Trazando esta línea del tiempo, entre el Florero de Llorente y la Paloma de la Paz, hagamos una valoración de cómo hemos avanzado realmente en la resolución de los problemas que aquejaban al naciente estado colombiano

Este viernes se celebra en Colombia el recuerdo del acto que culminó con las guerras de independencia de estos territorios del reinado español. El 20 de julio de 1810, una junta de notables de la capital provocó un altercado en la casa del español José González Llorente, acto que concluyó con la firma del Acta de Independencia de Santa Fé de 1810.

Colonia éramos hace doscientos ocho años, y colonia seguimos siendo hoy, si por ello podemos entender un acto que conlleva dos posiciones:  la del dominante y la del dominado.  Nosotros seguimos jugando este último rol, el de ser la posesión, aunque no oficial, de los poderosos del mundo. Nuestro nivel de autonomía es irrisorio, y ni en las políticas macro económicas ni en temas tan sensibles como la legalización de las drogas, tenemos el menor espacio político o margen de acción para tomar decisiones propias.

Han sido doscientos ocho años en el intento por construir una nación, ese concepto abstracto que reúne a una población asentada en un territorio geográfico bajo la premisa de un relato compartido, basado en símbolos e íconos.

El mismo Simón Bolívar fue más que un general, un líder político o militar, su figura y pensamiento fueron elevados a la connotación de figura; sustento e impulso que proporcionó un relato de unidad a pueblos dispersos y diversos, para conformar a cabalidad (o por lo menos intentarlo) el modelo de agrupación política de la modernidad: el Estado nación.

Este tipo de símbolos eran necesarios para dar identidad a un pueblo reunido ahora bajo el concepto de una bandera, un escudo y un himno.

Doscientos ocho años después, podemos afirmar que más allá de haber consolidado el concepto de la nación colombiana, los retos reales para dar atención a las necesidades de la población, mejorar sus condiciones de vida, y garantizar las condiciones de convivencia pacífica de sus habitantes, siguen siendo inmensos y están en buena medida aún por resolver.

En este orden de ideas, podríamos decir que seguimos arrastrando los mismos problemas, en materia de inclusión social, tenencia de tierras, educación, derechos civiles, infraestructura, conexión del territorio y convivencia.

Durante estos doscientos ocho años hemos transitado como nación en formación, entre la declaración de independencia, cuyo artefacto más representativo es el “Florero de Llorente”, desde las figuras históricas como Bolívar, Santander y Caldas, hasta los conflictos de la segunda mitad del Siglo XX que trascendieron las primeras décadas del XXI: la guerra interna con la guerrilla de las FARC. Culminando la segunda década de este siglo hemos arribado a hasta otro gran acto simbólico, la firma del acuerdo de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC, y su emblema  por excelencia, la Paloma de la Paz.

Trazando esta línea del tiempo, entre el Florero de Llorente y la Paloma de la Paz, hagamos una valoración de cómo hemos avanzado realmente en la resolución de los problemas que aquejaban al naciente estado colombiano, y muchos de los cuales hoy siguen siendo los mismos, y lejos de resolverse, se han profundizado y ampliado.

De las promesas a los hechos reales:

Jorge Orlando Melo en su texto “Promesas y frustraciones de la independencia: doscientos años de ilusión y desencanto” (ver al final), hace una valoración crítica de algunos de los problemas que enfrentaba la población asentada en el territorio que tomaría el nombre de la nación colombiana, los cuales fueron planteados en la gesta de la independencia, y que figuran (muchos de ellos) como tareas pendientes más de dos siglos después del denominado folclóricamente “grito de independencia”.

“Las promesas de la independencia”, como las llama Melo, se han cumplido parcialmente y algunas de manera muy tardía, veamos:

1. Las reformas democráticas que garantizaban el derecho al voto directo y universal, masculino y femenino tuvieron los siguientes momentos decisivos[1]:

“En el año de 1843 se redactó una nueva Constitución, la cual, en relación con la cuestión de la ciudadanía y de la función electoral, le dio continuidad a la noción de esclavitud y declaró como ciudadanos únicamente a los hombres libres nacidos en el territorio, pero tan sólo concedió el derecho a participar en los procesos electorales a aquellos hombres libres mayores de 21 años que fuesen dueños de bienes raíces localizados en el territorio y cuyo valor fuese de $300 o que tuviesen una renta anual de $150 y haber pagado impuestos.

Con la Constitución de 1853 surgen varios cambios importantes: se abolió la esclavitud en el territorio nacional y se declaran ciudadanos y con derecho al voto a todos los hombres nacidos en el territorio que estuvieran casados y que contaran con la mayoría de edad.

En 1886, periodo conocido históricamente como la Regeneración y que se extendió hasta 1904, se redactó una nueva Constitución, la cual era de índole conservadora y centralista. En su texto se declaró como ciudadanos a los hombres colombianos mayores de 21 años que tuvieran una profesión u oficio o una ocupación licita y legitima como medio de subsistencia, aunque esto no era suficiente para poder ejercer el derecho al sufragio, pues para poder ejercer el derecho a elegir representantes los ciudadanos debían saber leer y escribir y tener ingresos anuales de más de $500 o propiedades cuyo costo fuese superior a $1.500.

De esta forma, las elecciones eran indirectas para Presidente de la República y Senadores, y directas para Concejales municipales, Diputados a las Asambleas Departamentales y Representantes a la Cámara.

En 1936 es instaurado el sufragio universal para todos los hombres mayores de 21 años, mientras que la elección indirecta de Senadores se mantiene hasta el año de 1945. Para esta época se da la elección directa para Presidente, Cámara de Representantes, Asambleas Departamentales y Concejos Municipales.

Durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla no se realizaron elecciones sino hasta el plebiscito del año 1957, en donde las mujeres, por primera vez en Colombia, obtienen derechos electorales; así, el derecho al sufragio cobijó a todos los hombres y mujeres mayores de veintiún años, las mujeres adquirieron el derecho al voto con el Acto Legislativo No. 3 de la Asamblea Nacional Constituyente, el 25 de agosto de 1954″.

Lo anterior significa, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que debieron transcurrir 147 años para que se lograran instaurar los derechos civiles plenos que cobijaran a toda la población colombiana en su función de elegir o ser elegidos. No obstante este reconocimiento en términos de la participación democrática, el estado colombiano sigue conservando patrones de relación altamente excluyentes, los derechos de las mujeres y de las poblaciones marginales son frecuentemente vulnerados, y las dos primeras décadas del siglo XXI se han caracterizado por la lucha de los grupos que defienden el acceso pleno a los derechos civiles de las poblaciones o grupos marginales como mujeres, indígenas y afrodescendientes, LGTBI, entre otros.

2. La separación de la Iglesia y el Estado:

Esta vino a consolidarse a partir de 1936, pero solo de forma lenta y gradual.  Es bueno recordar que el Estado Laico que refleja la separación de estos dos poderes se viene discutiendo desde el humanismo, en el Renacimiento, y fue guía de las revoluciones francesas y estadounidense. Por ejemplo, la incidencia de la Iglesia en la educación fue motivo de permanentes disputas en los años fundantes de la nación colombiana, concluyendo con un retroceso en la pretensión de una educación laica, cuyos hechos más significativos fueron el decreto orgánico de la dictadura de Bolivar del año 1928 en relación a la protección de la religión católica (en igual sentido se inscriben sus afirmaciones del Congreso Admirable de 1830), el estado del Patronato Republicano (una continuidad del Patronato Real, fórmula que encontraron los gobiernos de la incipiente nación para convivir con el poder de la Iglesia y hallar el espacio para sus reformas liberales, en el orden de crear un estado laico y una sociedad secular),  y la Constitución Política de 1886, lo que derivó en el Concordato de 1887 (firmado con la Santa Sede).

Desde un comienzo fue obvio para quienes dirigían el nuevo Estado Republicano el poder político que se derivaba del peso social y moral de la Iglesia. Adicionalmente, el naciente Estado tenía escasa legitimidad, sus rentas fiscales eran exiguas, carecía de un aparato institucional y administrativo con presencia amplia en todo el territorio, y lo más importante, no poseía un relato de cohesión nacional que uniera a la población en torno a la figura del estado en construcción, lo que iba en contraposición con la amplia presencia y gran aceptación de la iglesia en todo el territorio.

El período comprendido entre 1824 y 1880 estuvo marcado por el proyecto de los liberales radicales que querían imponer cabalmente una escisión entre el Estado y la Iglesia. A partir de la Constitución de 1886 y con la firma del Concordato, se vuelve a un estado confesional, en donde se da primacía a la religión católica, influencia social, económica y política de la Iglesia que tiene su bastión en el poder sobre el proyecto educativo del naciente estado.

La Constitución de 1886 significó un quiebre con la tradición federalista, liberal, secular e individualista heredada de la constitución de 1863. Con ello, se restableció un régimen centralista, autoritario, presidencialista, católico y prehispánico. La primera mitad del siglo XX estuvo marcada por nuevas tensiones entre la Iglesia y el intento por establecer un Estado laico y secularizado. En 1942, después de cinco años de negociaciones, se llegó a un acuerdo entre Darío Echandía y el cardenal Luis Maglione, en nombre de Pío XII para reformar el Concordato, este aunque aprobado por el Congreso nunca entró en vigencia.

Después de la violencia de los años 40 y 50 del siglo XX, y con la instauración del Frente Nacional a través de un plebiscito se retorna a un estado confesional, que llevaría las relaciones Estado-Iglesia a las fórmulas conservadoras de la Constitución de 1886. Al hacer a la Iglesia parte del Frente Nacional, ello significó una ruptura de la relación de exclusividad de la Iglesia con el partido conservador y el fin de sus conflictos tradicionales con el partido liberal.

Las directrices emanadas del Concilio Vaticano II, un intento de la iglesia por entablar un diálogo con el mundo moderno surgido de la ilustración, tuvieron un eco insospechado en los jóvenes, sacerdotes y laicos, y significaron una desestabilización del poder monolítico de la iglesia que había sido su característica hasta ese momento.  Estas fisuras internas se hicieron patentes en la discusión sobre el nuevo Concordato, en 1973, que fue aprobado por los dos partidos tradicionales (aunque con la oposición de buen parte de los liberales). En 1987 el presidente Barco propuso modificar el Concordato para incluir regulaciones sobre el derecho de familia y la libertad de enseñanza.

Se puede afirmar que esta situación, aunque con matices, culmina con la promulgación de la Constitución de 1991. En ella, se reflejan los cambios de la sociedad colombiana en materia de mayor pluralismo religioso y pérdida de la posición monopólica de la Iglesia Católica, todo ello sumado al fallo de la Corte Constitucional de 1993 en relación al Concordato, que declaraba inconstitucional buena parte de sus artículos.

3. Reconocimiento de derechos y propiedad a la población ancestral indígena.
   

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Este es otro aspecto de la nación colombiana que ha pasado por diferentes etapas y períodos. Desde la Constitución de Cúcuta en 1821 que abolió el pago del tributo personal y el servicio personal obligatorio, estableció los primeros territorios destinados para resguardos (tierras de propiedad colectiva regidas por un cabildo de indios), pasando por el período en el que, a partir de la Constitución de 1886 se expidió la ley 89 de 1890 “Por medio de la cual se determina la manera como deben ser gobernados los salvajes que vayan reduciéndose a la vida civilizada”, que postulaba un manejo indirecto de los pueblos indígenas –al estilo colonial- y los asignaba bajo la tutela de las misiones católicas, siendo considerados como “menores de edad” en lo que atañe al régimen civil y penal de la Nación.

La primera mitad del siglo XX se caracterizó por la división de los resguardos y la enajenación de los territorios indígenas.  En 1961 se promulgó la ley 135 de 1961 que delineó una nueva política agraria frente a las tierras indígenas, propiciando la creación de nuevos resguardos.

Las décadas de los 70 y 80 fueron decisivas con sus movimientos sociales para la recuperación de las tierras indígenas, pero no fue sino hasta la Constitución de 1991 donde se reconocieron los derechos de estos pueblos.

Sin embargo, la exacerbación del conflicto armado en las últimas tres décadas, la presión por los cultivos ilícitos, y la creación de verdaderas mafias entre los líderes de los pueblos indígenas, que se benefician indebidamente de las prebendas y consideraciones asignadas para sus pueblos generando toda una cadena de tráfico de influencias, hace que este tema siga siendo un gran pendiente en el cumplimiento de las promesas que dieron origen a la nación colombiana.

El feroz conflicto que hoy vivimos como producto del reacomodo de las fuerzas por el dominio de los territorios que antes regentaban las FARC, pasa igualmente por la soberanía y la estabilidad de los pueblos indígenas en sus territorios, por la preservación de sus costumbres y el respeto a sus tradiciones ancestrales.

4. La educación universal y de calidad:
   

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Este es otro tema que ha pasado por muchas tentativas, reformas, contrarreformas, y dilaciones.  El propósito de los criollos que lideraron la guerra de independencia era establecer una educación universal, de calidad pertinente e incluyente (campesinos y grupos minoritarios de indígenas y afrodescendientes). Ellos veían en la educación la manera de eliminar los indeseados rezagos de la mentalidad colonial en la población, y una forma de instrumentalizar la población para ponerla al servicio del desarrollo económico y social de la Nación.

En el Congreso de Angostura de 1819 y la Constitución de Cúcuta de 1821 se sentaron las bases para el proyecto educativo del naciente Estado-nación.  Las premisas eran: reforma de las viejas costumbres coloniales, igualdad de derechos y deberes para todos los ciudadanos sin distinción de raza ni de clase, la estructuración de un aparato educativo que divulgara la ciencia y la técnica, y haciendo énfasis en la educación cívica y religiosa, y el reto de hacerlo igual para todos y de manear gratuita, extendiéndose a todo el territorio de la nación.

De esta manera, la escolarización masiva fue contemplada como pilar para el proyecto de nación, y para otorgar ciudadanía a sus habitantes, estableciendo con ellos vínculos recíprocos.

En el período de la Gran Colombia el énfasis estuvo orientado al establecimiento de nuevas instituciones educativas y métodos de enseñanza. A partir de la disolución del gran país y los hechos turbulentos que rodearon este período, el proyecto educativo se torna errático, el propósito de tener una educación laica retrocede, y se entroniza nuevamente el contenido religioso, fortaleciendo el papel de la Iglesia como como responsable de la educación en todo el territorio.

Este primer proceso de expansión tuvo como inconveniente el hecho de dejar por fuera de manera radical a la población campesina, pues fue un modelo de educación básicamente urbano, ya que las primeras escuelas estuvieron ubicadas en pueblos, ciudades y provincias, teniendo además un fuerte acento centralista (los principales centros de enseñanza se ubicaron en las ciudades como Bogotá, Popayán o Cartagena). Tuvo también fuertes dificultades en impartir una educación de calidad, ya que la mayoría de los maestros carecían de la mínima formación lo que redundó en que, en general, la calidad de la educación en estas primeras etapas fuera muy precaria.

No obstante los esfuerzos de esta primera etapa, en la primera mitad del Siglo XX, Colombia seguía estando atrasada en términos de cobertura y calidad educativa, presentando un bajo nivel de escolaridad, el nivel de alumnos matriculados vs. total de la población fue en este período uno de los más bajos de la región.

Según apartes contenidos en el documento “La educación primaria y secundaria en Colombia en el siglo XX, María Teresa Ramírez G. y Juana Patricia Téllez C. Banco de la República, 2006:

“En la primera mitad del siglo, la preeminencia de la Iglesia en la educación seguía siendo alta, e incluso, esta se opuso a reformas estructurales de la educación, como la que intentó el presidente Pedro Nel Ospina, asesorado por la misión Alemana, que terminó abandonando debido a la fuerte oposición de la Iglesia Católica que temía ver disminuido el poder que ejercía en el aparato educativo de la nación.   La brecha entre educación urbana y rural continuó y se profundizó.

Entre las principales reformas del gobierno del Presidente López se encuentra la reforma constitucional de 1936, en la cual se garantizó́ la libertad de enseñanza, se permitió́ una secularización de la educación, y se fortaleció́ la intervención del Estado. En particular, se decretó́ que la educación primaria pública debería ser gratuita y obligatoria, tema al que se oponía férreamente la Iglesia.

A partir de la década del 50 del siglo pasado, y hasta mediados de los años setenta, la educación experimentó un gran crecimiento: se expandieron de manera importante el número de alumnos matriculados, así como la cantidad de establecimientos educativos y el número de docentes (aunque su nivel de preparación seguía siendo muy bajo).

 Esta expansión experimentó un freno desde mediados de los setenta y hasta principios de los ochenta, años en donde se da otra gran expansión que duró hasta terminar el siglo.

En los setenta, Colombia presentaba una tasa de analfabetismo del 22%, cifra superior a las de Argentina que había logrado reducirla a 7% y Chile y Costa Rica a 11.8%

Esta evolución de las variables educativas se da en el marco del proceso de descentralización del sector educativo que se inicia formalmente en 1986 y se fortalece en el marco de la Nueva Constitución Política de Colombia en 1991.

A comienzos de la década, la Nueva Constitución de 1991 consagra a la educación como un derecho de la persona y un servicio público con función social. Por mandato constitucional la educación es obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad, debe comprender por lo menos un año de preescolar y nueve de educación básica y es responsabilidad del Estado, la sociedad y la familia.

Durante este período se realizaron esfuerzos innovadores para el aumento de la cobertura y el mejoramiento de la calidad tanto nacionalmente como con el apoyo de organismos multilaterales. En 1987 se inicia el Plan para la Universalización de la Educación Básica Primaria y en 1992 el Programa de Ampliación de la Cobertura y Mejoramiento de la Calidad de la Educación Secundaria (Paces), ambos con cofinanciación del Banco Mundial. Este último programa, entrega financiación a la demanda de educación bajo condiciones de rendimiento académico y necesidades financieras, de tal forma que los estudiantes pobres puedan realizar sus estudios secundarios. 

En cuanto a la tasa de analfabetismo se realizaron importantes logros durante el período al disminuirla del 15.8% en los años ochenta al 8.3% al finalizar el siglo.

Sin embargo, en términos de calidad los indicadores por los logros de los estudiantes permiten sacar conclusiones sistemáticas acerca de la baja calidad de la misma y su deterioró en los últimos años. Las pruebas que desde 1991 elabora el Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación (Saber) muestran que a finales de siglo la mayoría de los estudiantes de los grados 3 y 5 de la escuela primaria poseen un nivel académico inferior al correspondiente a su edad. Así́ mismo, las pruebas del Instituto Colombiano de Fomento para la Educación Superior (Icfes) sugieren un descenso en la calidad de la educación durante la década de los noventa”.

A pesar de estos avances, al finalizar los años noventa el sector educativo en Colombia seguía teniendo bajos niveles de eficiencia, cobertura y calidad.

Algunos de los retos de la Educación en Colombia para el siglo XXI son:

• Reconocer la importancia de la educación inicial.
• Asegurar la permanencia de todos los niños y jóvenes en el sistema educativo hasta culminar la educación media.
• Ampliar la cobertura en la educación superior.
• Trabajar en el mejoramiento de los estándares de calidad de la educación.
• Realizar reformas que garanticen la educación con equidad
• Mejorar integralmente el cuerpo docente escolar, la infraestructura física y tecnológica y modernizar los currículos.
• Reforzar y estimular la investigación en el cuerpo docente y en los alumnos.
• Aumentar el presupuesto destinado a la educación.
• Involucrar a la sociedad civil para establecer la educación como prioridad y proyecto de desarrollo nacional.

Son tantos los rezagos en materia educativa y tanto el sentimiento (que se conserva desde los idearios de los criollos al mando del proceso de independencia) de que la educación es el pilar de la consolidación del estado nación colombiano, que en la última contienda electoral uno de los candidatos presidenciales, con nutrida votación en la primera vuelta, tenía como bandera aumentar significativamente los recursos destinados al sistema educativo y entronizar la educación como el gran propósito nacional. Su eslogan de campaña se basaba en el hecho de que él era un “Profesor”, y que solo un docente al mando del país podría por fin hacer las reformas que se han aplazado durante tantos años para llegar a alcanzar la sociedad que todos deseamos.

Conclusión 

Haciendo este recorrido por algunos de los propósitos fundamentales de los criollos que lideraron la emancipación del reino español, liberándonos aparentemente de la condición de colonia, e intentando construir una autonomía en términos del ejercicio de la libertad de determinación como territorio nacional consolidado, podemos decir que los temas fundamentales continúan pendientes, habiendo sido objeto de idas y venidas, en el ejercicio de una política errática que ha resuelto de mala forma las contradicciones internas (de credo, clase, raza, propiedad, etc.), y que sigue sumida en las mismas discusiones.

Ejemplo de ellos abundan, además de los enunciados, en el área de la infraestructura. El fracaso del sistema de transporte por vía férrea, o el de la navegabilidad del río Magdalena, este último que fue el gran sueño de los patriotas desde Bolívar, nos muestran que poco hemos avanzado en estos doscientos ocho años y que nuestros problemas continúan siendo básicamente los mismos que enfrentaron los dirigentes de la primera nación republicana.

Sumidos en el escenario del posconflicto, con un brusco retorno a las políticas conservadoras y de derecha, parecemos repetir ese bucle sinfín que nos lleva a girar al punto de partida de nuestros padecimientos y violencias.

Siendo crueles podríamos decir que, aunque enfrascados en los mismos asuntos, hoy día podemos consultarlos de manera más rápida y amplia, y debatirlos (si se quiere) en tiempo real, porque ahora, a diferencia de hace doscientos ocho años, tenemos internet.

[1] Tomado de la página web de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Texto “Promesas y frustraciones de la independencia: doscientos años de ilusión y desencanto”

Especial 20 de julio: día de la Independencia en Colombia

Nuestra amada patria Colombia celebra 208 años de libertad, independencia e historia.  Reviva con La Cebra que Habla momentos históricos que marcaron un antes y un después en el destino de todos los colombianos. Personajes, sucesos, ideas, acciones de hombres y mujeres que con sus gestas lograron derechos, oportunidades y responsabilidades que hoy podemos disfrutar, y esto, como un agradecimiento y un honor, el llevar el nombre de nuestro país en alto donde quiera que estemos.

Bienvenidos y elija el texto de su preferencia, no sin antes, si desea, escuche el Himno Nacional de nuestra amada Colombia

Himno Nacional de Colombia

En el período colonial “el matrimonio significaba, no sólo una unión espiritual y un compromiso social, sino también un contrato económico para conservar la fortuna familiar.

Texto extraído de:Prolegómenos – Derechos y Valores

Preguntarse acerca de si las mujeres a lo largo de la historia colonial e independentista de Colombia tuvieron alguna noción de la implicación del concepto de derecho, asumido éste como garantía, puede remitir a una negación; el problema que llevó a la realización de este artículo tiene que ver con este enunciado. Es muy probable que la mujer entendiera su papel más desde su rol de madre y esposa, fundado en una formación de orden eminentemente católico –ciertamente exclusionista, bajo una condición de sometimiento frente a una figura protectora ya fuera del padre, el esposo, el sacerdote, el hermano, el hijo, o incluso, el alcalde; entendiendo que su activa participación se reservaba para actuar como pieza en un contrato matrimonial que beneficiara a su familia.

Entrada la independencia, y sin lograr desprenderse de los elementos morales y culturales legados por la colonia, pretendió acercarse al conflicto político que se vivía en el virreinato, participó en él, e incluso tomó decisiones frente al mismo, sin que existiera el conocimiento de una garantía que le favoreciera, a más del beneficio social o económico para su familia y político para su patria. Sin duda, estas mujeres tuvieron más deberes que derechos, pero no se desarrollaron como tales en pro de la consecución de alguna ventaja para sí, su lucha fue motivada más por la necesidad que por el interés.

Para el logro de lo expuesto fue necesario acudir a fuentes primarias de la historia (fondos y archivos públicos y privados), secundarias (las leyes de Toro, por ejemplo), e innumerables bibliográficas y técnicas.

Los métodos de trabajo que se adaptaron a las necesidades de conocimiento fueron: el histórico, por fundarse en un problema de los periodos colonial e independentista de la historia de Colombia; el lógico, porque la observación histórica se refiere a una situación jurídica más concreta, cual es la identificación de los derechos y deberes de las mujeres en el periodo descrito, y porque dicho fenómeno jurídico se inscribe no como tal –desde una mirada positiva– sino más desde el contexto político, social y religioso de la época; y el inductivo-deductivo, que permite presentar un recorrido ordenado desde la consideración que la tradición judeo–cristiana guarda del papel de la mujer en la sociedad, hasta su posicionamiento en los ámbitos sociales y políticos de los tiempos de guerra intestina nacional.

Las alianzas matrimoniales, una estrategia política 

En el período colonial “el matrimonio significaba, no sólo una unión espiritual y un compromiso social, sino también un contrato económico para conservar la fortuna familiar. Era un medio para crear un tejido de intereses y alianzas familiares”13. En la reproducción de la descendencia por alianzas exógamas, jugaron un papel definitivo las mujeres, de hecho, emparentar con españoles y otros europeos, o con miembros destacados de la sociedad colonial, era una tarea muy importante que le convenía a todo el grupo.

Esta afirmación se ilustra a partir de una reconocida familia socorrana del siglo XVII, cuyo nivel de importancia superó lo regional dado que su descendencia figuró entre los estadistas nacionales más reconocidos de la primera república: Procedente de España don Francisco Félix de Plata y Domínguez, nacido en “San Lúcar de Barrameda (Cádiz), se casó en Chanchón (hoy Socorro – Santander),en 1686, con doña Josefa Martín Moreno y Meneses, del matrimonio nacieron: El Capitán de Infantería Española Hipólito José Plata y Moreno, casado con Doña Catalina González del Busto, padres de Don Salvador Hilario Plata y González, conocido Capitán de la Insurrección Comunera de 1781, abuelos de Doña Bruna Plata Álvarez, esposa de Don Miguel Tadeo Gómez, discípulo de Mutis en tierras santandereanas, y hermano de quien fuera ministro durante la administración Santander, don Diego Fernando Gómez, ambos, sobrinos de don José Acevedo y Gómez, el “Tribuno del Pueblo”, del 20 de julio de 1810.

Félix, casado con Apolinaria Franco; Petronila, casada con Miguel Gerónimo Renjifo, padres de Martha María Atala Renjifo Plata, esposa de Joaquín Plata Obregón, miembro de las Convenciones Constituyentes de 1831 y 1832; Salvador, casado con María Tobar Plata y de quien se expresa don Salvador en su testamento ser “loco, desmemoriado y de corto talento”14; Luisa, casada con Javier Bonafont; y, Crisóstomo Plata Alvarez.

Corresponden al mismo origen Teresa Plata González, esposa de José Antonio Benítez, padres de Domingo José, José Antonio y Emigdio, este último, actuó como vocal en el Cabildo Abierto del 20 de julio en Santa Fe, miembro de la Junta Suprema del Reino y profesor de Francisco de Paula Santander. También son parte de esta línea Pedro José, Lorenzo y Ciriaco Plata González, Abogados de la Real Audiencia de Santa Fe de Bogotá, y, Bonifacio Javier Plata González miembro de la Compañía de Jesús.

Perteneció al mismo linaje el Obispo de Antioquia Juan de la Cruz Gómez Plata. Pedro José Plata Moreno casado con María Rosa de Acevedo y Peñaloza, tía del “Tribuno del Pueblo”, y con María Joaquina Martínez Gómez Farelo, con esta última, fue el abuelo de Micaela Gregoria Plata Obregón esposa de Ignacio Javier Azuero, padres de Esteban Rafael, Julio Fermín Cayetano, Juan Nepomuceno, Anselmo Vicente19, Juana Josefa, Rosalía Faustina y María del Carmen Azuero Plata.

Juan Nepomuceno20 fue uno de los firmantes del Acta de Independencia el 20 de julio en Santa Fe, estuvo acusado por atentar contra la vida del “Libertador” en la denominada “noche septembrina”, como presidente del Senado en 1851 firmó la Ley sobre libertad de esclavos, como sacerdote ofició el matrimonio del General Francisco de Paula Santander con doña Sixta Ponton Piedrahíta. Anselmo Vicente, fue diputado nacional por las provincias del Socorro, Casanare y Chocó en el Congreso de 1821, miembro de redactores del Código Penal de 1823, Ministro del Interior en 1830, Consejero de Estado en 1832, postulado a la vicepresidencia de la república en 1833 y 1835 y a la presidencia en 1837 y 1840, su padrino de matrimonio fue el General Francisco de Paula Santander.

Isidro Plata Obregón, casado por segunda vez con Doña Trinidad Soto y Montes de Occa hermana del estadista nortesantandereano Francisco Soto.

Hija de María Petronila Plata Rodríguez y Pedro Santos Meneses fue Antonia Santos Plata célebre durante la independencia por su papel revolucionario. Uno de los hermanos de Antonia, Joaquín, contrajo matrimonio con Josefa Rosillo, hermana del canónigo Andrés María Rosillo y Meruelo, vocal de la Junta Suprema de 1810 en Santa Fe23. Para el año de 1781, cuando se dio en el Socorro la insurrección de los comuneros, la familia Plata conformó un mismo círculo en la dirección del movimiento, a partir de sus diferentes líderes: “Salvador Plata era primo de la esposa de Juan Francisco Berbeo; Juan Maldonado de la Zerda era tío político de la esposa de Francisco Rosillo y cuñado de Catalina González del Busto (madre de Salvador Plata); Juan Manuel Berbeo (hermano de Juan Francisco) estaba casado con María Josefa Maldonado y Domínguez, hija de Juan Maldonado; a su vez, Francisco Rosillo era primo de Antonio Monsalve”.

En la Independencia

De muy variadas formas se registra la participación de las mujeres durante la guerra por la independencia. Las señoras santafereñas, supieron disfrazar su papel de excelentes amas de casa y anfitrionas para propiciar en los salones de sus casas los más profundos e ilustrados debates sobre la libertad. Una de estas célebres matronas fue doña Manuela Sanz de Santamaría de González Manrique, educada en asuntos de naturalismo, literatura, en lengua francesa, italiana y latina, acostumbraba a ofrecer su casa para la realización de la conocida tertulia del Buen Gusto, que contó con la presencia de varios intelectuales protagonistas de los hechos del 20 de julio en Santa Fe, entre los que se cuentan los señores Custodio García Rovira, Camilo Torres, José Fernández Madrid, Miguel de Pombo, Manuel Rodríguez Torices y Frutos Joaquín Gutiérrez.

Algunos historiadores mencionan el papel de mujeres combatientes en las batallas, generalmente al lado de sus maridos, se trataba de mujeres del pueblo a quienes se les conoció como las “Juanas”, las “cholas”, o las “seguidoras de campamento”. Sobre las “Juanas”, cuenta el General Daniel Florencio O’Leary, en sus Memorias, acerca de una de ellas que, siguiendo a las tropas por los Andes, dio a luz en el camino y continuó la marcha al día siguiente, con el recién nacido en sus brazos, por algunos de los peores caminos de la zona46. Otros nombres registrados corresponden a Evangelina Tamayo, luchó en la batalla de Boyacá, tenía el rango de Capitán47; Teresa Cornejo, Manuela Tinoco y Rosa Canelones, pelearon en Gámeza, en el Pantano de Vargas y en Boyacá.

No puede hablarse de mujeres célebres en la historia de Colombia sin mencionar los nombres de Policarpa Salavarrieta y Antonia Santos Plata. Policarpa Salavarrieta, más conocida como la “Pola”, llegó a Bogotá en el año de 1817, para trabajar como costurera, un oficio que disimulaba su verdadera misión, cual era la de conspirar contra el gobierno del Virrey Sámano.

La “Pola” colaboraba al ejército libertador como mensajera de la guerrilla de los Llanos, ayudaba con las compras del material de guerra, y reclutaba a jóvenes para que se vincularan al ejército patriota. Quien fuera presidente de Colombia entre los años 1849 y 1853, José Hilario López, se encontraba presenciando el fusilamiento de la “Pola”, el 14 de noviembre de 1817, de sus Memorias provienen las últimas palabras de la heroína, con un contenido que muestra su claro entendimiento acerca de los problemas políticos que aquejaban a la sociedad granadina, y de la necesidad de propiciar un cambio en el régimen: En vano se molesten, padres míos: si la salvación de mi alma consiste en perdonar a los verdugos míos y de mis compatriotas, no hay remedio, ella será perdida, porque no puedo perdonarlos, ni quiero consentir en semejante idea. Déjenme ustedes desa hogar de palabra mi furia contra estos tigres, ya que estoy en la impotencia de hacerlo de otro modo.

Con qué gusto viera yo correr la sangre de estos monstruos de iniquidad. Pero ya llegará el día de la venganza, día grande en el cual se levantará del polvo este pueblo esclavizado, y arrancará las entrañas de sus crueles señores. No está muy distante la hora en que esto suceda, y se engañan mucho los godos si creen que su dominación pueda perpetuarse. Todavía viven Bolívar, Santander, Páez, Monagas, Nonato Pérez, Galea y otros fuertes caudillos de la libertad; a ella está reservada la gloria de rescatar la patria y despedazar a sus opresores […]49. Dos años después del sacrificio de Policarpa Salavarrieta, en la controvertida provincia del Socorro se registró el ajusticiamiento contra una mujer de reconocido status social y económico, que había hecho suyo el papel de auxiliadora del ejército libertador.

María Antonia Santos Plata; tía de Elenita Santos Rosillo, la niña sacrificada por los realistas el 4 de agosto de 1819, durante la batalla del río Pienta en Charalá, y de quien don Manuel Ancízar refirió: “Tal fue la ferocidad de sus voraces enemigos, que se asegura con verdad que en el mismo templo fueron degolladas varias personas, entre otras la bella y virtuosa joven Elena Santos, a quien después de su muerte estupró un soldado”.

El fusilamiento de Antonia Santos fue ordenado por el gobernador de la provincia, Lucas Caballero, la ejecución se realizó el 28 de julio de 1819, diez días antes de la Batalla de Boyacá, y se le condenó por financiar y dirigir los movimientos de la guerrilla de Coromoro (Santander), lugar de su residencia. Otras mujeres desempeñaron su papel político en calidad de auxiliadoras económicas de las tropas, enfermeras, estafetas, o integrantes del ejército libertador. A muchas se les registra por haber recibido la pena capital, entre ellas se encuentran:

DOMITILA SARASTI: fusilada el 11 de diciembre de 1812.

DOMINGA BURBANO: fusilada el 13 de diciembre de 1812.

RAMONA ALVARÁN: fusilada el 13 de febrero de 1813.

ROSA ZÁRATE DE PEÑA: fusilada y decapitada el 17 de julio de 1813.

MERCEDES ABREGO DE REYES: fusilada el 13 de octubre de 1813

ROSAURA VELEZ DE PEÑA: fusilada en enero de 1814.

EULALIA BUROZ DE CAMBERLAINE: despedazada a sablazos el 7 de abril de 1814.

MARÍA DEL CARMEN Y BALBINA ULLOA: Fusiladas el 13 de abril de 1814.

JUANA RAMÍREZ: fusilada en marzo de 1816.

CARLOTA ARMERO: fusilada el 28 de mayo de 1816.

PRESENTACIÓN BUENAHORA: fusilada el 28 de Junio de 1816.

JOAQUINA AROCA: fusilada el 5 de septiembre de 1816.

AGUSTINA MEJÍA: fusilada el 8 de septiembre de 1816.

ROSAURA RIVERA: fusilada el 26 de noviembre de 1816.

JUSTA ESTEPA: fusilada el 16 de enero de 1817.

ANSELMA LEYTON: fusilada el 17 de enero de 1817.

INÉS OSUNA: confinada y sacrificada el 6 de septiembre de 1817.

MERCEDES LOAIZA: fusilada el 16 de septiembre de 1817.

ANTONIA MORENO: fusilada el 19 de septiembre de 1817.

DOLORES SALAS: fusilada el 14 de Septiembre de 1817.

MARÍA DEL ROSARIO DEVIA: fusilada el 16 de septiembre de 1817.

LUISA TRILLERAS: fusilada el 18 de septiembre de 1817.

MARTHA TELLO: fusilada el 12 de noviembre de 1817.

GREGORIA POLICARPA SALVARRIETA RÍOS: Fusilada el 14 de noviembre de 1817.

BIBIANA TALERO: fusilada el 21 de noviembre de 1817.

CANDELARIA FORERO: fusilada el 26 de noviembre de 1817.

REMIGIA CUESTAS: fusilada en 2 de diciembre de 1817.

SALOMÉ BUITRAGO: fusilada el 3 de diciembre de 1817.

IGNACIA MEDINA: fusilada el 9 de diciembre de 1817.

EVANGELINA DÍAZ: fusilada el 19 de agosto de 1818.

MANUELA USCÁTEGUI: fusilada el 20 de diciembre de 1818.

TERESA IZQUIERDO: fusilada el 24 de julio de 1819.

MANUELA Y JUANA ESCOBAR: lanceadas el 10 de julio de 1819.

MARIA ANTONIA SANTOS PLATA: fusilada el 28 de julio de 1819.

AGUSTINA FERRO: fusilada el 20 de mayo de 1820.

En diversas comunicaciones el Libertador Simón Bolívar reconoció a las mujeres de diferentes lugares, sus contribuciones a la independencia.

Según cuentan algunos testigos, los criollos fueron al almacén de Llorente a pedirle prestada una pieza.

Texto extraído de:  Archivo de Bogotá / Secretaría General

Tras la abdicación de Fernando VII, que fue puesto preso por Napoleón, en toda la península española se organizaron juntas de gobierno local para resistir al invasor y, al mismo tiempo, gobernar en ausencia del rey depuesto; en realidad, esas juntas vendrían a ser una especie de gobierno alterno junto al que impusieron las tropas de ocupación.

De inmediato, este “gobierno paralelo” designó representantes en todas las provincias españolas y en las americanas y Filipinas con el propósito de unificar criterios en la defensa de la soberanía española; pero –fundamentalmente- con el fin de impedir que ante el “vacío de poder” no fueran a producirse revoluciones liberales, o se establecieran regímenes republicanos, y se fuera al traste la monarquía.

La decisión, sin embargo, causó profundo malestar en los virreinatos americanos, porque mientras los españoles quedaron con 36 representantes, los americanos sólo quedaron con nueve. A partir de ahí los criollos empezaron a exigir mayor autonomía e, incluso, independencia de la metrópoli, porque se sintieron discriminados y faltos de representación.

¿Quién debía gobernar? ¿Por qué unas provincias se arrogan el poder para imponerse sobre las otras?

Esa es la razón por la que Francisco José de Caldas escribe el famoso “Memorial de Agravios”, en el que plantea que los españoles americanos tienen el mismo derecho que los españoles europeos, y propone seguir el ejemplo de las provincias españolas que se proclamaron soberanas para apoyar al rey Fernando VII (y no para revertir su autoridad). Sin dejar de alabar a la autoridad española criticó su política y exigió la igualdad de derechos políticos para criollos y peninsulares; expuso cómo el sistema educativo era un gravísimo error para la difusión de conocimientos y cómo España no recibía sino los beneficios que podía obtener de América, pero no oía sus males.

En Santafé, el virrey Amar y Borbón hizo oídos sordos a lo que ocurría en España, y al enterarse de que un grupo de notables criollos esperaban con ansia la llegada del comisionado regio, Antonio Villavicencio -encomendado por la junta española para instaurar en la Nueva Granada su propia junta local- planeó entonces enviarlos a prisión. El asunto es que los criollos se enteraron del plan y, sin pensarlo dos veces, comenzaron a realizar reuniones en sus propias casas y luego en el Observatorio Astronómico, cuyo director era Francisco José de Caldas, porque era un sitio discreto y “libre de sospechas”.

En esas reuniones se ideó la táctica política para provocar una limitada y transitoria perturbación del orden público, tomarse el poder y dar salida al descontento potencial que existía en Santafé contra la audiencia española. Lo importante era conseguir que el Virrey, presionado por la perturbación del orden, constituyera ese mismo día la Junta Suprema de Gobierno, integrada por los regidores del Cabildo de Santafé.

Antonio Morales propuso que el incidente podía provocarse con el comerciante peninsular José González Llorente y se ofreció a intervenir en el altercado. Los notables criollos aceptaron la propuesta y decidieron ejecutar el proyecto el viernes 20 de julio, cuando la Plaza Mayor estaría colmada de gente de todas las clases sociales, por ser el día habitual de mercado. Se convino que Pantaleón Santamaría y los hermanos Morales fueran el día indicado a la tienda de Llorente a pedirle prestado un florero o cualquier clase de adorno que les sirviera para decorar la mesa de un anunciado banquete en honor a Villavicencio.

En el caso de una negativa, los hermanos Morales procederían a agredir al español. Para garantizar el éxito del plan, si Llorente entregaba el florero o se negaba de manera cortés, se acordó que Francisco José de Caldas pasara a la misma hora por frente del almacén de Llorente y le saludara, lo cuál daría oportunidad a Morales para reprenderlo por dirigir la palabra a un “chapetón”,  enemigo de los americanos, y dar así comienzo al incidente.

Según cuentan algunos testigos, los criollos fueron al almacén de Llorente a pedirle prestada una pieza. Algunos dicen que fue un ramillete, otros un farol y hasta un florero. Según el historiador Indalecio Liévano Aguirre, “Llorente se resiste porque dice que la pieza está maltratada y en mal estado. Se arma el tumulto y se convoca a un cabildo abierto poniéndose en sintonía con lo que ocurre en las otras provincias de la Nueva Granada y lo que ocurre en las otras colonias españolas”.

Poco antes de las doce del día, como estaba previsto, se presentaron los criollos ante Llorente y, después de hablarle del anunciado banquete a Villavicencio, le pidieron prestado la pieza para adornar la mesa. Llorente se negó, pero su negativa no fue dada en términos despectivos o groseros. Se limitó a explicar diciendo que la había prestado varias veces y ésta se estaba maltratando y por lo tanto, perdiendo su valor.

“Entonces –en palabras de Liévano Aguirre- intervino Caldas, quien pasó por frente del almacén y saludó a Llorente, lo que permitió a Antonio Morales, como estaba acordado, tomar la iniciativa y formular duras críticas hacia Llorente. Morales y sus compañeros comenzaron entonces a gritar que el comerciante español había respondido con palabras contra Villavicencio y los americanos, afirmación que Llorente negó categóricamente”.

Entre tanto, los principales conjurados se dispersaron por la plaza gritando: ¡Están insultando a los americanos! ¡Queremos Junta! ¡Viva el Cabildo! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Mueran los bonapartistas! La ira se tomó el sentir del pueblo. Indios, blancos, patricios, plebeyos, ricos y pobres empezaron a romper a pedradas las vidrieras y a forzar las puertas. “El Virrey, las autoridades militares y los españoles, contemplaron atónitos ese súbito y violento despertar de un pueblo al que se habían acostumbrado a menospreciar”, asegura Aguirre.

El resto es historia. El Acta de Independencia no era realmente una declaración propiamente de independencia, pues como lo afirma el mismo documento, esta no pretendía (en nombre de la Nueva Granada) “abdicar los derechos imprescriptibles de la soberanía del pueblo a otra persona que a la de su augusto y desgraciado Monarca don Fernando VII”.

Según ciertos historiadores, Nariño no habría sido solamente el precursor de la revolución.

Texto extraído de Scielo. Autores: Isidro Vanegas Magali Carrillo

Durante casi un siglo, el papel de Antonio Nariño en la revolución neogranadina fue escasamente destacado. Aunque intelectuales como José María Vergara y Vergara y José Manuel Groot hicieron una apasionada vindicación de su desempeño en la ruptura revolucionaria, su contribución no fue aclamada por ninguno de los partidos políticos colombianos en la historia.

Los liberales no olvidaron la oposición de Nariño a la organización federativa de la nación, mientras que los conservadores no pudieron pasar por alto su desestabilizadora apelación al bajo pueblo, su dudoso catolicismo y su vínculo con las ideas revolucionarias francesas. Sólo a partir de la creación de la Academia Colombiana de Historia, y de la celebración del centenario, es que Nariño viene a ocupar en el panteón nacional el lugar eminente con que hoy sigue siendo distinguido.

Uno de los principales frutos de la historiografía patriótica forjada desde la Academia Colombiana de Historia fue, efectivamente, la elevación de Nariño al más alto escalón de los héroes. El multifacético personaje santafereño cuadraba bien con el imperativo de unificar la nación, pero su exaltación se hizo tergiversando el acontecimiento revolucionario en un aspecto esencial, pues el núcleo principal de los revolucionarios neogranadinos, quienes le habían dado a la revolución sus rasgos primordiales, fue despojado de su relevancia.

Aquella operación historiográfica bogotanizó la revolución, minimizó su carácter federalista y policéntrico y deploró su utopismo. El encumbramiento de Nariño, empero, fue construido con materiales intelectuales endebles. Muchos documentos relativos a su vida pública fueron compilados en textos de gran utilidad para los historiadores. Su función consistió, sin embargo, en adornar la estatua del prócer antes que en fundamentar verdaderos estudios académicos, pues la mayor parte de los textos sobre Nariño se caracterizan por sus graves déficits analíticos y documentales, que tienen mucho que ver con la manera como los historiadores se han acercado —reverentes— al personaje.

Buscan un símbolo para una nación que siempre habría existido y siempre habría tenido como destino su organización como república. En este artículo estudiaremos algunos momentos importantes de la vida pública de Nariño, que son también momentos claves de la revolución neogranadina. Hacemos, por lo tanto, un reexamen de ciertas ideas equívocas sobre quien fue exaltado por Indalecio Liévano Aguirre como el representante de “la democracia frente a la oligarquía”. En el primer acápite mostraremos las actividades de Nariño en las décadas finales del siglo xviii, poniendo en cuestión la pertinencia de seguir considerándolo el “precursor” de la revolución neogranadina.

En el segundo apartado haremos un rápido seguimiento a la intervención de Nariño en las etapas iniciales del acontecimiento revolucionario, tratando de captar su posición con respecto a los cambios en curso y su lugar con respecto a los líderes insurgentes. En el tercero, rastrearemos la actitud del presidente de Cundinamarca ante el ideal republicano y ante el proyecto independentista. Finalmente, haremos presente que Nariño merece el lugar distinguido que se le ha otorgado en la génesis de la nación colombiana, pero por razones diversas a las que comúnmente lo elevaron hasta allí.

Ubicado con cierta precisión en las coordenadas de su sociedad y de la conmoción revolucionaria, la figura de Nariño mantiene su brillo y la revolución recupera algo de la imprevisibilidad y profundidad que le han hecho perder a partir de las interpretaciones teleológicas.

Nariño o la revolución

Según ciertos historiadores, Nariño no habría sido solamente el precursor de la revolución. Para publicistas como Indalecio Liévano Aguirre, el santafereño, solo sintetizaría el acontecimiento en lo que éste tuvo de fecundo, lo cual expresa bien con su fórmula “Nariño o la Revolución”. En realidad, tuvo un papel menor en la etapa formativa del espíritu revolucionario neogranadino, viniendo a ser un actor importante de la escena política cuando ya el constitucionalismo y la vocación republicana habían arraigado entre los novadores de esta parte de la América española.

Como habíamos indicado, Nariño hizo gala de un lealismo que fue común a todos los neogranadinos durante la primera etapa del acontecimiento revolucionario. Pronto, sin embargo, comenzó a producirse el distanciamiento de los notables criollos con respecto al poder y la autoridad monárquica, y desde mediados de 1809 los hombres atentos a la situación vieron ésta saturada de peligros y esperanzas que abrían posibilidades hasta entonces insospechadas. En el virreinato neogranadino comenzaron a difundirse rumores sobre presuntas amenazas y traiciones, se empezó a pedir la creación de una junta provincial, y de forma masiva echó raíces el sentimiento de separación entre españoles europeos y españoles americanos.

Los temores de estos últimos, en el sentido de que la América española cayera en manos de los franceses, llevaron a algunos individuos en Santafé a idear diversas actividades subversivas que en primera instancia tenían por objeto salvaguardar los pilares de la monarquía: la patria, la religión y el rey. En medio de una situación caracterizada sobre todo por la incertidumbre, las autoridades fueron informadas de la pretensión de un grupo de sujetos de apoderarse de armas y caudales, así como de la persona del virrey, dentro de un plan para erigir una junta autónoma.

El principal agente de estas maquinaciones, carentes de un objetivo preciso, era el magistral de la catedral de Santafé de Bogotá, Andrés Rosillo; pero además de éste fueron arrestados el oidor de Quito Baltasar Miñano, los curas Juan Nepomuceno Azuero y Francisco Javier Serrano Gómez, así como el sobrino del magistral Rosillo, Juan José Monsalve. Nariño, que según los testimonios de los conspiradores aparece poco en la trama, también fue acusado, y el 30 de octubre de 1809 se ordenó su apresamiento, siendo poco después enviado a Cartagena.

En esta ocasión su encarcelamiento durará desde el 23 de noviembre de 1809, cuando es capturado, hasta el 20 de octubre de 1810, cuando llega la orden de Santafé para que regresara a esa ciudad. Se trata de un periodo decisivo de la revolución, pues las inquietudes por afirmar la pertenencia a la nación y a la monarquía españolas dan paso, precisamente en estos meses, a una vocación revolucionaria. Nariño estuvo fuera de juego no sólo durante el tiempo en que fueron creadas las juntas sino también cuando comenzó a abrirse paso la idea independentista y republicana, desde mediados de 1810.

Poco antes de recobrar su libertad, sin embargo, pudo mezclarse en la discusión acerca del establecimiento de un congreso general del reino, al cual la junta de la antigua capital virreinal había convocado el 29 de julio de dicho año. Las diversas provincias habían sido llamadas a participar en la reunión de un cuerpo de representantes que estaría compuesto de un diputado por cada una de las 22 provincias del reino y se congregaría temporalmente en Santafé, mientras se llamaba a una asamblea general de los cabildos. Diversas provincias acogieron el llamado, pero los cartageneros le hicieron fuertes reparos. En primer lugar, impugnaron el carácter temporal que tendría el congreso, alegando que así se duplicarían los gastos y se retrasaría la congregación de la “verdadera” representación del reino.

En segundo, rechazaron la asignación de un diputado por provincia, proponiendo en cambio la elección de representantes según la cantidad de población, en proporción de un diputado por cada 50 000 habitantes libres. Y en tercero, propusieron que en lugar de la antigua capital virreinal, la reunión se realizara en la ciudad de Antioquia o en la villa de Medellín, debido a que éstas eran puntos más equidistantes que facilitarían el viaje a todos los diputados. Ávido de intervenir en los acontecimientos aun estando preso, Nariño objetó la contrapropuesta de los cartageneros el mismo día en que éstos la publicaron, el 19 de septiembre de 1810.

Para dar vuelo a sus argumentos, comienza haciéndose preguntas cruciales acerca de la representación política en un régimen democrático, que en este momento, podemos inferirlo, se le presenta como la única alternativa a la monarquía borbónica. En la presente situación, afirma, aunque es claro que el pueblo reasume la soberanía, su ejercicio efectivo no puede recaer sino en los representantes que ese mismo pueblo nombre: justamente ahí comienzan los problemas sustanciales para los cuales es preciso elaborar una respuesta, y que sintetizan las alteraciones que está sufriendo el antiguo orden.

La dificultad, dice Nariño, radica en saber quién, cuándo, dónde y bajo qué fórmulas debe ser convocado el pueblo a elegir a sus representantes. En términos de la reflexión política actual, cómo resolver la aporía del pueblo como principio político y el pueblo como sujeto que ejerce la soberanía. Para él, el dilema entre convocar un congreso general y único o uno temporal es secundario, en la medida en que el pueblo todo no puede ser reunido para recoger su opinión, habiendo sido necesario, por lo tanto, lo hecho por las diferentes juntas, que fue, apropiarse temporalmente de la soberanía para poder iniciar un nuevo orden y luego restituirle esa soberanía al pueblo.

Lo más importante, cree, es darle organización y estabilidad al reino, por lo que considera un error el nombramiento de representantes según el número de habitantes. Nariño parece suponer que la representación abstracta, según la cantidad de población, como lo propone Cartagena, tiende a desarticular el cuerpo político, tema en el que dará un viraje cuando sea presidente de Cundinamarca, pues irá a impulsar la dislocación del antiguo orden político-administrativo, estimulando las adhesiones a su Estado de pueblos de otras jurisdicciones.

Pero a finales de 1810 el afán de estabilidad que lo hace defender la representación por provincias, lo hace defensor también de la provisionalidad del Congreso, pues cree que la propuesta de Cartagena, de un congreso que se tome el tiempo de nombrar representantes por número de habitantes, implicaría aplazar su reunión y por ende generaría anarquía. Nariño llama a actuar rápido y a variar poco el orden del virreinato para precaverse de los enemigos externos e internos. La propuesta de Cartagena finalmente no fue tomada en cuenta, y el cuerpo representativo neogranadino comenzó a reunirse en Santafé, eso sí con muchos sobresaltos, el 22 de diciembre de 1810. Nariño, mientras tanto, había vuelto a Santafé a comienzos de diciembre y fue nombrado como uno de los secretarios de dicho Congreso del reino. Como tal, se vio envuelto en las desavenencias, que no tardaron en desatarse, entre la junta santafereña y el Congreso, pues las dos entidades se consideraban soberanas y los límites de sus funciones y de su ámbito de autoridad no fueron esclarecidos.

Nariño se interesó en ayudar a armonizarla relación, sirviendo en un momento de portavoz a una propuesta del Congreso para que se le dejaran a éste los asuntos de paz y guerra, así como las contribuciones de las provincias en armas, soldados y dinero, mientras que las juntas provinciales se encargarían del gobierno de sus secciones en lo tocante a economía y justicia.

Poco antes de las doce del día, como estaba previsto, se presentó don Luis de Rubio en el almacén de Llorente y después de hablarle del anunciado banquete a Villavicencio, le pidió prestado el florero para adornar la mesa.

Texto extraído de: Universidad de los Andes (Colombia)

El 20 de julio de 1810 fue el inicio de los sucesos que cambiaron la historia de Colombia.

La historia nos dice que todo comenzó con un florero. Era viernes – 20 de julio y día de mercado – cuando un criollo fue a pedir prestado un florero. Un acto, en apariencia efímero, desató en un enfrentamiento entre criollos y españoles y culminó en la independencia de Colombia.

Sin embargo, hoy en día es claro que lo que sucedió este día no fue un hecho espontáneo como aquellos que habían caracterizado la vida política colonial. Fue la consecuencia de varias circunstancias que sucedieron en cascada y desembocaron en una gran rebelión del pueblo.

Los criollos tenían razones de fondo, que el 20 de julio se convirtieron en la gota que rebosó la copa. En las juntas realizadas entre 1808 y 1810, a pesar de que los criollos fueron invitados, la representación era mínima: entre 36 peninsulares, había 9 americanos. Esto hizo que los criollos por primera vez pensaran en la posibilidad de acatar un Estado- Nación.

Otro suceso fue el arresto, el 10 de agosto de 1809, del presidente de la audiencia de Quito, el Conde Ruiz de Castilla y sus ministros fueron sustituidos por la junta suprema de gobierno integrada por la elite criolla quiteña. Otra de las causas fueron los motines de Cartagena, del 22 de mayo de 1810 y los del Socorro en el 9 de julio del mismo año.

En consecuencia se creó la junta de notables integrada por autoridades civiles e intelectuales criollos. Los principales personeros de la oligarquía criolla que conformaban la junta eran: José Miguel Pey, Camilo Torres, Acevedo Gómez, Joaquín Camacho, Jorge Tadeo Lozano, Antonio Morales, entre otros.

Comenzaron a realizar reuniones sucesivas en las casas de los integrantes y luego en el observatorio astronómico, cuyo director era Francisco José de Caldas. En estas reuniones empezaron a pensar en la táctica política que consistía en provocar una limitada y transitoria perturbación del orden público y así aprovechar para tomar el poder español.

La junta de notables propuso promover un incidente con los españoles, a fin de crear una situación conflictiva que diera salida al descontento potencial que existía en Santa fe contra la audiencia española. Lo importante era conseguir que el Virrey, presionado por la perturbación del orden, constituyera ese mismo día la Junta Suprema de Gobierno, presidida por el señor Amar e integrada por los Regidores del Cabildo de Santa fe.

Don Antonio Morales manifestó que el incidente podía provocarse con el comerciante peninsular don José González Llorente y se ofreció “gustoso” a intervenir en el altercado. Los notables criollos aceptaron la propuesta y decidieron ejecutar el proyecto el viernes, 20 de julio, fecha en que la Plaza Mayor estaría colmada de gente de todas las clases sociales, por ser el día habitual de mercado.

Para evitar la sospecha de provocación se convino que Don Luis Rubio fuera el día indicado a la tienda de Llorente a pedirle prestado un florero o cualquier clase de adorno que les sirviera para decorar la mesa del anunciado banquete a Villavicencio. En el caso de una negativa, los hermanos Morales procederían a agredir al español.

A fin de garantizar el éxito del plan, si Llorente entregaba el florero o se negaba de manera cortés, se acordó que don Francisco José de Caldas pasara a la misma hora por frente del almacén de Llorente y le saludara, lo cuál daría oportunidad a Morales para reprenderlo por dirigir la palabra a un “chapetón” enemigo de los americanos y dar así comienzo al incidente.

Llegó el día indicado – 20 de julio 1810

Eran las 11 de la mañana y la plaza mayor estaba colmada por una heterogénea concurrencia, compuesta de tratantes y vivanderos, indios de los resguardos de la sabana y gente de todas las clases sociales de la capital.

Poco antes de las doce del día, como estaba previsto, se presentó don Luis de Rubio en el almacén de Llorente y después de hablarle del anunciado banquete a Villavicencio, le pidió prestado el florero para adornar la mesa. Llorente se negó a facilitar el florero, pero su negativa no fue dada en términos despectivos o groseros. Se limitó a explicar diciendo que había prestado la pieza varias veces y ésta se estaba maltratando y por lo tanto, perdiendo su valor.

Entonces intervino Caldas, quien pasó por frente del almacén y saludó a Llorente, lo que permitió a don Antonio Morales, como estaba acordado, tomar la iniciativa y formular duras críticas hacia Llorente. Morales y sus compañeros comenzaron entonces a gritar que el comerciante español había dicho a Rubio malas palabras contra Villavicencio y los americanos, afirmación que Llorente negó categóricamente.

Mientras tanto los principales conjurados se dispersaron por la plaza gritando: ¡Están insultando a los americanos! ¡Queremos Junta! ¡Viva el Cabildo! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Mueran los bonapartistas!. La ira se tomó el sentir del pueblo.

Indios, blancos, patricios, plebeyos, ricos y pobres empezaron a romper a pedradas las vidrieras y a forzar las puertas. El virrey don Antonio Amar y Borbón desde su palacio, observaba con alarma la situación que se escapaba de sus manos; la guardia que era por cierto muy escasa, estaba al mando de Baraya, quien rápidamente puso las tropas al servicio de la revolución, a tal punto que los cañones se enfilaron hacia el palacio del virrey.

El virrey muy asustado, aceptó reunir un cabildo extraordinario presidido por él, los oidores y los miembros del Cabildo de Santa Fe; al final de la tarde se impuso dicha reunión, se procedió a la elección de los vocales, de los voceros, que se fue haciendo por admiración; desde el balcón de la casa se iban proponiendo nombres de todos los próceres, y el pueblo los iba aclamando: Camilo Torres, Luis Caicedo y Flórez, Joaquín Gutiérrez, José Miguel Pey, Frutus Joaquín Gutiérrez, Sinforoso Mutis, Miguel Pombo, Luis Fernando Azuola Pedro Groot, Andrés Rosillo, Antonio y Francisco Morales, Antonio Baraya. Hacía las seis de la tarde, José Acevedo y Gómez lanza una arenga que le mereció el título de Tribuno del pueblo, invitando a la gente a que se mantuviera en pie, defendiendo lo que se estaba buscando.

La arenga, termina con unas palabras conocidas:

“Si perdéis estos momentos de efervescencia y calor, si dejáis escapar esta ocasión única y feliz, antes de 12 horas, seréis tratados como los insurgentes, ved los calabozos, los grillos y las cadenas que os esperan.”

Reunido el Cabildo, se procedió a elegir una Junta Suprema de Gobierno; la cual se encargaría del gobierno y se desconocía la autoridad del virrey.

Al día siguiente, el virrey fue puesto preso junto con la virreina, el pueblo se llevó al virrey a la gendarmería y a la virreina la llevaron en medio de insultos a la cárcel del divorcio, que era la cárcel de mujeres; eso no fue bien visto por los miembros de la Junta Suprema de Gobierno, consideraron que era una medida drástica, y por orden de Camilo Torres y de otros miembros de la Junta, fueron liberados y vueltos a palacio, pero ya estaban destituidos. El 15 de agosto son deportados primero a Cartagena y más tarde a España. Acabando así con el virreinato.

Una vez instalada la Junta Suprema, durante las horas finales de la tarde, la noche del 20 de julio y el amanecer del 21 de julio, se redactó el acta que se conoce con el nombre de Acta de Independencia .

En dicha acta, se hace mención entre otras cosas:

Se depositaba en la Junta Suprema el gobierno del reino, interinamente; mientras la misma Junta formaría la Constitución, que lograría afianzar la felicidad pública, contando con las nobles provincias a las que se les pedirán sus diputados, este cuerpo formará el reglamento para elegirlas; y tanto este reglamento, como la Constitución de Gobierno, deberá formarse sobre las bases de la libertad, e independencia, ligadas únicamente por un sistema federativo, cuya representación deberá residir en esta capital para que vele por la seguridad de la Nueva Granada.

Se le empieza a quitar la autoridad al virrey, y se le da a la Junta Suprema, que esta compuesta por criollos, mientras se establece una constitución. Se habla por primera vez de una constitución.

Se alcanza la felicidad pública.
Se involucra a todo el pueblo, con diputados representándolos.
Se considera por primera vez las elecciones.
Se dan las bases de la libertad y de federalismo.

En el acta se dice:

“Que protesta no abdicar los derechos imprescriptibles de la soberanía del pueblo en otra persona que la de su augusto y desgraciado monarca don Fernando VII.”

Pedían que el rey viniera a gobernar entre ellos, algo que de antemano se sabía no podía ser, puesto que estaba preso, y porque ni siquiera reinaba en España. Quedaba entonces, el gobierno sujeto a la Suprema Junta de Regencia existente en la península y sobre la Constitución que de al pueblo .

El nexo con la Junta de Regencia fue discutido, ahí se podía decir que no había un ánimo de independencia; se dieron cuenta que de un momento a otro, no podían romper los vínculos del pueblo con el monarca, considerado una víctima ante los ojos de la gente, por lo que había hecho el déspota Napoleón. El pobre Fernando VII vivía como un holgazán en su castillo, su padre y su madre en otro; Carlos IV padre designaba a su hijo Fernando VII, quien a su vez designaba a Napoleón, éste a un virrey, y por ello no se daba el gobierno; esta situación no era entendida por el pueblo.

El reconocimiento de la Junta de Regencia origina en el seno mismo de la Junta Suprema una división, denominada regentista y anteregentista; una corriente liberal que era partidaria de desconocer la Regencia, y el otro sector conservador de la Junta, que era partidario de mantener el título de la Regencia.

El acta del 20 de julio es realmente un Acta de Independencia, se reconoce a Fernando VII pero de manera teórica, porque en la práctica se da un gobierno, la voluntad de convocar un congreso, de hacer una constitución, de sentar una patria, y de una vez adoptar una forma federal.

Los acontecimientos continuaron en una forma precipitada, se sigue la propia dinámica de una revolución; don José María Carbonell y otros próceres muy exaltados, se mantenían durante esos días recorriendo las calles agitando las masas, para mantener viva esa llama. El 29 de julio la Junta Suprema convoca “El Congreso General del Reino”, que tendría la misión de darle al territorio emancipado su primera Constitución.

El Congreso General del Reino se reunió el 22 de diciembre, prestó el juramento de

“sostener los derechos del rey Fernando VII contra el usurpador de su corona Napoleón Bonaparte y su hermano José; defender la independencia y soberanía de este reino contra toda opresión exterior” .

No se daba una ruptura total con el soberano español.