No, la paz no se hace por decreto, la paz es un proceso de construcción colectiva de la sociedad y como tal toma su tiempo.
Razones mayúsculas tuvo el candidato a la Presidencia Humberto de La Calle para clamar por la defensa del Acuerdo de paz que puso fin al conflicto armado, por el que los combatientes cesaron el fuego y las hostilidades, dejando millones de víctimas, heridas, cicatrices y traumas que no son fáciles de sanar, el tejido social fragmentado y un alto nivel de polarización en la opinión pública. Tomará tiempo y mucho trabajo restaurar un bosque arrasado por tanto fuego.
El Acuerdo de paz además de lograr la desactivación violenta del conflicto, fue un pacto de compromisos para ambas partes; por un lado las FARC se reincorporan a la sociedad aceptan el Estado de derecho, se someten a la justicia transicional, a reconocer responsabilidades, a ser juzgados y sancionados y a reparar a sus víctimas. Dejan las armas, no vuelven a delinquir y sí reinciden, pierden todos los beneficios de la justicia transicional y los que les otorga el Acuerdo.
Por su parte, el Estado se compromete a implementar reformas sociales, económicas y políticas orientadas a reducir las causas estructurales del conflicto. A permitir a los excombatientes hacer política, a garantizar su seguridad, a facilitar y financiar por dos años su proceso de reinserción, a apoyarlos por una vez económicamente en un proceso productivo, a combatir el paramilitarismo y también el narcotráfico que ha sido el combustible del conflicto.
Nadie puede desconocer el valor histórico de un pacto que logró acabar una guerrilla alzada en armas contra el Estado durante casi sesenta años; ni el significado social del mismo que apunta a la modernización del campo colombiano y de las periferias marginadas de inversión social e institucionalidad, y por tanto, terreno propicio para los cultivos ilícitos, el narcotráfico y el contrabando. Hay en el terreno ocho mil doscientas armas menos disparando y un número similar de hombres que ya no están en el monte atentando contra el Estado y la población civil.
Los beneficios del Acuerdo son evidentes aún con una implementación del 20%. El hecho de parar la guerra; clausurar la fábrica de víctimas; reducir sustancialmente los homicidios; poner en marcha el programa de restitución de tierras; el incremento del turismo a los territorios; la buena imagen de Colombia en el exterior, la campaña de limpieza de minas antipersonal y restos explosivos de guerra en algunos territorios, realizada por equipos conjuntos de excombatientes y militares ayer enemigos a muerte, constituyen innegables hechos que ratifican esa conveniencia.
El Acuerdo propone una modernización del campo colombiano cerrando las brechas, integrándolo a las ciudades mediante vías y conectividad, llevando institucionalidad, bienes y servicios públicos a los territorios. Una apertura política para que sectores marginados tengan representación y puedan participar de las decisiones públicas. Se ocupa del problema de los cultivos ilícitos y el narcotráfico proponiendo un tratamiento diferencial para los campesinos que siembran coca, para los consumidores y los narcotraficantes.
Concibe un sistema de justicia transicional, como en todos los países que han transitado de la guerra a la paz, con penas restaurativas a cambio de verdad para satisfacer una de las principales formas de reparación de las víctimas como es conocer la verdad, saber quién, como y por qué pasó lo que pasó y en algunos casos, donde están los desaparecidos. De esa verdad depende la justicia, la reparación y la No repetición.
Los opositores argumentan que a un año largo de firmado el Acuerdo Colombia no logra la paz; es que la paz perfecta no existe, el conflicto se desactiva y surgen otros porque el conflicto es parte de la naturaleza dialéctica del ser humano, siempre en contradicción con los otros y con las instituciones. Lo importante es tramitarlos por la vía pacífica. Además, es iluso pensar que por arte de magia y por el solo hecho de firmar un pacto ya somos un país pacífico. No, la paz no se hace por decreto, la paz es un proceso de construcción colectiva de la sociedad y como tal toma su tiempo.
Es claro que el Acuerdo solo se firmó con las FARC-EP. Queda pendiente el proceso de paz con el ELN y el sometimiento a la justicia de las bandas armadas pos desmovilización del paramilitarismo, las disidencias de las FARC hoy en delincuencia común, y los reductos del EPL.
Otros aducen que el Estado entregó mucho en la negociación, lo cual es discutible porque ninguna concesión pactada en el Acuerdo va en contra de la Constitución; no se cambió el modelo económico ni el régimen político ni el Estado de derecho. Hay que aceptar que para que una negociación tenga resultados las partes deben hacer concesiones.
Critican la participación política de los excombatientes olvidando que el conflicto colombiano como muchos otros en el mundo ha sido también una lucha por el reconocimiento de un sector de la sociedad tradicionalmente excluido. Esta concesión de cinco curules en Cámara de Representantes y cinco en Senado puede parecer generosa pero cuando se compara con lo que han entregado otros países que cerraron conflictos mediante procesos de paz, se concluye que fue mínima. De hecho en Sudán se entregaron 126 curules a los rebeldes. En Sierra Leona la Vice-presidencia y cuatro ministerios: En Angola se otorgaron a los rebeldes 70 escaños en el congreso.
Adicional a los beneficios que ha traído y traerá al país, el Acuerdo es un ejemplo internacional por la integralidad de su modelo de justicia transicional con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición y sus componentes judiciales y extrajudiciales, como la Comisión de la Verdad y la Unidad de búsqueda de personas desaparecidas. Incluye también una subcomisión de género y un enfoque transversal del tema en todos los sub puntos del Acuerdo, al igual que el concepto de paz territorial.
Hay que salvar el Acuerdo. Es un compromiso del Estado colombiano con 12.000 excombatientes, con la sociedad y con la comunidad internacional y los pactos son para cumplirlos como bien lo declara el principio: Pacta sunt servanda.
Colombia tiene que defender y sacar adelante el proceso de paz por sus innegables beneficios, porque es la hora de pasar la página de la violencia y dejar un país distinto a las nuevas generaciones y porque además, el Acuerdo ya es un referente para las instituciones y los gobiernos siguientes, así como un modelo para otros Estados con conflictos armados internos, que quieran cerrarlos mediante una negociación política.
