Un mandato que se lleva en la sangre. #MejorVargasLleras

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Las propuestas del candidato Vargas Lleras están divididas en secciones (como las de los programas de gobierno de Fajardo y De La Calle, y, supongo, como las de todos, aunque me faltan por leer los programas de los candidatos Petro y Duque).


 

El candidato presidencial Germán Vargas Lleras es lo que podríamos llamar un “Delfín”. Su abuelo materno fue el ex Presidente Carlos Lleras Restrepo, en cuyo periodo (1966 a 1970) se crearon varios departamentos e institutos descentralizados, entre ellos el de Risaralda, Sucre y Cesar; y quien a finales de su mandato tuvo que enfrentarse a los seguidores de Gustavo Rojas Pinilla, en un intento golpista que surgió como reacción a las elecciones en las cuales este general perdió con Misael Pastrana Borrero (el padre de Andrés Pastrana Arango).

El movimiento que intentó desestabilizar el gobierno aquel lejano 19 de abril de 1970, a la postre culminó con la conformación del grupo insurgente M19 (al cual perteneció el rival de Vargas Lleras en la actual contienda electoral, Gustavo Petro).

Es simbólico, por decir lo menos, cómo la historia de las dirigencias políticas en Colombia se entrelaza, no solo en sus personajes, hechos, familias y movimientos partidistas, sino, incluso, en los nombres de los personajes, en un relato de evocaciones macondianas que es más elocuente sobre nuestra historia reciente que muchos tratados académicos.

Sin embargo y para ser justos, en la vida pública de Germán Vargas Lleras, ser nieto de ex presidente se ha convertido en un dato, como la fecha o el lugar de nacimiento, puesto que su trayectoria y ejecutorias superan con creces esta condición.

Con una amplia hoja de vida en el Estado, Vargas Lleras ha estado activo en el ámbito político desde sus años universitarios. Inició su carrera como Concejal, pasando después al Congreso, en el que fue Senador por cuatro períodos. Su periplo continuó, en el Ministerio de Interior y Justicia, quedando a cargo de la cartera de este Ministerio cuando estas competencias fueron asignadas en dos ministerios separados. Posteriormente, fue Ministro de Vivienda, en donde adelantó un amplio plan de construcción de viviendas en todo el país (100.000 de interés social), destinadas a brindar, gratuitamente, techo a los colombianos en condición de vulnerabilidad y pobreza.

Su ejercicio profesional en el sector público culmina, hasta ahora, en su periodo como vicepresidente del segundo mandato de Juan Manuel Santos, liderando un ambicioso plan de infraestructura, del cual las vías 4G son uno de los proyectos más destacados.  De allí, se retira para iniciar su campaña como candidato Presidencial. No obstante, lo que se lleva en la sangre difícilmente puede llegar a negarse.

Es así como, en uno de los apartes más importantes de su programa de Gobierno, el de Agricultura, se halla un hilo conductor que induce a comparar la situación actual del sector agropecuario en Colombia con aquella que dejó su abuelo al terminar su paso por la Presidencia de la República. Y es que, en este aparte, todas las cifras comparativas se remiten al año 1970.

Esta evocación puede ser o no intencional, pero conduce a una reflexión más profunda al lector atento: Carlos Lleras Restrepo fue el último Presidente que intentó, en serio, realizar una Reforma Agraria profunda en el país.  Aunque su intención resultó a la postre fallida, en el Plan de Gobierno de su nieto es notoria la intención de hacer notar cómo la situación del agro colombiano poco se ha transformado desde esa época hasta nuestros días, llegando incluso deteriorarse de manera notable en algunos indicadores, como la producción de alimentos, el número de hectáreas cultivadas o la rentabilidad de los productos. (Ver: Lleras, el último reformista agrario.)

 

El Programa: “Mejor Vargas Lleras”

Las propuestas del candidato Vargas Lleras están divididas en secciones (como las de los programas de gobierno de Fajardo y De La Calle, y, supongo, como las de todos, aunque me faltan por leer los programas de los candidatos Petro y Duque).

El documento, obedece a una estructura homogénea que plantea al inicio de cada texto un diagnóstico de la situación actual en cada área, y luego se remite a los pilares que guiarán la ejecución del gobierno, para seguir con las acciones propuestas con metas específicas (mejor detalladas y más ordenadas que en los programas que ya he leído). De allí, pasa a plantearse la manera de lograr lo propuesto.

Un aspecto llamativo es la inclusión de los impactos esperados como resultado de la aplicación de cada una de los planteamientos, aunque estos están deficientemente cuantificados, es decir, en su mayoría no se encuentran asociados a indicadores medibles relacionados con las líneas de base del diagnóstico o el alcance de los objetivos a partir de la gestión a realizar.

En general, este programa está muchísimo mejor estructurado que los dos anteriores, es conciso, no se extiende innecesariamente en retóricas ni en colecciones de enunciados de buenas intenciones, sino que va directo a los propósitos.

Algo a destacar es que cada documento está bien (yo diría perfectamente) diagramado: visualmente el diseño es impecable, lo que lo hace más sencillo de leer y de comprender.

Logrables o no, las propuestas se encuentran bien enlazadas y argumentadas, sin acudir a discursos o información redundante.  Las metas están definidas, aunque de manera más precisa en algunos sectores, y la consideración de los impactos agrega un factor diferencial en términos de la evaluación de resultados.

Sin embargo, es evidente que este es un plan de gobierno del empresariado, casi podría decirse de los gremios de la producción. Es claro que las propuestas más fuertes y concisas están en relación al desarrollo económico, y en sectores tradicionales de la economía como la minería, la vivienda, el transporte, o la industria; y que sus postulados fueron consultados con sectores fuertes como el agro, los industriales, la construcción o la infraestructura. También, resalta la importancia dada al Turismo que, siendo un sector promisorio, se encuentra bien agremiado y cuenta con grandes jugadores empresariales, nacionales o extranjeros, cuyos intereses y problemáticas han sido bien recogidas en este plan de campaña.

En los sectores mencionados, el programa es detallado, da cuenta de un conocimiento riguroso de la situación actual y de una visión del desarrollo bien estructurada, permitiendo que el candidato asuma compromisos muy concretos.

Resalta el caso del documento dedicado al desarrollo de la economía, especialmente en el aparte que hace referencia a la Reforma Tributaria.

La precisión con la que se definen las propuestas nos enfrenta ante la novel situación de estar ante una reforma tributaria anunciada desde la candidatura, en todas sus connotaciones y extensión. Y no, como tradicionalmente ha sucedido, ante un indeterminado “se deberá adelantar una reforma”, que usualmente suele acompañar a las propuestas de los candidatos en lo que a este tema se refiere, cuando no la negación tajante de lo que después, de todas maneras, se habrá d emprender.

Basta recordar la contienda de hace ocho años cuando el Presidente en ejercicio Juan Manuel Santos aseguró que podría “firmar en piedra o sobre mármol” que no subiría los impuestos en su mandato (Ver: El día que Santos prometió que no iba a subir los impuestos). Ello le valió dos cosas: enfrentar la sinceridad políticamente incorrecta de Antanas Mockus -quien afirmó la necesidad de subir los impuestos- y derrotarlo en las urnas, al tiempo que, en sus dos períodos de gobierno, haciendo gala de una gran desfachatez, llevó a cabo SIETE reformas tributarias.

En cuanto a los sectores sociales y transversales, como Salud, Educación, Empleo, Justicia y Seguridad, el programa es sólido en términos generales, bien documentado y con propuestas concretas y que pueden entenderse necesarias y articuladas. Es más fuerte y contundente en Empleo que en Educación, cuya apuesta, comparada con las de otros candidatos (por ejemplo, Sergio Fajardo) se muestra poco ambiciosa y algo deslucida; en cambio la propuesta de Salud conserva ese toque empresarial que acompaña a las de los sectores tradicionales de la economía, en lo que se deja entrever que este será un programa orientado más a concebir la salud como empresa que como servicio social. Y, en cuanto a la de Seguridad, es robusta y detallada, con énfasis en acciones para mejorar la seguridad y la percepción de seguridad en los ambientes urbanos.

Si bien es cierto que este aparte del programa está dedicado a un fortalecimiento de la institucionalidad para la seguridad y la convivencia, en cabeza de la Policía Nacional, también se orienta a un fortalecimiento de los elementos judiciales que contribuyen a la impunidad y a la reincidencia en la comisión de actos criminales, y un fortalecimiento del apoyo ciudadano en la observación y el reporte de situaciones potencialmente peligrosas, por ejemplo con la creación de Centros de Educación y Prevención Ciudadana (Cepec).

En este aspecto, el programa incluye la referencia a una acción controversial: revivir los Frentes Locales de Seguridad y crear frentes en el área rural junto a redes de apoyo ciudadano en el área urbana y rural. Una proposición que guarda un eco demasiado fuerte a ciertos malos recuerdos del pasado reciente de Colombia en relación con las Asociaciones Comunitarias de Defensa Rural, Convivir, autorizadas por el gobierno nacional en 1994, y su posterior derivación en el grupo armado ilegal de los paramilitares (Ver: Así nacieron las Convivir ).

Finalmente, tanto para la Economía (incluida la Reforma Tributaria), como para los demás sectores, es transversal y muy importante el sector de Justicia. Por supuesto que el programa alude a los grandes males que padece hoy nuestro orden judicial, en términos de sobrecarga de procesos (descongestión y acceso), impunidad (efectividad) y corrupción del sistema (para lo cual se propone un Control Integrado que hace énfasis en el seguimiento fiscal, al tiempo que se propone reformar el marco normativo de los abogados y crear seguros para funcionarios responsables de altos presupuestos del Estado, entre otras consideraciones); pero aborda como un tema principal la Seguridad Jurídica, con lo que se siente nuevamente el eco empresarial que contiene todo el proyecto de gobierno.

Y es que, tanto para los PINES (Proyectos Interés Nacional y Estratégico) se propone hacer una reforma Constitucional que les garantice protección, se pretende reformar todo el sistema de consultas previas en materia ambiental, así como temas relacionados con la seguridad y estabilidad laboral, la participación de la inversión privada en proyectos públicos, la ley de tierras, y el régimen de contratación pública, entre otras. En este orden de ideas la Seguridad Jurídica pretende garantizar la propiedad y las inversiones, dos temas fundamentales en el sistema de producción empresarial.

Por otro lado, las propuestas más débiles están en el ámbito del medio ambiente y la cultura.

En el primero, se habla de generalidades y no se muestra un compromiso decidido en la lucha por controlar los grandes frentes que afectan los ecosistemas, excepción hecha de la calidad del aire, donde esta propuesta está ligada a los modos de transporte con medidas mucho más precisas. Una gran ausente es, por ejemplo, la gestión ambiental en ciudades (Propuesta muy fuerte y central en el programa de Fajardo). Se habla poco de la conservación de la fauna y la flora en los suelos urbanos, no se menciona la prevalencia de la estructura ecológica principal en el modelo de desarrollo urbano, ni mucho menos se contempla el espacio público como un tema fuerte y articulador de ambos sistemas (el urbanístico y el ecológico).

Más bien, el medio ambiente es en esta propuesta de gobierno un elemento a gestionar para dar soporte al desarrollo de otros sectores: la vivienda (con el acceso propuesto a redes de agua potable y saneamiento básico) la minería y en general al sector energético (en relación a las dificultades que implica el licenciamiento ambiental y la presión social en términos de la seguridad jurídica de las inversiones), y el transporte (con controles y restricciones a los vehículos y sus emisiones, pero también como la apertura al desarrollo económico de nuevas fuentes de energía).

La protección de la fauna se resuelve con una afirmación: “Crear el Instituto Nacional de Nacional de Protección y Bienestar Animal”, lo que recuerda las salidas a las que se acude cuando no se conoce bien el problema y la solución se perfila en términos de un etéreo “después”.

En cuanto a la cultura, la propuesta se vincula fuertemente al turismo, y los emprendimientos culturales o lo que se ha dado en llamar “economía naranja”, dejando por fuera el propósito de dar un impulso fuerte a la reflexión nacional, en términos de construcción de identidad y reconocimiento de la diversidad, en función de los nuevos retos que afronta el país, especialmente en el ámbito del posconflicto.

Aunque, hay que resaltar la intención de llevar la formación en artes como parte de las competencias básicas y ciudadanas a las instituciones educativas, y el reconocimiento de nuevas narrativas al incluir en la propuesta grupos emergentes, denominados “prácticas artísticas urbanas” como: rap, grafitti, dance hall, breack dance, o Street dance; y  “deportes urbanos y nuevas tendencias” como: kateboarding, roller, BMX, park, flatland, dirt jump, Street, longboarding, roller derby, parkour, capoeira, bike, polo, futbol, freestyle, softcombat, o escalada muro artificial.

No obstante, queda la sensación de un vacío, de algo importante que falta, de un desentendimiento (puede ser aparente) de lo que es y significa la cultura, más allá de la validez de que ciertos contenidos y productos culturales puedan promoverse como emprendimientos particulares.

Otro aspecto interesante de la lectura del programa “Mejor Vargas Lleras” es el uso del lenguaje.  Recorriéndolo, permanentemente tuve necesidad de recurrir a la búsqueda de diferentes términos técnicos especializados que, por momentos, pude entender como la necesidad de ocultar las intenciones que en relación a ciertas materias se quieren llevar a cabo.

De esta manera, es significativo que para habla de la modificación de los programas Familias en Acción, la Red Juntos y los Programas de Asistencia Escolar, se hable de “Mantener los programas de Transferencias Condicionadas ampliando las condiciones a buenas prácticas laborales”. Y es que, si se lee con buen juicio, se entiende que estas propuestas, incluidas en el aparte de Empelo y Protección a la Vejez, están en relación con una sentencia categórica: “El empleo será un objetivo de la política económica y social”. Ambas afirmaciones deben leerse en conjunto: se mantendrán los programas asistencialistas siempre y cuando se orienten hacia la estabilidad de las familias en la búsqueda de empleos, de los cuales derivar de manera estable y permanente su sustento.

Otro de estos “ocultamientos” está en la propuesta del sector Minero-Energético. Al referirse a la explotación de Minería se habla de: “disminuir el goverment take de la industria”. Obviamente, este es un tema de especialistas que, traducido a palabras castizas quiere decir disminuir la participación del Estado como socio en los proyectos de exploración y explotación (participación en el flujo de recursos del proyecto). Así las cosas, a la poca lectura de estos programas por parte de los votantes (seguramente debido a su gran extensión –un promedio de 1.000 páginas por programa), se suma la barrera de los términos técnicos que se usan en la descripción de las diferentes tentativas de gobierno.

Y sigo, en el mismo documento, en el aparte dedicado a Petróleo, Gas y Biocombustibles, se lee: “Duplicaremos las reservas de petróleo y gas a través del uso de tecnologías no convencionales y costa afuera”, léase: fracking y explotación de reservas en el lecho marino, entre otras técnicas que han generado controversias por los efectos en el medio ambiente.

O esta otra, en el documento dedicado a la Transparencia: “Hacer obligatorio el uso de acuerdos marco e instrumentos de agregación de demanda a todas las entidades del país”. Lo anterior, traducido, quiere decir: hacer sumatoria de demandas de diversas entidades en la búsqueda de eficiencias en las compras –lo cual se ha venido haciendo efectivo a través del programa Colombia Compra Eficiente-.

En fin, lo cierto es que aprendí mucho y también perdí tiempo valioso: ¡gracias equipo de Vargas Lleras!, me han sacado de la ignorancia en varios temas, a pesar del desgaste en el tiempo que se hubiera evitado si el programa estuviera escrito para legos y no para expertos.

Este candidato, tampoco se sustrae a la tentación de la “creacionitis” de Programas, Altas Consejerías, Ministerios. Entre los más destacados, resalto los siguientes:

 

 

  • Alta Consejería para PINES (Proyectos de Interés Estratégico de la Nación).
  • Alta Consejería Presidencial para la Competitividad Sostenible
  • Agencia Nacional del Agua (ANA)
  • Centro de Excelencia Fitosanitaria de Colombia (CEF-COL)
  • Fondo de capital semilla para emprendimientos científicos
  • Plan Nacional de Fomento y Apropiación de la Lectura
  • Plan de Activación y Sostenibilidad de los Espacios Culturales
  • Superintendencia de Educación
  • Ministerio de la Familia
  • Dirección de Juventud y Adolescencia+
  • Alta Consejería Presidencial para la Competitividad Sostenible
  • Plan Nacional de Recuperación Forestal
  • Agencia Nacional de Permisos y Licencias Ambientales
  • Instituto Nacional de Protección y Bienestar Animal
  • Centros de Educación y Prevención Ciudadana (Cepec)
  • Comisarías para el manejo contravencional y de convivencia (pequeñas causas)
  • Tribunal de Cuentas (para el trámite de procesos fiscales)
  • Tribunal de Aforados Judiciales Independientes (encargados de investigar y juzgar a los magistrados)
  • Programa Colombiano Compra Agro Colombiano
  • Programa Nacional de Vivienda Rural
  • Programa para Mentoría y Emprendimiento
  • Programa Nacional de Gestión del Suelo Urbanizable (para habilitar 13.000 hectáreas de suelo para vivienda)
  • Agencias Municipales de Seguridad Vial
  • Programa Especial: “Ruta del Patrimonio de la Humanidad en Colombia”
  • Centros de Vida (mejorar la convivencia).

 

Pero, la tentación es más grande cuando se trata de reformas, algunas de las cuales son verdaderas amenazas al orden legal que consagra los derechos ciudadanos; razón por lo cual, sin llegar a discutir la validez y necesidad de modificarlas, se debe tener especial cuidado en el contenido propuesto, para evitar perjudicar o retroceder ganancias democráticas que el país ha logrado en los últimos años.  Ellas son, entre otras:

 

  • A las Consultas Previas en Materia Ambiental (“Reforma Reglamentar las consultas previas mediante una ley estatutaria para que sea una excepción y no la regla general con términos ciertos y predecibles y estableciendo mecanismos de cierre”),
  • Al régimen laboral de Estabilidad Reforzada (estabilidad laboral para los trabajadores con pérdida de capacidad laboral que no tienen incapacidad)
  • A la Tutela (aunque en otro de sus esguinces característicos no la llama por su nombre sino “Modificación al artículo 86 de la Constitución Política”)
  • Al Sistema General de Regalías: incrementando la participación de los municipios y departamentos productores de 20% a 30%. Eliminar los OCAD municipales. Pasar de 24 sectores y 42 tipos de gasto a infraestructura en 5 sectores (transporte y logística, educación, agua potable, energía y salud). Excluir de las regalías a los municipios que prohíban la actividad extractiva. Disminuir el government take de la industria.
  • Al Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo para reducir exigencias a Pymes
  • A la Ley 1508 de 2012 (Régimen Jurídico de las Alianzas Público Privadas), eliminar restricción del 30% de recursos públicos para las iniciativas privadas de proyectos sociales y edificaciones públicas, eliminar limitación de uso del suelo como parte de la remuneración a iniciativas privadas, incentivar acceso a ciudades eliminando parcialmente las restricciones de aportes públicos para iniciativas privadas.
  • A la Ley 1448 de 2011 (atención, asistencia y reparación integral a víctimas del conflicto armado), eliminando las facultades judiciales para suspender y anular los títulos mineros dentro de los procesos de restitución de tierras.
  • Definir el alcance de la Unidad de Restitución de Tierras (URT) y de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) en aras de preservar la seguridad jurídica de los propietarios de buena fe.
  • Limitar las competencias de los municipios sobre el subsuelo vía una Reforma Constitucional.
  • Protección Constitucional para proyectos PINES.
  • Modificación de la Ley 1682 de 2013 en aspectos sociales, ambientales, predios, obras de emergencia (Disposiciones Generales, Principios y Políticas de la Infraestructura de Tranpsorte).

 

En aras de ser precisos, hay que decir que también se incluye ampliamente el fortalecimiento a leyes o programas existentes, y que la tentación de inventarse todo desde cero es mucho menor a la que se encuentra, por ejemplo, en el programa de Humberto De La Calle. Algunos de los programas, entidades o leyes a los que se dará continuidad o se pretenden fortalecer, son:

 

  • Fortalecer la Parafiscalidad Agropecuaria (Ley 222 de 1995).
  • Fortalecer las Comisiones Regionales de Competitividad (que de hecho juegan un papel protagónico como entes articuladores de las políticas nacionales con los territorios).
  • Fortalecer Bancoldex y Finagro.
  • Fortalecer el Fondo Nacional de Garantías.
  • Fortalecer los Conpes.
  • Fortalecer el PTP (Programa de Transformación Productiva).
  • Fortalecer el Comité Nacional de Logística (CNL).
  • Fortalecer las Unidades Técnicas de Logística del DNP, Min. Comercio y la DIAN.
  • Fortalecer el portal Colombia Travel.
  • Fortalecer los Centros de Desarrollo Tecnológico y de Negocios existentes (y crear 15 centros nuevos siguiendo el ranking de competitividad por departamentos establecidos en el Consejo Privado de Competitividad).
  • Fortalecer el Programa Vigías del Patrimonio Turístico (colegios).
  • Fortalecer el Plan Nacional de Lectura.
  • Fortalecer la Agencia de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE).
  • Fortalecer el Instituto Nacional Cancerológico.
  • Fortalecer las Casas de Justicia y Unidades de Mediación.
  • Fortalecer (con mayores recursos) el Plan Nacional de Concertación y Estímulos (sector cultura).
  • Apoyar el Metro de Bogotá (24 km 19,5 km operacionales y 5 km de patio técnico).
  • Ley APP (Ley 1508 de 2012).
  • Ley 820 de 2003 (Régimen de arrendamiento de vivienda urbana).
  • Ley 546 de 1999 (vivienda, financiación, ahorro, impuestos y costos de construcción).
  • Ley 388 de 97 (modificarla para que incluya riesgos asociados a cambio climático en los instrumentos de planificación territorial).
  • Ley 99 del 93 (modificarla para incluir protección de cuencas hidrográficas).
  • Modificación y reglamentación de la Ley 1774 de 2016 (Ley de castigo al maltrato animal).
  • Reestructurar la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG).
  • Asignar los recursos necesarios para la implementación del CONPES 3797 (Política para el Desarrollo Integral de la Orinoquía, Altillanura a Fase I).
  • Dar correcta aplicación a la Ley 361 de 1997 a través de los inspectores del trabajo (integración social de los trabajadores en condición de discapacidad).
  • Implementar la Ley 1622 de 2013 (Estatuto de Ciudadanía Juvenil).
  • Dar continuidad a los programas de apoyo a las empresas (PTP-INNPULSA).
  • Implementar la Ventanilla Única de Licencias Ambientales (Vital, art. 46 del Decreto 2820 de 2010 reglamentario de la ley 99 de 1993).
  • Poner en funcionamiento la Comisión de Regulación de Transporte (CRT) separada del Min. Transporte.
  • Implementar las recomendaciones del Estudio Tras la Excelencia Docente (fundación Compartir).

 

Todo ello acompañado de la promoción de nuevas normas y leyes, como:

  • Ley Antitrámites
  • Simplificar el orden jurídico (compilar por sectores, por rango de leyes, expidiendo una ley para cada sector) y eliminar normas obsoletas.
  • Ley Integral de industrias creativas y culturales.
  • Ley para reglamentar el crowfounding y Ley de Mecenazgo.
  • Promover leyes y decretos que permitan la contratación estacional de personal habilitando pagos proporcionales (sector turismo y agro).
  • Crear un marco claro y transparente para la fijación de los precios de combustibles (fórmula, ajuste de precio, Fondo de Estabilización).
  • Eliminar restricciones de arrendamiento (en el Plan Nacional de desarrollo o en un proyecto de ley) para los beneficiarios de subsidios (poder vender o arrendar las viviendas que han adquirido por subsidio, siempre y cuando el propósito sea adquirir nueva vivienda).
  • Promover por ley las competencias en empleo de cada nivel: municipal, departamental, nacional.
  • Presentar un Proyecto de Ley que incluya un programa de ingreso rural por objetivos (tonelada o cabeza producida), incentivos fiscales y financieros para el uso del riego, apoyo a los productores en almacenamiento y producción de sus productos, incentivos tributarios para la producción local y exportación, fortalecimiento técnico del ICA, revisar la UAF (Unidad Agrícola Familiar), promover modelo de arrendamiento de tierras para pequeños productores, garantizar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra para proyectos productivos (duración mayor a 15 años), eliminar las modificaciones a los POT que afecten el suelo destinado a actividades rurales.

 

Por otro lado, esta propuesta se propone la creación de varios fondos:

 

  • Fondo de capital semilla para emprendimientos científicos.
  • Regular y generar incentivos a los fondos de capital privado enfocados en emprendimiento.
  • Crear un fondo gubernamental de ahorro en el exterior (con recursos petroleros en épocas de aumento de precios) para prevenir la “enfermedad holandesa”.
  • Crear un fondo de inversión de $200.000 millones para apoyar empresas con potencial innovador.
  • Generar estrategias de ahorro programado para crear Fondos de Educación Superior.

 

Y la reglamentación de Zonas Especiales o Distritos para inversión y operación de proyectos:

 

  • Reglamentar y poner en funcionamiento las Ziders (Zonas de Interés de Desarrollo Rural) de, Económico y Social.
  • Promover inversión extranjera a través de las Zonas Francas Uniempresariales para inversiones en infraestructura turística.
  • Estructuración de Mega Distritos Culturales a través de APP
  • Generar incentivos para la relocalización empresarial en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cali y Buenaventura (líneas de crédito y beneficios fiscales y de impuestos prediales).

 

Y también se proponen cosas extrañas o delicadas (en términos de la ética de los procesos, el desmejoramiento de las condiciones laborales de algunos sectores, y el potencial de aprovechamiento político o de grupos de presión –económica o ilegal-), como:

 

  • Titulación masiva de 500.000 viviendas urbanas y 200.000 minifundios
  • Adjudicación de 3 millones de hectáreas de predios baldíos de la Nación.
  • Implantación de examen nacional para el ingreso a especialidad médica.
  • Definición de condiciones de remuneración y reconocimiento homogéneas para los médicos.
  • Proyectos de preparados magistrales y medicina tradicional.
  • Crear el Voluntario Ciudadano en seguridad ciudadana (personas entre 50 y 60 años) para monitorear la cuadra, el barrio, el cuadrante y educar a la comunidad (2,2 millones de hombres y 2,6 millones de mujeres), aunque no especifica educar en qué materias.
  • Establecer un sistema de información (memoria local y topográfica) de los residentes por barrios y cuadrantes.

Ver: Listado de algunas propuestas en varios sectores del plan de gobierno de Germán Vargas Lleras


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