La minería es lo que ha llevado a más ciudadanos a las urnas en las recientes consultas populares que se han realizado.
Ante el contundente resultado a favor del no a ese tipo de explotación, el gobierno nacional ha declarado su preocupación y la iniciativa de diseñar nuevas normas que “pongan en cintura” la participación ciudadana que “pone en peligro el desarrollo minero nacional”.
La Constitución de Colombia consagra a partir del año 1991 el derecho al ambiente sano, y para dar a los ciudadanos las herramientas que les permita preservarlo, ha venido reglamentando instrumentos de participación ciudadana y de control estatal que permitan un desarrollo productivo acorde con la sostenibilidad ambiental del país.
Dentro de los instrumentos de participación y control son las consultas a las comunidades indígenas y afrodescendientes, las consultas populares y el estudio de las licencias ambientales las que mayor efecto han tenido a la hora de ejecutar proyectos productivos y de infraestructura.
Las consultas populares han tenido diferentes ámbitos de actuación: como apoyo a la declaratoria de áreas protegidas o parques naturales, pero ha sido principalmente la minería lo que ha llevado a más ciudadanos a las urnas.
Un total de 39 municipios tienen iniciativas de realización de una consulta que indague por la implantación de explotaciones mineras en Antioquia, Casanare, Boyacá, Quindío y Tolima, los departamentos que encabezan esta lista.
En los siete municipios donde se ha realizado la consulta popular ha ganado el no a las explotaciones de hidrocarburos y oro. Ante el contundente resultado de las consultas, empresarios, medios de comunicación y algunos estamentos estatales han declarado la preocupación y la iniciativa de diseñar nuevas normas que “pongan en cintura” la participación ciudadana que “pone en peligro el desarrollo minero nacional”.
Para examinar el panorama real, es necesario contrastar las cifras de las consultas y las concertaciones que la Agencia Nacional de Minería está realizando con los municipios en pro de la explotación minera, en esta acción son 91 municipios de 21 departamentos los que han aceptado las explotaciones existentes y los nuevos títulos mineros otorgados.
Esta otra cara de la moneda, muestra que hay partidarios de la minería a gran escala y municipios que han optado por tener territorios que cumplan funciones diferentes a la explotación de los recursos naturales no renovables.
Tener dos vertientes ante una forma de explotación económica del territorio, como es la minería, no representa un problema sino una característica interesante. Muestra una población comprometida con el desarrollo y sostenibilidad ambiental.
Ciudadanos que ante las evidencias presentadas por algunas explotaciones mineras, como las de oro de aluvión que están impactando el medio ambiente de zonas como el Chocó biogeográfico, la Amazonía colombiana, territorios colectivos de comunidades afrocolombianas y algunos parques nacionales, deciden mediante su autodeterminación no permitir la minería en sus municipios (Explotación de oro de aluvión. Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito. 2017).
Tener el panorama contrastado de la minería y respetar la autodeterminación de los ciudadanos al informales a sus gobernantes su desacuerdo o inconformidad con una forma de producción de capital, no es “poner en peligro” un sector económico, es por el contrario valorar la calidad ambiental en contraste con los dividendos económicos, balanza que no necesariamente se inclinará la totalidad de las veces hacia un mismo lado.
Pero lo que no es posible obviar es el respeto de los gobernantes y de las instituciones del Estado por la autodeterminación de los pueblos en la forma de desarrollo económico que prefieren.
