso al poder durante los años más sangrientos de Veracruz han dejado el periodismo y el único que habla prefiere ocultar su nombre por razones de seguridad.
