Actualmente Robert reside en la ciudad de Pereira, en el Parque Industrial y se gana la vida haciendo pizzas
La injusticia, la desigualdad y la vulneración de derechos son tres conceptos que en Colombia y en muchas partes del mundo parecen ser pan de cada día. Hoy contaré la historia de Robert Schwartz, un hombre estadounidense mayor de edad, empresario en su país y pizzero en el nuestro, académico destacado el área de ciencias sociales y guerrero por naturaleza.
Robert, se enamoró de una mujer colombiana en El Salvador y por primera vez visitó a Colombia en la década de los 90. Se casó y se divorció, pero construyó una estrecha relación con quien para entonces sería su suegra. Luego en la década del 2000, tras hacer un viaje a México, se da cuenta que esa mujer, la madre de su exesposa, padecía un cáncer y parecía tener los días contados. Decide en el año 2005 viajar a Colombia con el fin de visitarla y acompañarla en su dolor.
Pisa suelo colombiano en el mes de noviembre y para marzo de 2006, cuatro meses después de su arribo, la señora pierde la batalla contra el cáncer y fallece. Robert, invadido por múltiples sentimientos, en una mañana decide extender su estadía en los orientes suramericanos y ejecutar la iniciativa de constituir una fundación sin ánimo de lucro para apoyar a personas con cáncer.
Lo que en su momento era un sueño, luego se convertiría en un desafío con sabor a pesadilla. El norteamericano empieza a hacer consultas de orden legal, el primer ajuste que tenía que hacer era obtener una visa de inversionista, pues en calidad de turista no podía hacer negocios en el territorio colombiano.
Mientras todo esto ocurría en Colombia, Robert estaba siendo investigado en Estados Unidos por una presunta ilegalidad que habría cometido; lo curioso es que él tuvo un accidente y una incapacidad de seis meses, y según las autoridades las fechas del delito eran las mismas de su reposo en cama luego del siniestro. Invadido por la frustración al ver que su buen nombre estaba siendo afectado y que además sería víctima de un gobierno según él muy corrupto, llamó a su abogado y éste le pidió que permaneciera en Colombia por lo menos un año para analizar el expediente y poder así apelar.
El abogado era de confianza y a pesar del norteamericano haber creído que un año era demasiado, hizo caso. Pasado el tiempo, se dio cuenta de dos cosas; primero, que si viajaba lo arrestarían puesto que había una orden de captura; y segundo, que su defensor estaba actuando en su contra, pues no lo notificó a tiempo y le violó el derecho a la defensa personal. Este hombre desesperado, trataba de buscar apoyo por todas las vías posibles, pero en todas partes encontraba un rechazo. Los que decían ser sus amigos, le hicieron un sinnúmero de ofertas para que regresara, pero en realidad todo era una trampa para atraparlo.
En Colombia por su parte, la situación parecía de manera efímera mejorar. Para ese año obtuvo una visa supuestamente de trabajo, aunque al final se dio cuenta que era de importador y exportador, también le otorgaron una cédula temporal de extranjería. Hasta este punto las cosas marchaban bien; sin embargo, él era víctima del mal general que invade a Colombia, la desinformación por parte de los funcionarios de las instituciones. En ese orden, él iba al DAS y le decían una cosa, luego en inmigración le decían lo contrario.
Pasados diez meses, se dirigió a la entidad correspondiente para renovar sus papeles que estaban próximos a vencerse, allá se enteró que la segunda restricción de sus documentos contemplaba la obligatoriedad de salir del territorio colombiano cada seis meses, lo anterior nadie se lo dijo a tiempo y sus oficios estaban en un idioma desconocido para él. Al llegar a la institución, se encontró con una multitud de personas haciendo fila, unos sentados, otros parados, unos alegres, otros frustrados. Al llegar su turno, se acerca a la ventanilla y el funcionario que lo recibe le dice:
“¡Hey! Hemos estado buscándolo por tres meses, nos inquieta que usted no salió del país cuando debía hacerlo”
Él muy sorprendido y con cara de angustia le respondió que nadie le había explicado que tenía que salir del país, que si hubiera sabido, habría ido por lo menos a Panamá. En consecuencia, para poder renovar le cobraron una multa de $500 dólares. Cuenta Robert que ese día se sintió decepcionado, no podía creer que el gobierno colombiano le hiciera eso a los extranjeros. Percibía una emoción de estafa y consideraba que sus derechos estaban siendo vulnerados, pues la constitución de Colombia en el artículo 100 hace referencia a los extranjeros así:
“Los extranjeros disfrutarán en Colombia de los mismos derechos civiles que se conceden a los colombianos. No obstante, la ley podrá, por razones de orden público, subordinar a condiciones especiales o negar el ejercicio de determinados derechos civiles a los extranjeros.
Asimismo, los extranjeros gozarán, en el territorio de la República, de las garantías concedidas a los nacionales, salvo las limitaciones que establezcan la Constitución o la ley.
Los derechos políticos se reservan a los nacionales, pero la ley podrá conceder a los extranjeros residentes en Colombia el derecho a participar en las elecciones y consultas de carácter municipal o distrital.”
Su estadía en Colombia con el fin de constituir fundación, se estaba convirtiendo en la continuación de la pesadilla que había iniciado desde su país de origen. Profesionales en derecho le recomendaron que se casara con su novia para evitar la necesidad de estar renovando papeles. Mientras vivía en la ciudad de Manizales, territorio en el que vivió por varios años antes de trasladarse a Pereira, aceptó la sugerencia, contrajo matrimonio y su estado legal se normalizó.
No obstante, la pesadilla no terminaría con normalizar su estado migratorio. Pues Robert decide acogerse a la ley internacional y solicita un asilo político; su petición la justifica porque estaba siendo víctima de una persecución política y muestra todo su recurso probatorio. La respuesta no se hacía de esperar, su solicitud fue negada y su caso ignorado, pues el juez contestó que no era viable puesto que hizo el trámite por fuera de los términos legales; es decir, entre los meses cero y seis luego de su arribo.
La suerte para Robert no parecía estar echada, ya la cultura colombiana lo impulsaba a consultar brujos o chamanes, pues como es común ante las dificultades, gente de a pie consideraba que algún hechizo le habrían hecho. Él en medio de su pragmatismo, no creía en nada de lo anterior y seguía su lucha en contra de dos sistemas completamente corruptibles e incluso hasta confabulados, según sus apreciaciones. Colombia, país que él escogió para cumplir un sueño, luego se convertiría en el destino que lo ayudaría a escapar de la corrupción norteamericana, destino que según él, resultaría ser aún más corrupto.
La negación del asilo la emitió un grupo secreto de la cancillería, dijo el norteamericano. Él les respondió que durante los primeros seis meses de estadía en Colombia no sabía lo que sucedía, también reflexionó y demostró que era invalida la respuesta que le habían dado. Este segundo oficio lo analizaron un poco más, pero respondieron que todo era un complot y que dado su buen comportamiento en nuestro territorio y su estado civil, él podía quedarse el tiempo que quisiera aunque no aplicara para ser asilado político.
Esta vez Robert sufre de un fenómeno llamado sentimientos encontrados, vanos pensamientos lo invaden y llega a reflexionar que el gobierno colombiano no quiere tener diferencias con el norteamericano, además, que el primero no le quiere conceder los beneficios que le otorgaría un asilo político. Él no se daba por vencido, mientras sus abogados seguían defendiéndolo en Estados Unidos, él perdió a su madre y aún así, seguía su lucha ahora tratándose de defender de la “democracia colombiana”.
ÉL tocó puertas en la cancillería, defensoría, fiscalía y procuraduría solicitando asesoría para tener un traductor y un abogado, pues ya se había quedado sin recursos; en todas las anteriores le dijeron que no era posible, le pidieron que presentara el caso en español y que además consiguiera abogado. Él ingresaba a las instituciones con ánimo y esperanza, pero salía derrotado por un sistema que beneficia a unos cuántos. Para cerrar con broche de oro, una nueva piedra le ingresa a su zapato, pues fue víctima de un robo y cuando presentó la denuncia, el cuadrante de la policía fue negligente y lo obligó a firmar un oficio de los hechos, que primero no entendía y segundo, luego sería utilizado en su contra.
Cuando todo parecía estar en su peor momento y cuando el panorama no esclarecía, conoció a un estudiante bilingüe de derecho, y este le ayudo a llevar el caso. Juntos redactaron una tutela solicitando al juez que se reuniera con Robert para que confirmara que no tenía las habilidades lingüísticas necesarias para comunicarse en español y que además, el gobierno de manera maquiavélica estaba utilizando eso en su contra para darle la espalda. Por último, según él de acuerdo a la legislación internacional tiene derecho a un traductor y un abogado, por lo tanto, también los solicitó en la tutela.
De nuevo la respuesta llegó, en ella el magistrado manifestaba que no se cumplían los requisitos para conceder la petición, además, acusó a Robert de mentiroso, pues de acuerdo al documento que reposaba en el comando de la policía de Manizales, el norteamericano sí hablaba español.
Actualmente Robert reside en la ciudad de Pereira, en el Parque Industrial y se gana la vida haciendo pizzas, su lucha contra ambos sistemas de gobierno continúa, cada vez son más las historias para contar de lo que éste individuo tiene que padecer en nuestro territorio. Hace poco, le rechazaron una denuncia en el comando de policía por presentarla en inglés, eso indica que está siendo víctima de discriminación. Él se dirigió ante la defensoría del pueblo y también lo rechazaron por la misma razón, yo mismo le tuve que traducir el oficio y remitírselo directamente a la defensora Elsa Gladys Cifuentes, oficio que aún no es respondido.
Robert invita a los ciudadanos del mundo que no hablen español a no venir a Colombia sin apoyo lingüístico, pues considera que aunque es un maravilloso país, el gobierno no brinda soporte para personas que no hablen el idioma oficial que reposa en el artículo 10 de la constitución política. Así concluye, que como él muchos han padecido estos males que tienen el poder para hacer de un sueño una pesadilla.
Concluye que la ley ha sido usada en su contra, que hay un abuso en términos de comunicación en contra de un inversionista extranjero. Por eso dice querer prevenir a otras personas de afrontar la misma situación.
