Perderse y desaparecer no son sinónimos.
Texto tomado de: Cosecha Roja y El Delitómetro
En una interesante publicación del sitio Cosecha Roja se habla de los casos de las personas desaparecidas en democracia. Desde el sitio El Delitómetro se agregaron dos casos de Viedma. El dato es que de 13 casos contados, en 9 hay sospechas y confirmaciones e incluso condenas de policías involucrados dejando en evidencia que la violencia institucional contribuye claramente a desaparecer personas en democracia.
Perderse y desaparecer no son sinónimos. Si un testigo ve que se llevan a una persona sin su consentimiento, esa persona no se perdió. Si hay pruebas para pensar que alguien puede haber sido secuestrado, tampoco. Si hay sospechas de que una persona fue capturada por una red de trata, no está perdida. Aunque el gobierno rechace hablar de desaparición forzada e intente desviar el foco hacia sus vínculos con los mapuches o el reclamo por Julio López, Santiago Maldonado lleva casi un mes desaparecido: el último lugar en donde lo vieron fue durante la represión de Gendarmería.
“Un extravío de persona es una situación particular. Y una desaparición forzada es un delito que está tipificado en el Código Penal, en el artículo 142 bis. Allí básicamente se dice tiene que la desaparición forzada tiene ver con el accionar de funcionarios o empleados públicos que, actuando con la autorización o en representación del Estado, privan de la libertad a una persona. Este tipo penal incorpora otros elementos, como la falta de información sobre el paradero de la persona, la negativa del Estado a reconocer la privación de esa libertad o la negativa a informar sobre el paradero”
dijo a Cosecha Roja Manuel Tufró, coordinador del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Según Tufró,
“el protocolo o las técnicas de investigación dicen que con la sola sospecha de que la falta de una persona tenga que ver con que hayan intervenido funcionarios públicos, hay que investigar como desaparición forzada. Para que no se intente neutralizar ese encubrimiento hay que reaccionar lo más rápido posible y, en todo caso, si no resulta no se caratulará de esa manera. La negación y el encubrimiento son elementos que garantizan la impunidad”.
Las desapariciones forzadas no son novedad
“La desaparición forzada no es un tema novedoso para nosotros, el problema es que no se construye información concluyente del Estado. Se precisa un registro que realmente contemple lo complejo de cada caso a los fines de visibilizarlos y tomar medidas que contemplen la búsqueda, y no simplemente en la Argentina. Hay una deuda desde el Estado argentino de no construir información certera sobre este tipo de casos”,
dijo a Cosecha Roja Roberto Cipriano, director de la Comisión Provincial por la Memoria.
A diferencia de las desapariciones forzadas durante el terrorismo de Estado, centralizadas desde el propio Poder Ejecutivo,
“estas situaciones muestran patrones que son consecuencia de prácticas sistemáticas de abuso policial y de formas de negligencia, indiferencia, inacción y/o complicidad judicial y política en diferentes jurisdicciones del país”
dice el informe Hostigados, publicado por el CELS en 2016.
Y agrega:
“Estas prácticas son posibilitadas por los amplios márgenes de autonomía policial, por la degradación de la profesión policial y por la ausencia de un gobierno político de las fuerzas que las conduzca y controle y de un sistema de justicia que investigue y sancione adecuadamente. La desaparición de jóvenes, asimismo, constituye un ominoso mensaje hacia otros jóvenes de los barrios populares, así como para los familiares de las víctimas, amigos y testigos, que sufren amenazas y distintas formas de intimidación”.
La semana pasada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló de 5000 personas desaparecidas. En 2015 la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex) presentó junto con la ONG de Acciones Coordinadas Contra la Trata (ACCT) un informe en el que relevaron que en el país existen al menos 6040 casos de niñas, niños, adolescentes y personas adultas a las que las familias buscan. Coinciden con la Comisión Provincial por la Memoria: la información está dispersa en distintas jurisdicciones, no hay homogeneidad en el modo en que cada cual registra los datos y no se actualizan constantemente, contó entonces a Cosecha Roja Marcelo Colombo, titular de Protex.
En Cosecha Roja reunimos algunos de los casos más resonantes que involucran, a partir de la llegada de la democracia, complicidades estatales en la desaparición de personas:
Andrés Núñez, el primer desaparecido en democracia
El 28 de septiembre de 1990, Andrés Núñez, de 30 años, casado y con una hija, fue secuestrado en su casa de la localidad platense de Villa Elvira por un grupo de policías. En la Brigada, ubicada en calle 61 entre 12 y 13, lo golpearon y torturaron para que se declarara culpable del robo de una bicicleta. Núñez, que era inocente, murió y su cuerpo fue quemado en un campo de la ciudad de General Belgrano, donde fue encontrado e identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense.
Por su asesinato, en 2010 fueron condenados a perpetua el ex sargento Jorge Alfredo González por “privación ilegal de la libertad y torturas seguidas de muerte” y el ex cabo Víctor Dos Santos por el segundo delito; y Luis Ponce como responsable de la privación ilegítima de la libertad y de torturas seguidas de muerte. El ex oficial Pablo Martín Gerez continúa prófugo.
¿Dónde está Miguel Bru?
En 1993 Miguel Bru denunció que la policía había allanado ilegalmente su casa. Desde ese día las amenazas y las persecuciones no cesaron. El 17 de agosto de ese año cuidaba la casa de unos conocidos camino a Magdalena. Por algunos meses ese fue el último rastro que tuvieron de él sus compañeros. Con el correr de los días se fueron abriendo distintas puertas, distintos relatos y entonces lo supieron: Miguel había sido torturado y asesinado en la comisaría novena. Fueron algunos de los detenidos esa noche en la comisaría quienes con sus testimonios ayudaron a que sus asesinos fueran encarcelados.
Dos policías bonaerenses fueron condenados a cadena perpetua por el asesinato de Miguel: Walter Abrigo y Justo López. Uno de ellos murió y el otro -después de negarle dos veces la condicional- fue liberado y luego detenido otra vez. El pacto de silencio que trazaron esa noche los bonaerenses de la comisaría novena no tuvo ni tiene una sola grieta. Nada se supo del cuerpo de Miguel.
Julio López desapareció dos veces
Jorge Julio López nunca escuchó la sentencia a la persona que lo secuestró y lo torturó en 1976. No estuvo el día en que condenaron al represor Miguel Etchecolatz a reclusión perpetua. El 18 de septiembre de 2006 Julio desapareció por segunda vez. En la década que pasó no hubo ningún avance en la causa judicial. “No hay nadie que investigue una línea racional, ni una hipótesis clara”, dijo a Cosecha Roja Guadalupe Godoy, abogada de López durante el juicio por el Circuito Camps, al cumplirse diez años de la desaparición.
En 2016 el Estado se ofreció para ser querellante en la causa y la familia de Julio aceptó. “Todavía no se presentaron pero los querellantes nos vamos a oponer porque hay una desaparición forzada y culpamos a una parte de la Policía Bonaerense. Si se demuestra esto, hay cierto grado de responsabilidad del estado”, dijo Godoy.
María Cash, una incógnita
Cuando desapareció, María Cash tenía 29 años. El 4 de julio de 2011 tomó un micro en la terminal de Retiro hacia Jujuy pero varios kilómetros antes, en la ciudad salteña de Rosario de la Frontera, bajó del ómnibus porque, según dijo a su familia, se sentía “incómoda”. Cuatro días después, el 8 de julio, mantuvo el último contacto, por mail. Desde entonces no se supo más de ella. Durante siete meses, la justicia provincial salteña llevó la causa aunque a pedido de la familia también tomó intervención María Servini de Cubría de la justicia federal porteña.
Fue cuando, a partir de las prueba se planteó como principal hipótesis que María Cash había sido víctima del delito de trata de personas, por lo que la investigación pasó al fuero federal y hoy se tramita en el Juzgado Federal N°2 de Salta. Federico Cash, papá de María, murió a fines de octubre de 2014 en un accidente automovilístico ocurrido en una ruta de La Pampa, mientras recorría el país buscando a su hija.
Daniel Solano, el jornalero que reclamó
El 4 de noviembre de 2011, Daniel Solano cobró el sueldo y se dio cuenta de que lo estaban estafando. No era el único: le pasaba lo mismo a los más de trescientos compañeros que trabajaban en los campos de manzana en Río Negro. Lo comentó con algunos de ellos para ver qué hacían. Al día siguiente desapareció. Lo vieron por última vez en la puerta de un boliche de Choele Choel, rodeado de policías.
A Gualberto le dijeron que su hijo había dejado el trabajo por voluntad propia. El hombre desconfió y viajó desde Tartagal hasta Valle Medio para averiguar qué había pasado con su hijo. Desde entonces, ya hizo tres huelgas de hambre, vivió en una carpa con su familia y algunas noches durmió en la iglesia del pueblo, donde también se instaló el abogado.
Facundo Rivera Alegre: un juicio, dos condenas y ninguna respuesta
El rubio del pasaje tenía 20 años y una hija. La última vez que lo vieron fue el 19 de febrero de 2012: fue a un baile del Estadio Centro cordobés y no volvió más. A Viviana, la mamá, le dijeron que lo habían cremado en el horno del cementerio San Vicente pero nunca se comprobó. Desde entonces ella denunció la complicidad policial y recibió amenazas. En 2015, la justicia condenó A K.L. y a Pablo Rearte por el homicidio -uno disparó y el otro le sostuvo los brazos por detrás- y absolvió a Aldo Monje -acusado de encubrimiento. El juicio no sirvió para saber dónde está Facundo.
Marita Verón, una búsqueda incansable
A Marita Verón la secuestraron el 3 de abril de 2002 en Tucumán. Tenía 23 años y una hija: Micaela. Esa mañana Marita y Susana desayunaron juntas. “Yo cocino cuando vuelva”, le dijo a su madre antes de darle un beso y salir para la maternidad, donde iba a hacerse una consulta ginecológica.
Esa fue la última vez que se vieron. En la esquina de su casa la golpearon y la subieron a un Fiat Duna rojo. Tres días después, testigos dicen que la vieron “como perdida, como drogada” en la ruta que va de Los Gutiérrez a La Ramada. Durante más de una década la familia siguió cientos de pistas, la buscaron en distintas provincias y en el extranjero. En 2012 juzgaron a 13 acusados de haber secuestrado a la joven para obligarla a ejercer la prostitución en prostíbulos de La Rioja: en diciembre de ese año los absolvieron.
A fines de 2013, la Corte revocó el fallo en forma parcial y ordenó que una nueva sala fijara la pena a diez de los 13 acusados (la inocencia de los hermanos vinculados al clan “Ale”, María Jesús y Víctor Rivero, fue confirmada, mientras que la dueña de los prostíbulos riojanos falleció en febrero de ese año). Las 10 personas que fueron condenadas por la desaparición comenzaron a cumplir con la sentencia en abril de este año.
Iván Torres, otro desaparecido en Chubut
La última vez que vieron a Iván Torres fue en la Seccional Primera de Comodoro Rivadavia hace trece años. Los testigos apuntaron a la policía local y contaron que el joven de 26 años era hostigado por los agentes: antes de despedirse de sus amigos, pasó el móvil 294 que siempre lo detenía. Hoy la justicia condenó a los ex policías Fabián Tillería y Marcelo Chemín a 15 y 12 años de prisión por la desaparición forzada de Iván. A pesar de los seis absueltos, para los organismos de Derechos Humanos es una victoria porque los jueces cambiaron la carátula de privación ilegítima de la libertad como había pedido la Corte Interamericana.
“Es un fallo histórico”, dijo a Cosecha Roja Lucas Krmpotic, integrante de la Comisión contra la Impunidad y por la Justicia de Chubut. El caso de Iván sirvió para promover la inclusión del delito de ‘desaparición forzada’ en el Código Penal. En 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sentenció al Estado argentino a dar con el paradero del joven. En marzo de 2014, el Estado indemnizó por 182 mil dólares a la familia del joven. “Se convirtió en una espada para las causas como la de Luciano Arruga y la de Walter Bulacio”, dijo Krmpotic.
Luciano Arruga: #FueElEstado
Hasta octubre de 2014, el adolescente de 16 años era un desaparecido. Después de que la justicia hiciera lugar al hábeas corpus y se cruzaran los datos del Estado, encontraron el cuerpo: estaba enterrado como NN en Chacarita. Entonces supieron más: el 31 de enero Luciano corrió “como desesperado” y cruzó la General Paz por la vía rápida y descalzo. “Parecía que estaba escapando”, declaró el conductor del auto que lo atropelló a las 3.30 del 1 de febrero de 2009. La Policía Federal lo trasladó al Santojanni, donde lo operaron y murió a las 8.
En esas horas la mamá y la hermana lo buscaron dos veces en el hospital: les dijeron que no había ningún joven con esa descripción y que no podían pasar a reconocer a nadie. El primer testigo en acercarse al accidente dijo que vio una camioneta de la Policía Bonaerense alejándose por colectora sin las balizas prendidas. También se supo que la ropa que tenía puesta en el momento en que murió no era suya. El caso es emblemático porque, además de la violencia policial, mostró la falta de respuestas institucionales.
Kiki Lezcano: ningún condenado por el crimen
El 8 de julio de 2009, un oficial de la comisaría 52 amenazó a Jonathan “Kiki” Lezcano, un día antes de que lo mataran de un balazo en Villa 20 de Lugano. “Desde ahora voy a ser tu sombra”, le dijo. Dos meses después de la desaparición, lo encontraron enterrado como NN en Chacarita. En 2010 se confirmó la sospecha de que a Kiki y a su amigo Ezequiel Blanco los mató la policía: en un video se los ve agonizar y se escuchan las burlas de varios agentes. Al acusado del crimen -Santiago Daniel Veyga- lo sobreseyeron dos veces, pero la familia apeló y logró que llegue a juicio. En junio de este año, la justicia lo volvió a absolver.
Santiago Maldonado
La única hipótesis firme sobre la desaparición de Santiago Maldonado apunta a la responsabilidad de Gendarmería. El testimonio de los testigos y el rastrillaje con perros adiestrados confirmó que el joven de 28 años estuvo en la comunidad Pu Lof en Resistencia cuando alrededor de 100 gendarmes entraron a los tiros y prendieron fuego las casas de los mapuches. Ahora, los investigadores esperan el resultado de tres pruebas claves que permitirían saber qué pasó con Santiago. Durante varias horas, los efectivos de la Unidad Criminalística de la Policía Federal levantaron rastros en el Escuadrón 35 de Gendarmería de El Bolsón.
Habían pasado nueve días desde la desaparición de Santiago. En uno de los camiones que fue utilizado durante el operativo en la comunidad mapuche los policías encontraron cinco cabellos y manchas de sangre que estaban en una soga y en un cono naranja de tránsito. El juez federal Guido Otranto envió el material biológico al Servicio de Huellas Digitales Genéticas de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, que deberá cotejarlo con las muestras genéticas de los familiares de Santiago.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos intimó a la Argentina a adoptar “las medidas necesarias para determinar la situación y el paradero” de Maldonado. Además, le exigió al Estado que “informe sobre las medidas adoptadas a fin de investigar los hechos” Es la segunda vez durante el gobierno de Mauricio Macri que la CIDH se pronuncia sobre un caso de la agenda pública. Antes había sido por las causas contra Milagro Sala, quien aún espera que el juez habilite la prisión domiciliaria.
Zulema y Silvia en Viedma
En Viedma, la desaparición de Zulema Walter generó primero preocupación en la comunidad y después la causa se cargó de misterio ya que al pasar los días la búsqueda se disipó y nunca hubo una hipótesis concreta sobre lo que realmente sucedió con la mujer ex docente que fue vista por última vez el 1 de junio.
Tres días después de la desaparición de Zulema, quien fue vista por última vez fue Silvia Colque. Desde el 4 de junio no se sabe absolutamente nada y las sospechas apuntan a su pareja, padre de sus hijos. Hubo rastrillajes y algunos movimientos para dar con la mujer, pero nada se sabe aún. El gobierno determinó un monto de 200 mil pesos para quien aporte datos concretos respecto a su paradero.
