Su actualización permitirá recolectar importantes insumos para la planeación y la gestión del territorio. Una muy buena noticia para los municipios del Área Metropolitana, debido a la expectativa de mayores cobros.
Fotografía: Diego Val
Las oficinas de catastro, que dependen del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, IGAC, actualmente se han convertido en una piedra en el zapato para la gestión predial de los municipios. Rígidas y lentas, permanecen rezagadas en relación a la dinámica inmobiliaria de los entes territoriales.
Así las cosas, tanto para los propietarios de inmuebles, los desarrolladores inmobiliarios, y el mismo municipio, la inoperancia del actual catastro ha sido un dolor de cabeza.
Lo es para los propietarios de nuevas construcciones que, demorándose una eternidad en aparecer censados en el catastro, tienen problemas para registrar legalmente las operaciones de traspaso de dominio de sus bienes.
Es un tropiezo permanente para los desarrolladores inmobiliarios, quienes requieren registrar la transformación que imprimen a los predios desarrollados por ellos.
Comúnmente, por ejemplo, un edificio construido en un terreno sigue apareciendo como lote, aunque ya se hayan terminado, vendido y entregado las unidades correspondientes al proyecto constructivo. Y significa, sin duda alguna, un grave perjuicio para las finanzas municipales.
Puesto que el catastro no está en consonancia con el desarrollo de la ciudad y la construcción de nuevos inmuebles, y él es la base para el cobro del predial, los recursos captados en razón a este impuesto están siempre por debajo de los reales.
Recientemente el Área Metropolitana y sus municipios han firmado un convenio con el IGAC para capacitarse e implementar un catastro propio, en el marco del artículo 180 del Plan Nacional de Desarrollo que creó el Programa Nacional de Delegación de Competencias Diferenciadas (PNCD).
El costo estimado para llevar a cabo esta descentralización es de 66.000 millones de pesos, a invertir durante los próximos 10 años. Las fuentes de financiación se estiman como una porción del mayor recaudo del impuesto predial derivado de todo el proceso.
Considero esta una muy buena noticia para los municipios del Área, debido a la expectativa de mayores cobros. Por ejemplo, en Pereira, el total del impuesto predial anual equivale a $97 mil millones de pesos, y con la delegación del catastro se estima recuperar $22 mil millones/año.
Es decir, cerca de un 30% adicional al valor total actual recaudado. Hay que recordar que, en este municipio, el impuesto predial equivale al 65% del total de los ingresos percibidos por los denominados “recursos propios”.
Pero no se trata únicamente de la hacienda requerida para financiar las actividades municipales. De igual manera, y no menos importante, la actualización catastral permitirá recolectar importantes insumos para la planeación y la gestión del territorio.
Solo nos resta desear que el presupuesto estimado sea ajustado a las necesidades del proyecto. Y que, una vez los municipios se encuentren en poder de sus bases catastrales, todos los procesos relativos a su reconocimiento, actualización y cobro, se lleven a cabo con el personal idóneo y con criterios técnicos.
Para que no se convierta esta nueva entidad metropolitana, como otras, en lugar para el pago de nefastas cuotas burocráticas, manejos politiqueros o fuente de corrupción y presiones indebidas a los desarrolladores privados.
