Apenas unos años antes de que el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta promoviera la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, César Gaviria Trujillo, entonces ministro de Gobierno del presidente Virgilio Barco, ya trabajaba en la idea de impulsar una profunda reforma constitucional que fuera producto de un gran acuerdo político nacional.
Texto extraído de: Ámbito Jurídico
Su anhelo no se quedó meras intenciones. Tras una cruenta racha de violencia narcoterrorista, la búsqueda de consensos y el valor de unos jóvenes que se volcaron a las urnas para reclamar un nuevo orden político permitieron que Gaviria, en su calidad de Presidente de la República, firmara, el 4 de julio de 1991, una nueva Constitución Política.
ÁMBITO JURÍDICO conversó con el expresidente sobre las implicaciones de este proceso, que, hace 20 años, cambió radicalmente la vida institucional y política del Estado colombiano.
ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo fue su apoyo al proceso constituyente de 1991?
César Gaviria Trujillo: Como candidato del Partido Liberal, y después como Presidente, empezamos a recorrer ese camino, con la idea de trabajar en unos temas muy precisos, en los que nos pusimos de acuerdo con el Partido Conservador, el Movimiento de Salvación Nacional, la AD-M19 y el Partido Liberal. Sobre este acuerdo se pronunció la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que le dio vía libre al proceso. Pero lo difícil era encontrar un camino político y jurídico que nos llevara hasta allá. Eso tenía todas las posibilidades de no salir adelante, pero salió, porque había mucha voluntad política, incluida la de la Corte Suprema, que encontró que sí había una situación excepcional a la que era muy difícil hacerle frente sin unos cambios relativamente rápidos y profundos.
Á. J.: En su opinión, ¿cuál es el mayor logro de la Constitución de 1991?
C. G. T.: Los mayores logros están en el campo de la justicia. Por un lado, la Corte Constitucional y la tutela, con los derechos ciudadanos, fundamentales y sociales como eje de la Constitución. Por otro, la Fiscalía, que era el tema más apremiante. Estábamos enfrentando al narcoterrorismo sin instrumentos, con una justicia secreta creada por un decreto de estado de sitio. Allí estaban los principales desafíos y allí se dieron los cambios más profundos. La Fiscalía ha sido muy eficaz. Puedo decir, sin ningún temor, que el sistema penal que más ha avanzado en América Latina es el colombiano. Y es indudable que la tutela es justicia pronta y cumplida. Si el resto de la justicia fuera más expedita, la gente no trataría de hacerle el esguince.
Á. J.: ¿La carta de derechos no es muy generosa y de difícil realización?
C. G. T.: La discusión se puede abrir en torno a los derechos sociales. Han faltado leyes estatutarias que estipulen cómo se ejercen los derechos, particularmente en el tema de la salud. En esa época, podíamos decir que estábamos asumiendo demasiados compromisos, pero, como se han cumplido, hoy no podemos afirmar que eran excesivos. Los artículos de carácter económico han facilitado procesos que han ayudado a que el país avance en concesiones, en prestación de servicios públicos, en subsidios directos a los colombianos más pobres. El solo hecho de que se haya aprobado la Ley de Víctimas es un reconocimiento a ese enfoque. Es el camino que el país está recorriendo, y parece estarlo haciendo de manera bastante concertada. Entendemos que eso ha sido costoso, pero el país avanza cada día más en esa dirección.
Á. J.: ¿Cree que la Corte Constitucional ha sido una fiel guardiana de la Constitución?
C. G. T.: Sin la menor duda. Creo que ha cumplido su función de una manera muy eficaz y que la tutela ha ayudado mucho a desarrollar el espíritu de la Constitución. Al principio, lo que está consignado en la Constitución parece un poco abstracto. Pero cuando uno va a los fallos de tutela, se da cuenta de que ha pasado a ser algo muy preciso, y no una cosa vaga e inalcanzable.
Á. J.: Sectores radicales hicieron parte de la Asamblea Constituyente. ¿Se perdió una buena oportunidad para alcanzar la paz con las FARC?
C. G. T.: Eso fue muy lamentable. Pero cuando vemos lo que ha ocurrido en estos 20 años, nos damos cuenta de que las FARC nunca han tenido voluntad. Se puede decir que en el 91 se desperdició esa oportunidad, pero, años después, el presidente Pastrana hizo todo el esfuerzo, puso todo su capital político a ese servicio y fracasó, como había fracasado el presidente Betancur. Ahora, lo que sí pasó es que todos los sectores contestatarios de la sociedad reconocen la legitimidad de la Constitución. Usted no encuentra quién defienda la lucha armada. ¿Por qué la Constitución sí ha servido para aclimatar la paz?, porque mató la idea de la lucha armada. Así haya gente financiada por el narcotráfico, la lucha armada no es una discusión política, eso está cerrado.
Á. J.: Pero se dice que fue el ataque a Casa Verde lo que impidió que las FARC participaran en ese proceso.
C. G. T.: Eso no es verdad. Ese es un episodio que se exagera. Cuando yo llegué a la presidencia, les dije a las Fuerzas Armadas y al Ministro de Defensa: “aquí no hay terrenos vedados del territorio nacional, ustedes pueden entrar a cualquier parte y no le tienen que pedir permiso a nadie, ni me tienen que pedir permiso a mí. Háganlo, cuando lo crean oportuno y en el momento en que lo consideren mejor para los propósitos de las Fuerzas Armadas”. Obviamente, me avisaron unas horas antes, y como yo había dicho eso, me sostuve en mi palabra. Pudo no ser afortunado desde el punto de vista político, pero las Fuerzas Armadas se sintieron bien de saber que no había terrenos vedados. Lo que no se reconoce suficiente es que después de ese episodio, las FARC estuvieron sentadas a la mesa con nosotros, negociando. Y fue el Gobierno el que se levantó, porque no quisieron condenar el secuestro y asesinato de Argemiro Durán Quintero. Han pasado tantos años, y se han hecho tantos esfuerzos, que es difícil decir que no hubo paz con las FARC por Casa Verde. En ese momento, podía ser un planteamiento legítimo, pero 20 años después, no.
Á. J.: ¿Hubo una verdadera representación de todos los sectores políticos y sociales?
C. G. T.: Esa constituyente tuvo una característica muy especial: los sectores contestatarios estuvieron más representados que los partidos tradicionales. La circunscripción nacional facilitó eso, les permitió a sectores que nunca habían soñado con llegar al Congreso estar, además, en una constituyente. Pero tuvo otra ventaja: la Constitución, en gran medida, tiene tanta legitimidad, porque los sectores contestatarios y las minorías no pueden decir que no participaron en el proceso o que este no fue legítimo.
Á. J.: ¿El Gobierno conoció algún tipo de presión para que, por norma constitucional, se prohibiera la extradición?
C. G. T.: Ninguna. Esa decisión se dio, porque las encuestas eran abrumadoramente a favor de la eliminación de la extradición. Hay que ver quiénes eran los constituyentes y cómo votaron, para darse cuenta de que eso no fue fruto de ninguna intimidación, fue fruto de la voluntad. Los extraditables le vendieron al país la idea de que el narcoterrorismo era consecuencia de la extradición. La votación fue arrolladoramente a favor, y no lo fue porque los hubieran intimidado, porque los hubieran comprado, sino porque estaban convencidos de eso. Nosotros dijimos con toda claridad: “dejemos ese debate para después, eso no tiene que estar en la Constitución”. Sin embargo, los constituyentes decidieron que sí estuviera.
Á. J.: ¿A qué modificaciones se opuso el Gobierno en ese momento?
C. G. T.: No es que nos hayamos opuesto. La Asamblea tenía capacidad para decidir. Hubo muchas propuestas nuestras que aceptaron, y muchas otras que no. Pero todos aceptamos las decisiones que se tomaron. Por ejemplo, nosotros queríamos que el Fiscal formara parte del Ejecutivo, pero la Constituyente decidió que era mejor que fuera de la Rama Judicial. En eso, tuvo razón. Pero en cuanto a la administración colegiada de la justicia, hay muchas dudas de que hubiera sido una buena decisión. Nosotros queríamos algo gerencial, pero no fue así.
Á. J.: ¿Se arrepiente de haber apoyado alguna reforma?
C. G. T.: Doy explicación de instituciones que han funcionado a medias. Por ejemplo, la moción de censura. Uno no puede decir que no ha servido para nada, pero la gente siempre queda insatisfecha. Todos los temas de control político están pendientes. El Congreso no lo ha hecho bien. Sería mucho mejor usar mecanismos del sistema parlamentario, que los ministros vayan a una hora fija de un día fijo a contestar preguntas. Eso permitiría hacer mucho más control político que los 30 o 40 debates que se dan a la semana, simultáneamente.
Á. J.: ¿Se le ha ido la mano al Congreso en reformas constitucionales?
C. G. T.: Yo no tengo problema con que reformen la Constitución. Todo el funcionamiento del Estado está previsto en ella. Entonces, cada vez que se va a cambiar algo, hay que meterse con la Constitución. La mayor parte de las reformas aprobadas han sido inocuas o con inconveniencias menores. Hay que mirar qué de eso es importante y qué no. El restablecimiento de la extradición, por ejemplo, era necesario. Hubo una reforma política en el 2003 para fortalecer los partidos, que se quedó corta. Si alguien me dice: ¿por qué no reformamos la Constitución para fortalecer más el sistema político?, yo le diría que sí, que eso hay que hacerlo. Las instituciones del Estado tienen que estar cambiando, y uno no se puede poner bravo porque alguien quiera cambiar la Constitución. Si los cambios son necesarios, hay que hacerlos.
Á. J.: ¿Le suena la idea de convocar una constituyente para reformar la justicia?
C. G. T.: Yo no creo que sea necesario convocar una constituyente para reformar la justicia. Preferiría ver cuáles son las ideas para reformarla, avanzar por ramas y desarrollar conceptos de lo que se quiere hacer. Pero yo no he visto esos conceptos. Las cosas planteadas de manera abstracta son muy difíciles de discutir. La gente habla en abstracto, pero no pone sus ideas sobre la mesa. Que hay que reformar la justicia, porque no está funcionando bien. Perdón, ¿cuáles son las cosas que no están funcionando bien?, ¿qué es lo que queremos cambiar?, ¿a qué área le vamos a dar prelación? Yo no he visto claros los objetivos.
Á. J.: ¿Cree que el sistema de juzgamiento del Presidente de la República debe modificarse?
C. G. T.: Ese sistema no está funcionando. Lo que tenemos hoy no deja satisfecha a la gente, que tiene la idea de que ahí no se hace justicia. La gran limitación de la Comisión de Acusaciones es que no tiene capacidad para instruir los procesos. No tiene los recursos, no tiene los conocimientos, y eso no se puede subsanar, sino poniendo una institución que sea capaz de instruir profesionalmente, que lleve los procesos con buenos elementos de juicio, que se haga una discusión inteligente, que se tome una decisión y que el país vea que sí se hace justicia. Hay que crear un proceso de instrucción completamente distinto, y tal vez es mejor que se pronuncie la plenaria de la Cámara de Representantes a que se pronuncie la Comisión.
Á. J.: Usted ha sido un crítico de la reelección presidencial. ¿Por qué considera que esa figura no es conveniente y cuál es ese caso extremo en el que pensaría volver a la presidencia, según lo sugirió en una entrevista reciente?
C. G. T.: Ese caso extremo no existe. Yo estoy tratando de ser consistente con lo que he dicho, no he cambiado de modo de pensar. Ese caso extremo no se ha presentado y no creo que se vaya a presentar. Yo no aspiré a la reelección. No tengo ninguna aspiración de volver a ser Presidente y lo he cumplido rigurosamente. Ahora, lo que es más malo de la reelección es que se apruebe en la mitad de un proceso electoral. Uno no debe cambiar las reglas del proceso para una persona. Y esa fue la impresión que le quedó a Colombia. No es que la reelección sea mala per se, sino que no es bueno cambiar las reglas a mitad de camino. Además, cuando uno hace eso, tiene que tener unas garantías supremamente claras de lo que el Presidente y los funcionarios pueden y no pueden hacer. Y en todo caso la segunda reelección, como lo dijo la Corte constitucional, quebranta el sistema de pesos y contrapesos.
Á. J.: ¿Es cierto que cuando ustedes firmaron la Constitución, firmaron un papel en blanco, porque la Carta no estaba lista?
C. G. T.: Yo creo que sí. Pero no es que estuviera en discusión. Estaba en un proceso de codificación, que no había concluido, pero que terminaba ese día. Ahora, ni siquiera estoy seguro, porque yo firmé, pero no vi qué había detrás. Yo estuve allí de testigo. Eso puede haber ocurrido, pero no es que se hayan seguido haciendo normas después. No hay un solo constituyente que haya dicho que cambiaron una cosa o que algo no se aprobó. Todo el mundo asintió que lo que la Constitución tenía era lo que habían aprobado. Eso es lo importante.
Á. J.: ¿Cree que esta Constitución es lo suficientemente sólida para que nos rija por muchos años más?
C. G. T.: Nadie sabe. Yo diría que ha pasado la prueba de los primeros 20 años. La Constitución que tenemos está muy acorde con lo que está ocurriendo en el mundo. Entre otras cosas, nosotros somos pioneros en decir que los derechos consagrados en la Constitución hay que verlos a la luz de los tratados internacionales de los que es parte el país. Por ejemplo, la reparación es un concepto que nos viene de afuera. Usted no puede decir que no existe el derecho de reparación. Sí existe, está en los tratados internacionales de los que hace parte Colombia y que integran la manera como se debe interpretar la Constitución.
