Mientras la ambición de las petroleras ronda como víbora enfurecida por entre los restos de la Amazonía, su devastación ha unido a grupos ambientalistas, colectivos sociales, concejales, alcaldes, y organizaciones internacionales.
La selva amazónica, el ‘terror’ de los conquistadores españoles cuando llegaron a las estribaciones del Piedemonte llanero hace más de 500 años, poco a poco ha sido transformada en potreros para la ganadería, monocultivos de palma africana y siembra de coca.
“Resulta alarmante reconocer que entre 1983 y 2003 se perdió el 30.7 por ciento de la cobertura vegetal del departamento, es decir, aproximadamente 2.6 millones de hectáreas”,
advierte el Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas, Sinchi.
Ahora, en el siglo XXI, cuando corremos hacia dos décadas, aparece otra amenaza para estos territorios del Meta: 10 empresas petroleras cuentan con licencia para explorar y explotar petróleo en el Área de Manejo Especial de La Macarena (AMEM), al suroccidente del Meta, en límites con el departamento del Guaviare.
Mientras la ambición de las petroleras ronda como víbora enfurecida por entre los restos de esa selva -que pudiera declararse a estas alturas como una especie en vía de extinción, y así lanzar una alerta sobre el peligro que corre la humanidad, el planeta Tierra y todos sus seres vivientes-, ante la devastación de la Amazonía, grupos ambientalistas, colectivos sociales, concejales, alcaldes, y organizaciones internacionales alzaron su voz para decirle no al petróleo, y sí al agua.
Ese eco de un rotundo no a la exploración y explotación de hidrocarburos en el AMEM, se ha diseminado por las estribaciones de la Serranía de La Macarena y 12 municipios aledaños.
Las comunidades buscan la revocatoria de esas licencias, igual como sucedió con Hupecol, que quería extraer petróleo en el bloque Serranía.
La cercanía con Caño Cristales, el río de los siete colores, y uno de los más bellos del mundo, movilizó la solidaridad de la ciudadanía metense y sus autoridades regionales.
Saben con certeza lo que está en juego: el agua, el oxígeno, la biodiversidad. Y también los alimentos, no solo para llevar a diario a la mesa de sus familias, sino para las despensas de miles de familias en las ciudades, incluida Bogotá, por supuesto.
Están dispuestas a interponer las acciones jurídicas que sean necesarias
“para contrarrestar y no dejar que nos invadan las petroleras”,
dijo en su momento el concejal de Puerto Rico Giovanni Vargas Leal.
Y promulgaron un Manifiesto Público para expresar el rechazo de habitantes y autoridades, y hasta del cura párroco, a la posibilidad del arribo de las petroleras a su territorio.
“El petróleo solo ha dejado desolación, desiertos y más pobreza en los territorios”, reiteró el concejal.
Y vendrá una avalancha de tutelas más. El 24 de julio de 2016 la Mesa Hídrica de San Juan de Arama radicó la primera. Argumentaron el amparo del derecho a un ambiente sano.
Quieren lograr la revocatoria de las licencias otorgadas por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales –ANLA- a las petroleras Emerald Energy, Canacol, Ecopetrol, BC Exploración y explotación de hidrocarburos, Hocol, Petrominerales, Talisman, Hupecol, Lukoil y Mansanovar, para explorar y extraer crudo en la región del AMEM, un paraíso que arriesga a convertirse en desierto, si gana la indolencia.
