El problema de los cultivos ilícitos y el acuerdo de La Habana.

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Lo más triste de todo  es que el mismo gobierno, suscriptor del Acuerdo, no tenga en cuenta algunas  consideraciones vitales, ni cumpla lo acordado en los puntos 1 y 4.


 

 

No es a los garrotazos, con violencia o matando campesinos como se solucionará el problema de los cultivos ilícitos.  Y menos, de un día para otro, como lo pretende el gobierno del Presidente Santos.  

 

Foto revista Semana
Foto revista Semana

 

Acabar con este flagelo no es tan fácil ni se logrará tan rápido.  El narcotráfico es el combustible que alimenta el fuego del conflicto armado y lo mantiene encendido.

Es todo un proceso que implica tiempo y exige acciones, recursos, articulación de decisiones y voluntades en las instancias local, territorial y nacional.

Es entonces, un intento vano pretender apagarlo como sí se tratara de un fósforo y no de un incendio, en el que a pesar de haberse logrado la extinción del fuego, las brasas continúan encendidas y con cualquier soplo arreciarán  de nuevo.

 

 

Es por eso que los negociadores en La Habana concibieron en el Acuerdo 4, “la Solución al Problema de los Cultivos Ilícitos” (punto que lleva este título), un tratamiento integral en concordancia con el espíritu general del Acuerdo, y particularmente, con el punto 1 Reforma Rural Integral.

 

 

Es oportuno revisar de manera somera  algunos aspectos de estos dos puntos del Acuerdo, para tener presentes las condiciones que definen y se requieren para  el manejo integral del problema:

 

     1. Se desarrollará un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS) del que hacen parte también los planes           de desarrollo alternativo, articulados con la Reforma Rural Integral o punto 1 del Acuerdo.

     2. Los programas de sustitución y erradicación de cultivos se desarrollarán con un enfoque territorial, es decir, consultando las                características propias de cada territorio, su población, sus necesidades y particularidades económicas, culturales y sociales, en                  especial, de las comunidades indígenas y afro descendientes con  sus formas de organización rural y sus instituciones                                    comunitarias, en un proceso de planeación participativa para lograr el compromiso de las comunidades como                         condición básica para el alcanzar el objetivo propuesto.

 

 

El énfasis territorial es una constante del Acuerdo en sus seis puntos, por tanto fundamental en la implementación.

Mucho se habla de la paz territorial y de la paz desde abajo, por eso además del enfoque, se plantean los Planes Integrales Comunitarios y Municipales de Sustitución y Desarrollo Alternativo (PISDA), así como los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET),  que deben responder a las necesidades y condiciones propias de cada territorio,  vereda y comunidad, y por ello, ser concertados con los habitantes  en un proceso de diálogo y participación para lograr acuerdos y compromisos que surjan de ellas.

Así se construye sociedad civil, base de la democracia.

 

 

     3. Las políticas concebidas para tal fin darán “un tratamiento especial a los eslabones más débiles de la cadena del                     narcotráfico que son las personas que cultivan y las que consumen” y ejercerán toda la fuerza del Estado para                           combatir y desarticular las organizaciones criminales que lo producen y comercializan.

Esta lucha será una prioridad del Estado para combatir el narcotráfico y el lavado de activos.

 

Foto revista Semana
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Más que  cumplir la cifra de hectáreas erradicadas para mostrar un resultado (en la práctica efímero), pasando por encima de la imagen de constructor de paz que le valió el Premio Nobel, el Presidente debería empeñarse primero que todo en generar en la población las condiciones de confianza y en garantizar “la seguridad en las comunidades y los territorios  mediante el fortalecimiento de la presencia institucional del Estado y su protección  frente a cualquier tipo de coacción o amenaza, y de sus capacidades de interdicción y judicialización de las redes territoriales de narcotráfico según la concepción de seguridad contemplada en el Acuerdo Final” con respeto de los principios y normas del Estado social de derecho, la convivencia ciudadana y la observancia de los derechos humanos tal como se establece en la página 106 de dicho acuerdo.

Lo triste es que el mismo gobierno, suscriptor del Acuerdo, no tenga en cuenta estas consideraciones, ni cumpla lo acordado en los puntos 1 y 4 del Acuerdo Final.

 

 

Lo sucedido el 5 de octubre en Tumaco, zona del Alto Mira, corregimiento de Llorente, lo demuestra. A todas luces, en esos confusos y lamentables hechos de erradicación forzada  no sólo se incumplió el Acuerdo de La Habana sino que se violó el Derecho Internacional Humanitario dado que los campesinos no son combatientes, estaban desarmados, y la fuerza pública les disparó causando entre 5 y ocho muertos y más de quince heridos.

Antes que con los Estados Unidos, el compromiso del gobierno es con las poblaciones  vulnerables del país, que, ante la ausencia o la débil presencia del Estado, la carencia de bienes públicos, de infraestructura vial, de educación, de empleo y  la falta de oportunidades y de recursos, se convierten en víctimas de los narcotraficantes que los utilizan para sembrar coca, aprovechándose de estas precarias condiciones que no les ofrecen opción distinta para su subsistencia.

 

 

Ellos no son los narcotraficantes ni son los dueños del negocio.

No es casual que al otro lado de la frontera, en el Ecuador,  no existan sembrados ilícitos como los de Colombia.

Allí se hizo una reforma agraria, y como en Perú y en Bolivia, los campesinos tienen un pedazo de tierra,  cuentan con vías, canales de distribución para sus productos,  y están integrados a los mercados de las ciudades intermedias.

 


 

 

 

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