Fotografías: Melissa Jaimes, Misión ONU Colombia.
Vicente tiene grabados los días en que ocurrieron sus peores jornadas en el monte. Era el año 2002, Álvaro Uribe andaba recién llegado a la Casa de Nariño después de arrollar en las elecciones con un discurso guerrerista que prometía el fin de las guerrillas y los diálogos de paz del Caguán y entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana habían terminado pocos meses antes con el estrépito de un fracaso monumental. Vicente recuerda primero unos combates cerca de Coreguaje, límites de Huila con Caquetá, luego los aviones exploradores que detectaron el campamento donde se encontraba. “Nos iban a subir a unas volquetas cuando pasó el avión explorador” cuenta. Esa noche y los días siguientes la Fuerza Aérea los ubicó y bombardeó una y otra vez. El saldo fueron decenas de muertos y heridos. “Fue muy, muy duro”. Dirá que años más tarde se despertaba asustado cuando sentía el sonido de cualquier aeronave.
En la guerra desde los trece años, Vicente ingresó a las FARC en Santodomingo, una vereda de Vistahermosa (Meta). Tres de sus hermanos fueron guerrilleros como él y murieron en el conflicto. Su padre, un militante de la Unión Patriótica, fue asesinado por los paramilitares en Puerto López el 13 de octubre de 1993. Vicente participó en las tomas de Mitú, Miraflores, Puerto Rico y Puerto Lleras. Fue capturado y estuvo siete años rodando por cárceles del país. Vio matar presos por una papeleta de basuco en la cárcel de Palmira. Parecía que su vida entera iba a estar señalada por la violencia hasta que llegó el proceso de paz.
“Es un cambio muy bueno, a pesar de todos los inconvenientes que ha habido” asegura Vicente. “Nadie nos dijo que esto iba a ser fácil, no podemos pensar que estábamos negociando con el Estado contra el que luchamos cincuenta años y que íbamos a llegar a tener carro, casa y beca. Pero si aprovechamos las oportunidades somos capaces de salir adelante, y seguramente podemos cambiar este país”.
Vicente hoy tiene una microempresa con la que procesa y vende pulpa de fruta en una ciudad del Eje Cafetero, además trabaja como escolta asignado en la Unidad Nacional de Protección. Este emprendimiento lo montó gracias a la renta mensual que el gobierno nacional asignó a los ex combatientes en proceso de reincorporación, juntando también algunos recursos conseguidos a través de préstamos. El suyo es un ejemplo exitoso de reincorporación individual, la prueba, cómo el mismo asegura, de que los reincorporados “no somos monstruos, somos campesinos”. Aunque su microempresa ha sufrido tropiezos y ahora está paralizada por la pandemia, él tiene claro que la legalidad es el camino. “Esto es de sacrificio, al principio no vendía, el producto se me dañaba”. Sí no lo derrotó la guerra, insiste, tampoco lo va a derrotar esta coyuntura.
Su caso es uno más entre los 12.767 ex combatientes que en abril continuaban firmes con su proceso de reincorporación a la vida civil, según los datos de la Agencia para la Reincorporación y Normalización. Tan sólo 2.877 permanecen en los Espacios Territoriales donde se concentró la guerrilla en 2017 para la dejación de las armas, la mayoría de ex guerrilleros, 9.217 viven por fuera de estos espacios, en ciudades o pueblos, o en nuevos puntos de reagrupamiento donde han entablado proyectos productivos.
Ese es el caso de Norma, que tiene 26 años y un bebé pequeño. Ella ahora le apuesta a un emprendimiento colectivo de producción piscícola en Santa Cecilia, en los límites entre Risaralda y Chocó, donde 34 ex combatientes del frente Aurelio Rodríguez consiguieron con sus propios medios una finca alquilada para asociarse y montar una cooperativa.
“La Policía es muy amigable con nosotros, no tenemos queja de la Policía, ni en Guarato (en Chocó), ni en Santa Cecilia” asegura Norma. La comunidad los ha acogido sin rechazos ni prevenciones, “viven agradecidos con nosotros, nos quieren mucho por aquí, algunos de los muchachos están estudiando en el Colegio, validando el bachillerato, otros trabajan en fincas de la región”
Los reincorporados de Santa Cecilia resultaron beneficiados con una donación de las Naciones Unidas de veinte mil dólares para impulsar su emprendimiento de producción de peces. Esto les permitió montar varios estanques y un pequeño cuarto de sacrificio donde procesan el pescado, que se vende casi todo en la misma región. “Hemos tenido algunas pérdidas por el oxígeno, pero sí es algo muy rentable, si funciona” asegura Norma. “Uno puede trabajar, aquí uno puede hacer su vida, pero nosotros solos no podemos, le pedimos al gobierno que nos ayude. Que el gobierno se comprometa, que cumpla lo pactado”.
Proyectos como este han surgido en todas las zonas rurales del país donde hay presencia de ex combatientes. La mayoría de proyectos arrancaron sin que el gobierno desembolsara los recursos contemplados en el acuerdo final de paz, que se supone tendrían que servir para solventar la situación económica de los excombatientes en su tránsito a la vida civil. Los reincorporados han desplegado toda su creatividad y autogestión en emprendimientos turísticos, fábricas de confecciones, marcas propias de café o cacao, entables agrícolas, proyectos de ganadería sostenible y hasta una marca de cerveza artesanal.
El último corte de la Agencia para la Reincorporación y Normalización, en abril de este año, informó que ya 1.357 proyectos productivos estaban aprobados para desembolso. Un gran logro comparado con los 4 que había a finales de 2018, sin embargo, conviene no olvidar que aquello llega tras un retraso inexcusable entre tropiezos burocráticos e inoperancia de las instituciones, que han entorpecido todo el proceso de reincorporación.
Según el instituto Kroc, la entidad encargada de hacer seguimiento al cumplimiento de los acuerdos, los puntos relacionados con la reforma rural integral y con la sustitución de cultivos ilícitos, dos soportes cruciales de la normalización en las zonas más afectadas por el conflicto armado, tienen una implementación mínima en más del 50% de lo pactado.
Además, el instituto indica que “preocupa que líderes y comunidades involucrados en procesos derivados del Acuerdo como lo son la restitución de tierras, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la justicia transicional y la reivindicación de derechos colectivos y de género, están siendo blanco de agresiones y homicidios”. Este 15 de junio se confirmó el asesinato del ex guerrillero Mario Téllez en Catatumbo. Es la víctima número 200 desde la firma de los acuerdos.
Para Camila Cienfuegos, quien fue integrante del Estado Mayor Central de la antigua guerrilla y participó en la mesa de diálogos de La Habana con la subcomisión de género “la sistematicidad de los asesinatos busca que el proceso de paz fracase, a la ultraderecha le sirve mucho más que exista un nuevo conflicto armado porque con ello su discurso toma fuerza y así mismo sus formas arcaicas de gobernar. Sólo han sabido gobernar bajo el miedo”.
Ella trabaja en el Cauca con otra cooperativa de reincorporados que produce el “Café La Esperanza”, ganador del primer puesto de calidad en los premios internacionales Ernesto Illy en Nueva York el año pasado. El eslogan del café es “Un tinto por la paz”.
“Hay elementos positivos” asegura Camila Cienfuegos, “entre ellos las distintas cooperativas que hemos logrado constituir articulando con las comunidades. También el apoyo de la comunidad internacional, de las comunidades rurales y urbanas que nos han abierto las puertas y nos han acogido de manera cálida” indica Cienfuegos. Sus palabras resumen el sentimiento de la mayoría de ex combatientes que apostaron por la paz e insisten en rehacer sus vidas: “lo más valioso ha sido a dejar los odios y rencores, perdonar a quienes nos hicieron tanto daño y pedir perdón por el daño causado”.
*Todas las fotografías son del proyecto piscícola de los reincorporados de las FARC en Santa Cecilia, Risaralda.
