Trazando esta línea del tiempo, entre el Florero de Llorente y la Paloma de la Paz, hagamos una valoración de cómo hemos avanzado realmente en la resolución de los problemas que aquejaban al naciente estado colombiano
Este viernes se celebra en Colombia el recuerdo del acto que culminó con las guerras de independencia de estos territorios del reinado español. El 20 de julio de 1810, una junta de notables de la capital provocó un altercado en la casa del español José González Llorente, acto que concluyó con la firma del Acta de Independencia de Santa Fé de 1810.
Colonia éramos hace doscientos ocho años, y colonia seguimos siendo hoy, si por ello podemos entender un acto que conlleva dos posiciones: la del dominante y la del dominado. Nosotros seguimos jugando este último rol, el de ser la posesión, aunque no oficial, de los poderosos del mundo. Nuestro nivel de autonomía es irrisorio, y ni en las políticas macro económicas ni en temas tan sensibles como la legalización de las drogas, tenemos el menor espacio político o margen de acción para tomar decisiones propias.
Han sido doscientos ocho años en el intento por construir una nación, ese concepto abstracto que reúne a una población asentada en un territorio geográfico bajo la premisa de un relato compartido, basado en símbolos e íconos.
El mismo Simón Bolívar fue más que un general, un líder político o militar, su figura y pensamiento fueron elevados a la connotación de figura; sustento e impulso que proporcionó un relato de unidad a pueblos dispersos y diversos, para conformar a cabalidad (o por lo menos intentarlo) el modelo de agrupación política de la modernidad: el Estado nación.
Este tipo de símbolos eran necesarios para dar identidad a un pueblo reunido ahora bajo el concepto de una bandera, un escudo y un himno.
Doscientos ocho años después, podemos afirmar que más allá de haber consolidado el concepto de la nación colombiana, los retos reales para dar atención a las necesidades de la población, mejorar sus condiciones de vida, y garantizar las condiciones de convivencia pacífica de sus habitantes, siguen siendo inmensos y están en buena medida aún por resolver.
En este orden de ideas, podríamos decir que seguimos arrastrando los mismos problemas, en materia de inclusión social, tenencia de tierras, educación, derechos civiles, infraestructura, conexión del territorio y convivencia.
Durante estos doscientos ocho años hemos transitado como nación en formación, entre la declaración de independencia, cuyo artefacto más representativo es el “Florero de Llorente”, desde las figuras históricas como Bolívar, Santander y Caldas, hasta los conflictos de la segunda mitad del Siglo XX que trascendieron las primeras décadas del XXI: la guerra interna con la guerrilla de las FARC. Culminando la segunda década de este siglo hemos arribado a hasta otro gran acto simbólico, la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, y su emblema por excelencia, la Paloma de la Paz.
Trazando esta línea del tiempo, entre el Florero de Llorente y la Paloma de la Paz, hagamos una valoración de cómo hemos avanzado realmente en la resolución de los problemas que aquejaban al naciente estado colombiano, y muchos de los cuales hoy siguen siendo los mismos, y lejos de resolverse, se han profundizado y ampliado.
De las promesas a los hechos reales:
Jorge Orlando Melo en su texto “Promesas y frustraciones de la independencia: doscientos años de ilusión y desencanto” (ver al final), hace una valoración crítica de algunos de los problemas que enfrentaba la población asentada en el territorio que tomaría el nombre de la nación colombiana, los cuales fueron planteados en la gesta de la independencia, y que figuran (muchos de ellos) como tareas pendientes más de dos siglos después del denominado folclóricamente “grito de independencia”.
“Las promesas de la independencia”, como las llama Melo, se han cumplido parcialmente y algunas de manera muy tardía, veamos:
- Las reformas democráticas que garantizaban el derecho al voto directo y universal, masculino y femenino tuvieron los siguientes momentos decisivos[1]:
“En el año de 1843 se redactó una nueva Constitución, la cual, en relación con la cuestión de la ciudadanía y de la función electoral, le dio continuidad a la noción de esclavitud y declaró como ciudadanos únicamente a los hombres libres nacidos en el territorio, pero tan sólo concedió el derecho a participar en los procesos electorales a aquellos hombres libres mayores de 21 años que fuesen dueños de bienes raíces localizados en el territorio y cuyo valor fuese de $300 o que tuviesen una renta anual de $150 y haber pagado impuestos.
Con la Constitución de 1853 surgen varios cambios importantes: se abolió la esclavitud en el territorio nacional y se declaran ciudadanos y con derecho al voto a todos los hombres nacidos en el territorio que estuvieran casados y que contaran con la mayoría de edad.
En 1886, periodo conocido históricamente como la Regeneración y que se extendió hasta 1904, se redactó una nueva Constitución, la cual era de índole conservadora y centralista. En su texto se declaró como ciudadanos a los hombres colombianos mayores de 21 años que tuvieran una profesión u oficio o una ocupación licita y legitima como medio de subsistencia, aunque esto no era suficiente para poder ejercer el derecho al sufragio, pues para poder ejercer el derecho a elegir representantes los ciudadanos debían saber leer y escribir y tener ingresos anuales de más de $500 o propiedades cuyo costo fuese superior a $1.500.
De esta forma, las elecciones eran indirectas para Presidente de la República y Senadores, y directas para Concejales municipales, Diputados a las Asambleas Departamentales y Representantes a la Cámara.
En 1936 es instaurado el sufragio universal para todos los hombres mayores de 21 años, mientras que la elección indirecta de Senadores se mantiene hasta el año de 1945. Para esta época se da la elección directa para Presidente, Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales.
Durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla no se realizaron elecciones sino hasta el plebiscito del año 1957, en donde las mujeres, por primera vez en Colombia, obtienen derechos electorales; así, el derecho al sufragio cobijó a todos los hombres y mujeres mayores de veintiún años, las mujeres adquirieron el derecho al voto con el Acto Legislativo No. 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, el 25 de agosto de 1954″.
Lo anterior significa, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que debieron transcurrir 147 años para que se lograran instaurar los derechos civiles plenos que cobijaran a toda la población colombiana en su función de elegir o ser elegidos. No obstante este reconocimiento en términos de la participación democrática, el estado colombiano sigue conservando patrones de relación altamente excluyentes, los derechos de las mujeres y de las poblaciones marginales son frecuentemente vulnerados, y las dos primeras décadas del siglo XXI se han caracterizado por la lucha de los grupos que defienden el acceso pleno a los derechos civiles de las poblaciones o grupos marginales como mujeres, indígenas y afrodescendientes, LGTBI, entre otros.
- La separación de la Iglesia y el Estado:
Esta vino a consolidarse a partir de 1936, pero solo de forma lenta y gradual. Es bueno recordar que el Estado Laico que refleja la separación de estos dos poderes se viene discutiendo desde el humanismo, en el Renacimiento, y fue guía de las revoluciones francesas y estadounidense. Por ejemplo, la incidencia de la Iglesia en la educación fue motivo de permanentes disputas en los años fundantes de la nación colombiana, concluyendo con un retroceso en la pretensión de una educación laica, cuyos hechos más significativos fueron el decreto orgánico de la dictadura de Bolivar del año 1928 en relación a la protección de la religión católica (en igual sentido se inscriben sus afirmaciones del Congreso Admirable de 1830), el estado del Patronato Republicano (una continuidad del Patronato Real, fórmula que encontraron los gobiernos de la incipiente nación para convivir con el poder de la Iglesia y hallar el espacio para sus reformas liberales, en el orden de crear un estado laico y una sociedad secular), y la Constitución Política de 1886, lo que derivó en el Concordato de 1887 (firmado con la Santa Sede).
Desde un comienzo fue obvio para quienes dirigían el nuevo Estado Republicano el poder político que se derivaba del peso social y moral de la Iglesia. Adicionalmente, el naciente Estado tenía escasa legitimidad, sus rentas fiscales eran exiguas, carecía de un aparato institucional y administrativo con presencia amplia en todo el territorio, y lo más importante, no poseía un relato de cohesión nacional que uniera a la población en torno a la figura del estado en construcción, lo que iba en contraposición con la amplia presencia y gran aceptación de la iglesia en todo el territorio.
El período comprendido entre 1824 y 1880 estuvo marcado por el proyecto de los liberales radicales que querían imponer cabalmente una escisión entre el Estado y la Iglesia. A partir de la Constitución de 1886 y con la firma del Concordato, se vuelve a un estado confesional, en donde se da primacía a la religión católica, influencia social, económica y política de la Iglesia que tiene su bastión en el poder sobre el proyecto educativo del naciente estado.
La Constitución de 1886 significó un quiebre con la tradición federalista, liberal, secular e individualista heredada de la constitución de 1863. Con ello, se restableció un régimen centralista, autoritario, presidencialista, católico y prehispánico. La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por nuevas tensiones entre la Iglesia y el intento por establecer un Estado laico y secularizado. En 1942, después de cinco años de negociaciones, se llegó a un acuerdo entre Darío Echandía y el cardenal Luis Maglione, en nombre de Pío XII para reformar el Concordato, este aunque aprobado por el Congreso nunca entró en vigencia.
Después de la violencia de los años 40 y 50 del siglo XX, y con la instauración del Frente Nacional a través de un plebiscito se retorna a un estado confesional, que llevaría las relaciones Estado-Iglesia a las fórmulas conservadoras de la Constitución de 1886. Al hacer a la Iglesia parte del Frente Nacional, ello significó una ruptura de la relación de exclusividad de la Iglesia con el partido conservador y el fin de sus conflictos tradicionales con el partido liberal.
Las directrices emanadas del Concilio Vaticano II, un intento de la iglesia por entablar un diálogo con el mundo moderno surgido de la ilustración, tuvieron un eco insospechado en los jóvenes, sacerdotes y laicos, y significaron una desestabilización del poder monolítico de la iglesia que había sido su característica hasta ese momento. Estas fisuras internas se hicieron patentes en la discusión sobre el nuevo Concordato, en 1973, que fue aprobado por los dos partidos tradicionales (aunque con la oposición de buen parte de los liberales). En 1987 el presidente Barco propuso modificar el Concordato para incluir regulaciones sobre el derecho de familia y la libertad de enseñanza.
Se puede afirmar que esta situación, aunque con matices, culmina con la promulgación de la Constitución de 1991. En ella, se reflejan los cambios de la sociedad colombiana en materia de mayor pluralismo religioso y pérdida de la posición monopólica de la Iglesia Católica, todo ello sumado al fallo de la Corte Constitucional de 1993 en relación al Concordato, que declaraba inconstitucional buena parte de sus artículos.
- Reconocimiento de derechos y propiedad a la población ancestral indígena.
Este es otro aspecto de la nación colombiana que ha pasado por diferentes etapas y períodos. Desde la Constitución de Cúcuta en 1821 que abolió el pago del tributo personal y el servicio personal obligatorio, estableció los primeros territorios destinados para resguardos (tierras de propiedad colectiva regidas por un cabildo de indios), pasando por el período en el que, a partir de la Constitución de 1886 se expidió la ley 89 de 1890 “Por medio de la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”, que postulaba un manejo indirecto de los pueblos indígenas –al estilo colonial- y los asignaba bajo la tutela de las misiones católicas, siendo considerados como “menores de edad” en lo que atañe al régimen civil y penal de la Nación.
La primera mitad del siglo XX se caracterizó por la división de los resguardos y la enajenación de los territorios indígenas. En 1961 se promulgó la ley 135 de 1961 que delineó una nueva política agraria frente a las tierras indígenas, propiciando la creación de nuevos resguardos.
Las décadas de los 70 y 80 fueron decisivas con sus movimientos sociales para la recuperación de las tierras indígenas, pero no fue sino hasta la Constitución de 1991 donde se reconocieron los derechos de estos pueblos.
Sin embargo, la exacerbación del conflicto armado en las últimas tres décadas, la presión por los cultivos ilícitos, y la creación de verdaderas mafias entre los líderes de los pueblos indígenas, que se benefician indebidamente de las prebendas y consideraciones asignadas para sus pueblos generando toda una cadena de tráfico de influencias, hace que este tema siga siendo un gran pendiente en el cumplimiento de las promesas que dieron origen a la nación colombiana.
El feroz conflicto que hoy vivimos como producto del reacomodo de las fuerzas por el dominio de los territorios que antes regentaban las FARC, pasa igualmente por la soberanía y la estabilidad de los pueblos indígenas en sus territorios, por la preservación de sus costumbres y el respeto a sus tradiciones ancestrales.
- La educación universal y de calidad:
Este es otro tema que ha pasado por muchas tentativas, reformas, contrarreformas, y dilaciones. El propósito de los criollos que lideraron la guerra de independencia era establecer una educación universal, de calidad pertinente e incluyente (campesinos y grupos minoritarios de indígenas y afrodescendientes). Ellos veían en la educación la manera de eliminar los indeseados rezagos de la mentalidad colonial en la población, y una forma de instrumentalizar la población para ponerla al servicio del desarrollo económico y social de la Nación.
En el Congreso de Angostura de 1819 y la Constitución de Cúcuta de 1821 se sentaron las bases para el proyecto educativo del naciente Estado-nación. Las premisas eran: reforma de las viejas costumbres coloniales, igualdad de derechos y deberes para todos los ciudadanos sin distinción de raza ni de clase, la estructuración de un aparato educativo que divulgara la ciencia y la técnica, y haciendo énfasis en la educación cívica y religiosa, y el reto de hacerlo igual para todos y de manear gratuita, extendiéndose a todo el territorio de la nación.
De esta manera, la escolarización masiva fue contemplada como pilar para el proyecto de nación, y para otorgar ciudadanía a sus habitantes, estableciendo con ellos vínculos recíprocos.
En el período de la Gran Colombia el énfasis estuvo orientado al establecimiento de nuevas instituciones educativas y métodos de enseñanza. A partir de la disolución del gran país y los hechos turbulentos que rodearon este período, el proyecto educativo se torna errático, el propósito de tener una educación laica retrocede, y se entroniza nuevamente el contenido religioso, fortaleciendo el papel de la Iglesia como como responsable de la educación en todo el territorio.
Este primer proceso de expansión tuvo como inconveniente el hecho de dejar por fuera de manera radical a la población campesina, pues fue un modelo de educación básicamente urbano, ya que las primeras escuelas estuvieron ubicadas en pueblos, ciudades y provincias, teniendo además un fuerte acento centralista (los principales centros de enseñanza se ubicaron en las ciudades como Bogotá, Popayán o Cartagena). Tuvo también fuertes dificultades en impartir una educación de calidad, ya que la mayoría de los maestros carecían de la mínima formación lo que redundó en que, en general, la calidad de la educación en estas primeras etapas fuera muy precaria.
No obstante los esfuerzos de esta primera etapa, en la primera mitad del Siglo XX, Colombia seguía estando atrasada en términos de cobertura y calidad educativa, presentando un bajo nivel de escolaridad, el nivel de alumnos matriculados vs. total de la población fue en este período uno de los más bajos de la región.
Según apartes contenidos en el documento “La educación primaria y secundaria en Colombia en el siglo XX, María Teresa Ramírez G. y Juana Patricia Téllez C. Banco de la República, 2006:
“En la primera mitad del siglo, la preeminencia de la Iglesia en la educación seguía siendo alta, e incluso, esta se opuso a reformas estructurales de la educación, como la que intentó el presidente Pedro Nel Ospina, asesorado por la misión Alemana, que terminó abandonando debido a la fuerte oposición de la Iglesia Católica que temía ver disminuido el poder que ejercía en el aparato educativo de la nación. La brecha entre educación urbana y rural continuó y se profundizó.
Entre las principales reformas del gobierno del Presidente López se encuentra la reforma constitucional de 1936, en la cual se garantizó́ la libertad de enseñanza, se permitió́ una secularización de la educación, y se fortaleció́ la intervención del Estado. En particular, se decretó́ que la educación primaria pública debería ser gratuita y obligatoria, tema al que se oponía férreamente la Iglesia.
A partir de la década del 50 del siglo pasado, y hasta mediados de los años setenta, la educación experimentó un gran crecimiento: se expandieron de manera importante el número de alumnos matriculados, así como la cantidad de establecimientos educativos y el número de docentes (aunque su nivel de preparación seguía siendo muy bajo).
Esta expansión experimentó un freno desde mediados de los setenta y hasta principios de los ochenta, años en donde se da otra gran expansión que duró hasta terminar el siglo.
En los setenta, Colombia presentaba una tasa de analfabetismo del 22%, cifra superior a las de Argentina que había logrado reducirla a 7% y Chile y Costa Rica a 11.8%
Esta evolución de las variables educativas se da en el marco del proceso de descentralización del sector educativo que se inicia formalmente en 1986 y se fortalece en el marco de la Nueva Constitución Política de Colombia en 1991.
A comienzos de la década, la Nueva Constitución de 1991 consagra a la educación como un derecho de la persona y un servicio público con función social. Por mandato constitucional la educación es obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad, debe comprender por lo menos un año de preescolar y nueve de educación básica y es responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.
Durante este período se realizaron esfuerzos innovadores para el aumento de la cobertura y el mejoramiento de la calidad tanto nacionalmente como con el apoyo de organismos multilaterales. En 1987 se inicia el Plan para la Universalización de la Educación Básica Primaria y en 1992 el Programa de Ampliación de la Cobertura y Mejoramiento de la Calidad de la Educación Secundaria (Paces), ambos con cofinanciación del Banco Mundial. Este último programa, entrega financiación a la demanda de educación bajo condiciones de rendimiento académico y necesidades financieras, de tal forma que los estudiantes pobres puedan realizar sus estudios secundarios.
En cuanto a la tasa de analfabetismo se realizaron importantes logros durante el período al disminuirla del 15.8% en los años ochenta al 8.3% al finalizar el siglo.
Sin embargo, en términos de calidad los indicadores por los logros de los estudiantes permiten sacar conclusiones sistemáticas acerca de la baja calidad de la misma y su deterioró en los últimos años. Las pruebas que desde 1991 elabora el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación (Saber) muestran que a finales de siglo la mayoría de los estudiantes de los grados 3 y 5 de la escuela primaria poseen un nivel académico inferior al correspondiente a su edad. Así́ mismo, las pruebas del Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior (Icfes) sugieren un descenso en la calidad de la educación durante la década de los noventa”.
A pesar de estos avances, al finalizar los años noventa el sector educativo en Colombia seguía teniendo bajos niveles de eficiencia, cobertura y calidad.
Algunos de los retos de la Educación en Colombia para el siglo XXI son:
- Reconocer la importancia de la educación inicial.
- Asegurar la permanencia de todos los niños y jóvenes en el sistema educativo hasta culminar la educación media.
- Ampliar la cobertura en la educación superior.
- Trabajar en el mejoramiento de los estándares de calidad de la educación.
- Realizar reformas que garanticen la educación con equidad
- Mejorar integralmente el cuerpo docente escolar, la infraestructura física y tecnológica y modernizar los currículos.
- Reforzar y estimular la investigación en el cuerpo docente y en los alumnos.
- Aumentar el presupuesto destinado a la educación.
- Involucrar a la sociedad civil para establecer la educación como prioridad y proyecto de desarrollo nacional.
Son tantos los rezagos en materia educativa y tanto el sentimiento (que se conserva desde los idearios de los criollos al mando del proceso de independencia) de que la educación es el pilar de la consolidación del estado nación colombiano, que en la última contienda electoral uno de los candidatos presidenciales, con nutrida votación en la primera vuelta, tenía como bandera aumentar significativamente los recursos destinados al sistema educativo y entronizar la educación como el gran propósito nacional. Su eslogan de campaña se basaba en el hecho de que él era un “Profesor”, y que solo un docente al mando del país podría por fin hacer las reformas que se han aplazado durante tantos años para llegar a alcanzar la sociedad que todos deseamos.
Conclusión
Haciendo este recorrido por algunos de los propósitos fundamentales de los criollos que lideraron la emancipación del reino español, liberándonos aparentemente de la condición de colonia, e intentando construir una autonomía en términos del ejercicio de la libertad de determinación como territorio nacional consolidado, podemos decir que los temas fundamentales continúan pendientes, habiendo sido objeto de idas y venidas, en el ejercicio de una política errática que ha resuelto de mala forma las contradicciones internas (de credo, clase, raza, propiedad, etc.), y que sigue sumida en las mismas discusiones.
Ejemplo de ellos abundan, además de los enunciados, en el área de la infraestructura. El fracaso del sistema de transporte por vía férrea, o el de la navegabilidad del río Magdalena, este último que fue el gran sueño de los patriotas desde Bolívar, nos muestran que poco hemos avanzado en estos doscientos ocho años y que nuestros problemas continúan siendo básicamente los mismos que enfrentaron los dirigentes de la primera nación republicana.
Sumidos en el escenario del posconflicto, con un brusco retorno a las políticas conservadoras y de derecha, parecemos repetir ese bucle sinfín que nos lleva a girar al punto de partida de nuestros padecimientos y violencias.
Siendo crueles podríamos decir que, aunque enfrascados en los mismos asuntos, hoy día podemos consultarlos de manera más rápida y amplia, y debatirlos (si se quiere) en tiempo real, porque ahora, a diferencia de hace doscientos ocho años, tenemos internet.
[1] Tomado de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil.
Texto “Promesas y frustraciones de la independencia: doscientos años de ilusión y desencanto”
