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Aunque la reincorporación de las Farc será mayoritariamente rural, expertos coinciden en que Bogotá es la ciudad más preparada para abrirle sus puertas a los excombatientes. Sin embargo, sugieren un cambio cultural urgente de la ciudadanía que, por miedo, rechaza a quienes formaron parte de grupos ilegales.

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Por: Laura Dulce Romero

Texto publicado originalmente en El Espectador.Com

Fusiles, lanzagranadas, ametralladoras y pistolas fueron los artefactos de las Farc que el martes quedaron en manos de las Naciones Unidas, como parte del proceso de paz con el Gobierno. Al final de la jornada, cerraron uno a uno los contenedores cargados de armas y en cuestión de minutos los colombianos se despidieron de este largo episodio de la guerra. Ese día, algunos cayeron en cuenta de que decirle adiós al conflicto era también abrirles la puerta a la reconciliación y a la convivencia con aquellos que en algún momento fueron vistos como enemigos.

Las ciudades, sobre todo Bogotá, tienen una enorme responsabilidad de acoger y ofrecer oportunidades a los 7.000 excombatientes de las Farc que quieren rehacer su vida. Aunque, aclaran, no todos llegarán a las urbes. Aun así, no importa cuántos arriben. Es crucial que las ciudades estén preparadas. Así lo cree Lucas Uribe, director programático de reintegración de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN), entidad encargada de que los exmilitantes regresen a la vida civil.

El adjetivo “crucial” se queda corto con las cifras que Uribe suelta en segundos: “El 70 % de la población que hemos acompañado en los últimos años decidió adelantar su proceso de reintegración en ciudades capitales. El restante lo hace en zonas rurales. Aunque en esos procesos muchos cambian de lugar de residencia”.

A pesar de esa enorme responsabilidad que está en manos de las ciudades, confía en que hay una política sólida de reintegración. En 14 años se han desmovilizado 60.000 personas. De ellas, 51.000 decidieron ingresar a un programa con el Estado.

En el caso de Bogotá, en ese mismo periodo han llegado 5.000 excombatientes. “Hoy estamos acompañando a 2.814 personas en este proceso. Y otras 1.337 ya lo culminaron de manera exitosa”, agrega. Quienes están en el proceso de reintegración en Bogotá viven, en su mayoría, en las localidades con más desigualdad y con el mayor porcentaje de víctimas del conflicto: Ciudad Bolívar (524), Kennedy (400), Bosa (300), Usme (259), San Cristóbal (244), Rafael Uribe Uribe (238), Suba (201) y Fontibón (200).

Aunque en Bogotá hay cuatro oficinas donde los desmovilizados pueden recibir atención, por ahora el Distrito no cuenta con un programa dedicado exclusivamente a apoyar esta población. Eso se debe, según Uribe, a que la política de reintegración ha estado a cargo del Gobierno nacional.

“Es importante no duplicar trabajo. Lo aprendimos en otras ciudades, donde teníamos programas en paralelo. Por eso nos encargamos de liderar estos procesos. Bogotá ha sido un gran aliado. A través de sus secretarías, ha permitido que esta población acceda a programas diseñados para otras poblaciones vulnerables. Por ejemplo, puedo ser reintegrado, pero también adulto mayor. De igual forma, ha creado delegaciones para articular con nosotros la atención diferencial a nuestra población”.

Los obstáculos

Reintegrar a una persona que ha estado en grupos al margen de la ley es tal vez uno de los procesos más difíciles en el posconflicto. El mayor obstáculo, advierte el funcionario de la ARN, es la estigmatización: “Tristemente, en el imaginario social aún hay prejuicios de que el desmovilizado es violento”. El funcionario desmiente esta percepción y destaca que son buenos trabajadores y solidarios. De hecho, dice que ocho de cada diez personas que entran a los procesos de reintegración permanecen estables y en la legalidad; es decir, son casos exitosos. Por eso insiste en que los colombianos deben destruir moldes si “quieren construir un país donde quepamos todos”.

Lo preocupante es que su percepción no está lejos de la realidad. Según la última encuesta sobre posconflicto que hizo la organización Bogotá Cómo Vamos, el 51 % de los encuestados estaría dispuesto a tener como compañero de trabajo a un desmovilizado. Y sólo el 46 % aceptaría que fuera su vecino. Ómar Oróstegui, director de la entidad, señala que en el sondeo también llama la atención que los jóvenes son los más abiertos a esta experiencia. Por ejemplo, las personas de 18 a 25 años son los más dispuestos (61 %) a tener como compañero de trabajo a un desmovilizado o a cederles un espacio en su barrio (52 %).

También sobresalen las cifras por estratos. “Solo el 36 % de las personas de estrato alto aceptan la llegada de desmovilizados a su vecindario”, agrega Oróstegui. En los estratos bajos ocurre lo mismo con la convivencia: “Sólo el 37 % estaría dispuesto a tenerlos de vecinos y el 46 % podría ser compañero de trabajo de un desmovilizado”.

El director de Bogotá Cómo Vamos sugiere analizar los resultados a la luz de los niveles de tolerancia: “En comparación con otras ciudades, en Bogotá son muy bajos. Somos una sociedad que debe trabajar más en temas de convivencia. Solucionamos todo con la violencia y tendemos a discriminar al otro por su orientación sexual, su origen étnico, su trabajo, su condición. Más allá de dejar la responsabilidad a la administración de turno, esto depende de los habitantes. Tenemos que cambiar”.

En eso coincide Angélika Rettberg, directora de la maestría Construcción de Paz, de la Universidad de Los Andes, quien considera que el mayor reto de las urbes será un cambio cultural en la ciudadanía. A pesar de los avances, los habitantes de la capital, y en general del país, siguen divididos porque tienen miedo de que los excombatientes vuelvan a atentar en su contra. Aunque entiende que no es un temor infundado, Rettberg cree que, poco a poco, se combatirán los prejuicios, en la medida en que haya un acercamiento con esta población y se visibilicen sus historias.

“Es clave darles espacios para que cuenten sus anécdotas. Muchos también han sido víctimas. En las ciudades no estamos haciendo un esfuerzo por entender ese lado de la guerra, porque lo vemos como algo lejano. No en vano en las ciudades pululan con facilidad estas posturas a favor de la cárcel. No nos damos cuenta de que la guerra tiene matices. Eso, por supuesto, no justifica sus acciones, pero hay que entender el contexto”.

Pero la estigmatización no es la única barrera. De acuerdo con la ARN, el perfil promedio de un desmovilizado dificulta su reintegración. Aunque cada uno tiene su particularidad, la mayoría entró a un grupo armado cuando era menor de edad. El 75% es analfabeta y no tiene habilidades para un oficio distinto al de la mano de obra no calificada. El 90 % tiene una afectación emocional por los escenarios que vivieron en el conflicto. Casi todos tienen conocimiento del campo. Eso dificulta encontrar un trabajo mientras estudian o buscan otras alternativas para sobrevivir.

Otro problema es la estabilidad jurídica. Constantemente se han cambiado las normas y eso ha perjudicado los procesos de reintegración porque hay más trámites. “Por ejemplo, con los paramilitares hubo una época en que se les prohibió contratar con el Estado, que en muchos municipios es el único empleador, así que se veían en aprietos”, agrega Uribe. Esperan que con las Farc la situación sea diferente.

Finalmente, preocupa su seguridad. Algunos tienen que desplazarse constantemente porque se sienten amenazados y eso no les permite consolidar arraigos para continuar con su reintegración. Incluso en las ciudades se presentan desplazamientos intraurbanos. En el caso de Bogotá, la mayoría llega a las localidades donde deben convivir con quienes antes eran sus enemigos o con víctimas del conflicto.

Para los expertos, si estas barreras no se destruyen, aumentará la probabilidad de que los desmovilizados opten por volver a delinquir. ¿Qué hacer para evitarlo? La mayor parte de la responsabilidad la tiene el Estado, según Angélika Rettberg: “Esperamos, desde hace rato, que haya un despliegue de fuerzas policiales y militares y se ofrezcan mejores oportunidades para que deje de ser atractivo vincularse a actividades criminales”.

De todas formas, la académica es optimista y no cree que en Colombia ocurra lo mismo que en Guatemala y El Salvador, donde más gente murió en el posconflicto que en la guerra, o que varios grupos de desmovilizados vuelvan a armarse. De hecho, resalta que, en la última desmovilización de los paramilitares, sólo una pequeña fracción reincidió en actividades criminales. “Lo grave de las bandas criminales que se conformaron después es que no sólo han reciclado experticia criminal, sino que también han reclutado otros jóvenes en las mismas condiciones que antes lo hicieron otros grupos ilegales”.

Los tres expertos coinciden en que Bogotá, desde el punto de vista de oferta institucional, tiene la mayor experiencia y la mejor atención a desmovilizados, gracias a los buenos procesos de capacitación y al fortalecimiento de los vínculos con la empresa privada. Desde su perspectiva, ahora el papel de la ciudad deberá ser contribuir a una reflexión en torno a las oportunidades del cese del conflicto, como una mayor visibilidad internacional o servir de ejemplo para el mundo como un espacio donde todos puedan convivir, incluso, quienes en algún momento fueron enemigos.

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¿Continuará el proyecto estrella del gobierno Uribe en el gobierno Santos? El autor dice que sí. Entonces es hora de hacer un balance. ¿Qué se hizo? ¿Cómo se hizo? ¿Qué se puede corregir? ¿Qué falta?

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Hugo Acero Velásquez*

Texto extraído de: Razón Pública

 

Después de los ocho años del presidente Álvaro Uribe, conviene realizar un balance de lo que fue su política fundamental, la Seguridad Democrática, resaltando sus logros y problemas y señalando las acciones que tendría que desarrollar el nuevo gobierno para consolidar lo alcanzado y seguir mejorando en este campo.

 

Logros

-Consolidación de la dirección civil de la fuerza pública en cabeza del Presidente de la República. Se puede asegurar que por primera vez en Colombia un presidente asume, de manera plena, la función constitucional de comandante supremo de las Fuerzas Armadas y responsable del orden público.

-Avance en el monopolio legítimo del uso de la fuerza y control territorial por parte del Estado, con la presencia de las Fuerzas Armadas en territorios anteriormente dominados por guerrillas y paramilitares.

-Debilitamiento de las FARC y de los paramilitares gracias al enfrentamiento armado, reducción de la capacidad operativa de los primeros y desmovilización de los segundos.

-Reducción importante de algunos delitos, como los homicidios, que disminuyeron en un 38 por ciento, al pasar de 28.534 casos en el 2002 a 17.717 en el 2009 y los secuestros que disminuyeron en un 92 por ciento, al pasar de 2.882 en el 2002 a 213 en el 2009. Igualmente disminuyeron los hurtos a entidades financieras en un 65 por ciento y de automotores en un 47 por ciento.

 

Problemas…

-En los dos últimos años aumentó la violencia homicida, en particular en el año 2009 cuando hubo 17.717 casos, siendo así que en el 2008 hubo 15.250. El aumento fue de en un 16 por ciento, como puede apreciarse en la siguiente gráfica:

 

 

-La Seguridad Democrática se sustentó en una óptica exclusivamente militar y policial, dejando de lado otras instancias igualmente responsables del tema, con las que no se trabajó en equipo y a las que no se les exigió resultados. Tal es el caso de:

–  El sistema carcelario y penitenciario: A pesar del des hacinamiento del sistema con la construcción de nuevas cárceles, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, no pudo controlar la actividad delincuencial en y desde los establecimientos, así como las constantes fugas de presos, situación que llevo al Ministro del Interior, hace dos meses, a asegurar que había que reestructurar el INPEC, con la frase “se reestructuran o se acaban”.
–  La Fiscalía y los jueces: las relaciones del Ejecutivo con estas instancias se caracterizaron por su pugnacidad y por la controversia pública, mientras la impunidad, antes que ceder, siguió creciendo en el país.
–  Los 32 gobernadores y los 1.100 alcaldes, a quienes la Seguridad Democrática les desconoció sus funciones constitucionales y legales como responsables del manejo del orden público en sus jurisdicciones. Esta fue una política personal del presidente Uribe.

-Violaciones a los derechos humanos. Aunque disminuyeron las violaciones a los derechos humanos, los “falsos positivos”, la paramilitarización del DAS, las interceptaciones sin orden judicial y el crecimiento del desplazamientos forzado (que desde luego no fueron el resultado de una política institucional), se convirtieron en los lunares más importantes de la Seguridad Democrática.

-Aumento considerable de personas desaparecidas clasificadas como desaparición forzada. Según el Instituto de Medicina Legal en el año 2008 se reportaron 3.214 desapariciones forzadas, número que en el 2009 aumentó a 7.065.

-Faltó una política de seguridad ciudadana, lo cual se reflejó en el aumento considerable de los delitos que afectaron a los ciudadanos en las calles. Tal fue el caso del hurto a personas, que creció en un 79 por ciento, a residencias, en un 13 por ciento, a comercios, en un 21 por ciento, y de motos, en un 2 por ciento. De acuerdo con Medicina Legal, también crecieron las lesiones personales en un 26 por ciento, la violencia sexual en un 45 por ciento, la violencia intrafamiliar en un 45 por ciento, y las lesiones en accidentes de tránsito en un 24 por ciento. El siguiente cuadro resume bien dicha situación:

 

 

-Se deterioró la seguridad ciudadana en las principales ciudades del país. La seguridad ciudadana que desde el año 2003 venía mejorando, en particular en lo que tiene que ver con la reducción de la violencia homicida, desmejoró en los dos últimos años (2008, 2009) con la multiplicación de grupos de delincuentes organizados, denominados “Grupos Emergentes”, que aparecieron tras la desmovilización de los paramilitares en 2003 y 2004, y se incrementó con la extradición a Estados Unidos de algunos jefes paramilitares para ser enjuiciados por narcotráfico[1].

Con el accionar de estos grupos en los centros urbanos, a los problemas tradicionales de inseguridad se suman hoy viejas prácticas de las organizaciones armadas ilegales (paramilitares y guerrillas) y del narcotráfico. Por ejemplo:

– La extorsión, delito que en el pasado buscaba a sus víctimas entre las clases económicas pudientes, hoy afecta a los sectores populares de las grandes ciudades. Entre sus víctimas hay tenderos, dueños de modestos negocios, conductores y propietarios de vehículos del servicio público, y ciudadanos en general.

– El sicariato, práctica casi exclusiva del narcotráfico, se ha convertido en una acción criminal para cobrar deudas entre particulares, ajustar cuentas entre los delincuentes y castigar infidelidades, entre otros usos.

– El control territorial y la venta de droga al por mayor en las ciudades, cayó en manos de verdaderas mafias que abastecen el mercado creciente de consumidores y se enfrentan por el control de los grandes ingresos que genera este delito, como lo reconocen algunos funcionarios de la Policía Nacional que los calculan en 10 millones de dólares mensuales en Medellín y en 15 millones de dólares en Bogotá.

– El control y manejo delincuencial de negocios ilegales y cuasi ilegales, como la prostitución, el contrabando, los juegos de azar (casinos), las máquinas tragamonedas (en tiendas de barrio), los préstamos ilegales llamados “paga diarios” y la venta y alquiler de armas de fuego.

 

…y más problemas

– La creciente vinculación de menores de edad al mundo de la violencia y la delincuencia. Inducidos o por iniciativa propia los menores de edad se están involucrando en actividades violentas y delincuenciales y el nuevo Código de Infancia y Adolescencia no es la herramienta adecuada para contrarrestar este fenómeno, ni para sancionarlo de manera ejemplar.

– La inadecuada aplicación de algunas medidas del nuevo Código de Procedimiento Penal. Los delincuentes han encontrado distintas formas para evadir la justicia, como es el caso de la “casa por cárcel”. El INPEC ha podido comprobar que más del 70 por ciento de los sancionados la incumplen y que algunos son delincuentes peligrosos a los cuales no se les debería haber aplicado este beneficio.

 

Retos del nuevo gobierno

Sin bajar la guardia ni la presión militar sobre los grupos armados ilegales, en especial las FARC, se tiene que:

-Elaborar y ejecutar una Política Nacional de Seguridad Ciudadana que vaya desde la prevención hasta la represión del delito, en el marco del Estado de Derecho, es decir respetando los derechos humanos.

-Poner la política de Seguridad Ciudadana bajo la dirección del Ministerio del Interior. Para ello podría pensarse en crear un Vice Ministerio para la Seguridad Ciudadana, el cual deberá trabajar coordinadamente con las autoridades de seguridad y justicia, los alcaldes y los gobernadores.

-Discutir la posibilidad de que la Policía Nacional dependa del Ministerio del Interior y no del Ministerio de Defensa. Ese proyecto avanzaría en la definición y aplicación de una política civilista.

-Trabajar en equipo y en forma permanente con los organismos de seguridad y justicia, bajo el liderazgo del Presidente de la República y a través del Consejo Nacional de Política Criminal, que debe sesionar todos los meses y no después de ocho años, como sucedió en las últimas semanas.

-Vincular a los alcaldes y gobernadores en la gestión de la Seguridad Ciudadana y fortalecer los consejos y comités municipales relacionados con el tema, que deben sesionar todos los meses como lo establece la ley. Las instituciones de seguridad y justicia deben trabajar en equipo bajo el liderazgo de los mandatarios locales.

-Contar en todos los municipios y departamentos con planes de seguridad ciudadana. En el marco de su política de seguridad, el gobierno nacional debe aportar recursos para apoyar a los departamentos y municipios en este campo.

-Fortalecer los organismos de seguridad y justicia. En este campo, además de aumentar el pie de fuerza de la Policía para que todos los municipios cuenten con el número de efectivos adecuado a sus necesidades, los esfuerzos del Estado se deben orientar a fortalecer a los organismos de seguridad y justicia en términos de equipos (instalaciones, comunicaciones, movilidad y capacitación del recurso humano).

-Fortalecer las labores de inteligencia e investigación criminal.

-Fortalecer y recuperar la autoridad del sistema carcelario, penitenciario y de privación de la libertad de los adolescentes infractores de la ley penal. Es necesario que desde las cárceles no se siga delinquiendo, que dichos establecimientos cumplan su labor de resocialización y se acabe con las fugas.

-Contar con una política de seguridad nacional a cargo del Ministerio de Defensa y una política criminal a cargo del Ministerio de Justicia[2].

-Garantizar que las políticas de seguridad se ejecuten en el marco del Estado de Derecho, es decir respetando los derechos humanos. El nuevo gobierno no sólo debe asegurar que no se vuelvan a cometer hechos como las “chuzadas”, los falsos positivos y la utilización de la información de inteligencia con fines criminales, sino que debe garantizar total independencia para que la justicia pueda desarrollar las investigaciones sobre estos hechos y aclarare qué fue lo que realmente sucedió y quiénes son los responsables.

-Aclarar el por qué del crecimiento de las desapariciones forzadas entre los años 2008 y 2009.

-Liquidar el DAS y organizar una nueva agencia de inteligencia de Estado.

-Financiar las políticas de seguridad con nuevos recursos, por cuanto con impuestos transitorios e inciertos es difícil sostener los logros alcanzados, profundizarlos y desarrollar las tareas que debe asumir el nuevo gobierno. Si los colombianos queremos más seguridad, debemos pagar más impuestos.

 

* El autor es Sociólogo de la Universidad Nacional de Colombia y profesor de las universidades de los Andes y Externado de Colombia. Fue asesor de las Consejerías presidenciales de Paz y de Seguridad Nacional, Subsecretario de Asuntos para la Convivencia y Seguridad de la Alcaldía Mayor de Bogotá y asesor del Director de la Policía Nacional de Colombia. Consultor del PNUD, el BID, el Banco Mundial y Corpovisionarios, con quienes ha asesorado la elaboración de planes integrales de convivencia y seguridad ciudadana en distintas ciudades colombianas, ecuatorianas y de países centroamericanos.

 

Notas de pie de página

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[1] Hay que anotar que a la multiplicación de estos grupos criminales contribuyó su desmovilización irregular, que mantuvo por algún tiempo el mando y control de algunos jefes sobre los desmovilizados y sobre algunas de sus estructuras que permanecieron activas y delinquiendo. Para nadie era un secreto que algunos de ellos mantenían el mando y seguían delinquiendo en Ralito (durante el diálogo de paz), fuera de Ralito y en las cárceles. Con la extradición de los jefes paramilitares, las estructuras de estos grupos, que eran empresas criminales, se subdividieron en microempresas, y los subalternos comenzaron a disputarse de manera violenta en las principales ciudades del país los grandes negocios ilegales que dejaron sus jefes, como es el caso de la droga al menudeo, el comercio de armas, la trata de personas, el contrabando, la extorsión, el sicariato, manejo de negocios cuasi legales como la prostitución, las apuestas, los préstamos ilegales de dinero con altas tasas de interés (paga diarios), y el control sobre el espacio público, entre otros. Hoy, en casi todas las ciudades y regiones colombianas opera una gran variedad de grupos que se autodenominan “Águilas Negras”, “Rastrojos”, “Urabeños”, “Neoparamilitares”, “Autodefensas”, etcétera, que las autoridades denominan “grupos emergentes”. Como un factor adicional a la subdivisión de estos grupos han aparecido otros nuevos que de manera indiscriminada hacen uso de estas siglas para intimidar a las víctimas y a sus posibles opositores.

[2] El nuevo gobierno debe revivir el Ministerio de Justicia, fortaleciéndolo y dándole capacidad para mejorar el trabajo de esta rama del poder público.

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Daniel Ramos

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Texto extraído de: Equinoxio

 

Después de leer el documento A los diez años del Caguán: algunas lecciones para acercarse a la paz, me di a la tarea de escribir mis propias reflexiones sobre la experiencia del Caguán, que en varios puntos difieren de la lectura de los autores de las lecciones.

Reflexión 1: hay un ganador.

La guerra en Colombia tiene un claro ganador: el statu quo. De la misma manera en que se reconoce que el Estado colombiano no ha podido derrotar a la guerrilla en 60 años, también hay que reconocer que la guerrilla ha fracasado en su objetivo de la toma del poder. Que el ganador de esta guerra es el statu quo lo demuestra el hecho de que nunca, en toda su historia, el Estado colombiano ha tomado alguna decisión política, trascendental o intrascendental, consultando a las guerrillas colombianas. La única vez que la sociedad colombiana ha mostrado su apoyo o simpatía pública a estas ha sido en los escenarios democráticos: la votación masiva que recibió el M-19 para participar en la Asamblea Constituyente o las marchas de dolor e indignación por los magnicidios de Bernardo Jaramillo Ossa y Jaime Pardo Leal de la Unión Patriótica. Nunca en los años de conflicto se ha dado alguna marcha ciudadana a favor de algún grupo guerrillero; al contrario, son históricas las marchas de No más Farc. Que el statu quo esté lejos de ser el ideal para la mayoría de la sociedad civil es bastante claro, pero en la balanza de pesos y contrapesos previa a cualquier diálogo, debe ser claro que esta misma sociedad civil en su conjunto ha rechazado históricamente sus transformaciones mediante el uso de la violencia. Insistir en ella no llevará a ningún lado con la sociedad colombiana, solamente sirve para bloquear los procesos de cambio.

Reflexión 2: transparencia o el complejo de la silla vacía.

La paz no cabe dentro de la combinación de todas las formas de lucha. En su libro La paz en Colombia, Fidel Castro revela que representantes del Secretariado de las Farc en una visita a Cuba le dijeron claramente que el Caguán era un período de tregua para armarse y prepararse mejor para la toma del poder, no para llegar a ningún acuerdo. A la luz de esta revelación, la silla vacía se puede ver como un acto de honestidad de Manuel Marulanda Vélez: las Farc no estaba en el proceso sino en la ejecución de su plan principal. Esta falta de compromiso y transparencia (y, por qué no decirlo, de engaño nacional e internacional) fueron letales para el proceso desde su principio, de hecho, la principal razón del fracaso del proceso. 10 años después, el hecho de que los principales actores internacionales concuerden en llamar terroristas a las Farc debe de ser una lección importante de esa estrategia fallida.

Reflexión 3: escuchar a las protagonistas.

Aprender de los procesos anteriores también pasa por escuchar a los protagonistas del proceso. La ilusión posible, del excanciller Fernández de Soto, y La palabra bajo fuego, del expresidente Pastrana, son dos testimonios valiosos e imprescindibles para evaluar lo que sucedió en el Caguán. A través de ellos se pueden ver todos los esfuerzos y el compromiso del gobierno con el proceso de paz. Desafortunadamente, no tenemos una memoria similar de las Farc, salvo lo que se ha podido aprender por fuentes alternas, como el libro de Fidel Castro, las declaraciones de Tirofijo diciendo que Pastrana los derrotó internacionalmente y, muy en especial, la literatura del secuestro: todos los testimonios de los secuestrados coinciden en señalar que las Farc nunca ha abandonado o cuestionado su objetivo de la toma del poder por la vía armada. ¿Es viable pensar en diálogos cuando esta vía parece ser innegociable para las Farc?

Reflexión 4: paisajes después de la batalla.

Objetivamente, la experiencia de los cuatro procesos de desmovilización exitosos en la historia de Colombia no son un aliciente para el ELN y las Farc. Por el contrario, el panorama político colombiano es más desolador aún: si antes se podía criticar el secular bipartidismo colombiano hoy en día no se puede hablar ya ni siquiera de partidos políticos. La política colombiana actual está más dominada que nunca por el caudillismo y el carisma de candidatos formados por los expertos en (neuro)marketing. Las Farc también tiene su cuota de responsabilidad en este escenario: en la fase pos-Caguán, el país se alineó de manera casi unánime al discurso belicista del expresidente Uribe, que con cotas de aceptación del 80% hizo completamente irrelevantes otras voces políticas: sencillamente no tenían peso alguno ante el respaldo apabullante a Uribe. El país y el Estado están en mora de reglamentar la ley de partidos, en establecer criterios de responsabilidad política y mecanismos de control y ejecución de sus programas políticos: no es posible que siga primando la perversa mentalidad de que todos los programas políticos son promesas de campaña y por lo tanto la sociedad renuncie a la verificación y exigencia de resultados de sus gobernantes. Peor aún, el diagnóstico más dramático de la situación actual lo dio el honorable senador de la República de Colombia Juan Carlos Martínez cuando dijo: “qué voy a ser narcotraficante, nada da más dinero que una alcaldía”. El Estado colombiano está carcomido por el cáncer de la corrupción y, por lo tanto, su margen de acción es cada vez menor: ¿a qué se puede comprometer cuando su capacidad performativa está tan debilitada?

Reflexión 5: pensar lo imposible.

Aunque nunca estuvo entre los planes del expresidente Pastrana, la Zona de Distensión nos dejó ver un atisbo de lo que serían las Farc en el poder al entregarles en custodia una región considerable de territorio, así el mismo expresidente explicara en Europa que el Caguán no aportaba ni el 0,001% a la economía nacional. Sin embargo, pensar lo imposible pasa también por considerar la creación de un territorio especial para las Farc, del tamaño del principado de Mónaco o Ciudad del Vaticano: un área de 2 a 4 kilómetros cuadrados, preferiblemente con salida al mar, donde las Farc puedan materializar su forma de ver el mundo. La misma pregunta que nos hacemos por los militares en el escenario del posconflicto se hace más acuciante aún en el caso de las Farc: ¿qué vida les espera en la sociedad colombiana? El país no ha podido superar el trauma del Palacio de Justicia. ¿Cuánto tiempo le tomará aceptar como representantes políticos a los miembros de una de las guerrillas más crueles en la historia de la humanidad? Quizás sea hora de aprender una de las lecciones de convivencia de la sociedad contemporánea: el Living apart together y abrir un espacio territorial para convivir con las Farc.

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Apenas unos años antes de que el movimiento estudiantil de la Séptima Papeleta promoviera la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente, César Gaviria Trujillo, entonces ministro de Gobierno del presidente Virgilio Barco, ya trabajaba en la idea de impulsar una profunda reforma constitucional que fuera producto de un gran acuerdo político nacional.

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Texto extraído de: Ámbito Jurídico

Su anhelo no se quedó meras intenciones. Tras una cruenta racha de violencia narcoterrorista, la búsqueda de consensos y el valor de unos jóvenes que se volcaron a las urnas para reclamar un nuevo orden político permitieron que Gaviria, en su calidad de Presidente de la República, firmara, el 4 de julio de 1991, una nueva Constitución Política.

ÁMBITO JURÍDICO conversó con el expresidente sobre las implicaciones de este proceso, que, hace 20 años, cambió radicalmente la vida institucional y política del Estado colombiano.

 

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Cómo fue su apoyo al proceso constituyente de 1991?

 César Gaviria Trujillo: Como candidato del Partido Liberal, y después como Presidente, empezamos a recorrer ese camino, con la idea de trabajar en unos temas muy precisos, en los que nos pusimos de acuerdo con el Partido Conservador, el Movimiento de Salvación Nacional, la AD-M19 y el Partido Liberal. Sobre este acuerdo se pronunció la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, que le dio vía libre al proceso. Pero lo difícil era encontrar un camino político y jurídico que nos llevara hasta allá. Eso tenía todas las posibilidades de no salir adelante, pero salió, porque había mucha voluntad política, incluida la de la Corte Suprema, que encontró que sí había una situación excepcional a la que era muy difícil hacerle frente sin unos cambios relativamente rápidos y profundos.

 

Á. J.: En su opinión, ¿cuál es el mayor logro de la Constitución de 1991?

 C. G. T.: Los mayores logros están en el campo de la justicia. Por un lado, la Corte Constitucional y la tutela, con los derechos ciudadanos, fundamentales y sociales como eje de la Constitución. Por otro, la Fiscalía, que era el tema más apremiante. Estábamos enfrentando al narcoterrorismo sin instrumentos, con una justicia secreta creada por un decreto de estado de sitio. Allí estaban los principales desafíos y allí se dieron los cambios más profundos. La Fiscalía ha sido muy eficaz. Puedo decir, sin ningún temor, que el sistema penal que más ha avanzado en América Latina es el colombiano. Y es indudable que la tutela es justicia pronta y cumplida. Si el resto de la justicia fuera más expedita, la gente no trataría de hacerle el esguince.

 

Á. J.: ¿La carta de derechos no es muy generosa y de difícil realización?

 C. G. T.: La discusión se puede abrir en torno a los derechos sociales. Han faltado leyes estatutarias que estipulen cómo se ejercen los derechos, particularmente en el tema de la salud. En esa época, podíamos decir que estábamos asumiendo demasiados compromisos, pero, como se han cumplido, hoy no podemos afirmar que eran excesivos. Los artículos de carácter económico han facilitado procesos que han ayudado a que el país avance en concesiones, en prestación de servicios públicos, en subsidios directos a los colombianos más pobres. El solo hecho de que se haya aprobado la Ley de Víctimas es un reconocimiento a ese enfoque. Es el camino que el país está recorriendo, y parece estarlo haciendo de manera bastante concertada. Entendemos que eso ha sido costoso, pero el país avanza cada día más en esa dirección.

 

Á. J.: ¿Cree que la Corte Constitucional ha sido una fiel guardiana de la Constitución?

 C. G. T.: Sin la menor duda. Creo que ha cumplido su función de una manera muy eficaz y que la tutela ha ayudado mucho a desarrollar el espíritu de la Constitución. Al principio, lo que está consignado en la Constitución parece un poco abstracto. Pero cuando uno va a los fallos de tutela, se da cuenta de que ha pasado a ser algo muy preciso, y no una cosa vaga e inalcanzable.

 

Á. J.: Sectores radicales hicieron parte de la Asamblea Constituyente. ¿Se perdió una buena oportunidad para alcanzar la paz con las FARC?

 C. G. T.: Eso fue muy lamentable. Pero cuando vemos lo que ha ocurrido en estos 20 años, nos damos cuenta de que las FARC nunca han tenido voluntad. Se puede decir que en el 91 se desperdició esa oportunidad, pero, años después, el presidente Pastrana hizo todo el esfuerzo, puso todo su capital político a ese servicio y fracasó, como había fracasado el presidente Betancur. Ahora, lo que sí pasó es que todos los sectores contestatarios de la sociedad reconocen la legitimidad de la Constitución. Usted no encuentra quién defienda la lucha armada. ¿Por qué la Constitución sí ha servido para aclimatar la paz?, porque mató la idea de la lucha armada. Así haya gente financiada por el narcotráfico, la lucha armada no es una discusión política, eso está cerrado.

 

Á. J.: Pero se dice que fue el ataque a Casa Verde lo que impidió que las FARC participaran en ese proceso.

 C. G. T.: Eso no es verdad. Ese es un episodio que se exagera. Cuando yo llegué a la presidencia, les dije a las Fuerzas Armadas y al Ministro de Defensa: “aquí no hay terrenos vedados del territorio nacional, ustedes pueden entrar a cualquier parte y no le tienen que pedir permiso a nadie, ni me tienen que pedir permiso a mí. Háganlo, cuando lo crean oportuno y en el momento en que lo consideren mejor para los propósitos de las Fuerzas Armadas”. Obviamente, me avisaron unas horas antes, y como yo había dicho eso, me sostuve en mi palabra. Pudo no ser afortunado desde el punto de vista político, pero las Fuerzas Armadas se sintieron bien de saber que no había terrenos vedados. Lo que no se reconoce suficiente es que después de ese episodio, las FARC estuvieron sentadas a la mesa con nosotros, negociando. Y fue el Gobierno el que se levantó, porque no quisieron condenar el secuestro y asesinato de Argemiro Durán Quintero. Han pasado tantos años, y se han hecho tantos esfuerzos, que es difícil decir que no hubo paz con las FARC por Casa Verde. En ese momento, podía ser un planteamiento legítimo, pero 20 años después, no.

 

Á. J.: ¿Hubo una verdadera representación de todos los sectores políticos y sociales?

 C. G. T.: Esa constituyente tuvo una característica muy especial: los sectores contestatarios estuvieron más representados que los partidos tradicionales. La circunscripción nacional facilitó eso, les permitió a sectores que nunca habían soñado con llegar al Congreso estar, además, en una constituyente. Pero tuvo otra ventaja: la Constitución, en gran medida, tiene tanta legitimidad, porque los sectores contestatarios y las minorías no pueden decir que no participaron en el proceso o que este no fue legítimo.

 

Á. J.: ¿El Gobierno conoció algún tipo de presión para que, por norma constitucional, se prohibiera la extradición?

 C. G. T.: Ninguna. Esa decisión se dio, porque las encuestas eran abrumadoramente a favor de la eliminación de la extradición. Hay que ver quiénes eran los constituyentes y cómo votaron, para darse cuenta de que eso no fue fruto de ninguna intimidación, fue fruto de la voluntad. Los extraditables le vendieron al país la idea de que el narcoterrorismo era consecuencia de la extradición. La votación fue arrolladoramente a favor, y no lo fue porque los hubieran intimidado, porque los hubieran comprado, sino porque estaban convencidos de eso. Nosotros dijimos con toda claridad: “dejemos ese debate para después, eso no tiene que estar en la Constitución”. Sin embargo, los constituyentes decidieron que sí estuviera.

 

Á. J.: ¿A qué modificaciones se opuso el Gobierno en ese momento?

 C. G. T.: No es que nos hayamos opuesto. La Asamblea tenía capacidad para decidir. Hubo muchas propuestas nuestras que aceptaron, y muchas otras que no. Pero todos aceptamos las decisiones que se tomaron. Por ejemplo, nosotros queríamos que el Fiscal formara parte del Ejecutivo, pero la Constituyente decidió que era mejor que fuera de la Rama Judicial. En eso, tuvo razón. Pero en cuanto a la administración colegiada de la justicia, hay muchas dudas de que hubiera sido una buena decisión. Nosotros queríamos algo gerencial, pero no fue así.

 

Á. J.: ¿Se arrepiente de haber apoyado alguna reforma?

 C. G. T.: Doy explicación de instituciones que han funcionado a medias. Por ejemplo, la moción de censura. Uno no puede decir que no ha servido para nada, pero la gente siempre queda insatisfecha. Todos los temas de control político están pendientes. El Congreso no lo ha hecho bien. Sería mucho mejor usar mecanismos del sistema parlamentario, que los ministros vayan a una hora fija de un día fijo a contestar preguntas. Eso permitiría hacer mucho más control político que los 30 o 40 debates que se dan a la semana, simultáneamente.

 

Á. J.: ¿Se le ha ido la mano al Congreso en reformas constitucionales?

 C. G. T.: Yo no tengo problema con que reformen la Constitución. Todo el funcionamiento del Estado está previsto en ella. Entonces, cada vez que se va a cambiar algo, hay que meterse con la Constitución. La mayor parte de las reformas aprobadas han sido inocuas o con inconveniencias menores. Hay que mirar qué de eso es importante y qué no. El restablecimiento de la extradición, por ejemplo, era necesario. Hubo una reforma política en el 2003 para fortalecer los partidos, que se quedó corta. Si alguien me dice: ¿por qué no reformamos la Constitución para fortalecer más el sistema político?, yo le diría que sí, que eso hay que hacerlo. Las instituciones del Estado tienen que estar cambiando, y uno no se puede poner bravo porque alguien quiera cambiar la Constitución. Si los cambios son necesarios, hay que hacerlos.

 

Á. J.: ¿Le suena la idea de convocar una constituyente para reformar la justicia?

 C. G. T.: Yo no creo que sea necesario convocar una constituyente para reformar la justicia. Preferiría ver cuáles son las ideas para reformarla, avanzar por ramas y desarrollar conceptos de lo que se quiere hacer. Pero yo no he visto esos conceptos. Las cosas planteadas de manera abstracta son muy difíciles de discutir. La gente habla en abstracto, pero no pone sus ideas sobre la mesa. Que hay que reformar la justicia, porque no está funcionando bien. Perdón, ¿cuáles son las cosas que no están funcionando bien?, ¿qué es lo que queremos cambiar?, ¿a qué área le vamos a dar prelación? Yo no he visto claros los objetivos.

 

Á. J.: ¿Cree que el sistema de juzgamiento del Presidente de la República debe modificarse?

 C. G. T.: Ese sistema no está funcionando. Lo que tenemos hoy no deja satisfecha a la gente, que tiene la idea de que ahí no se hace justicia. La gran limitación de la Comisión de Acusaciones es que no tiene capacidad para instruir los procesos. No tiene los recursos, no tiene los conocimientos, y eso no se puede subsanar, sino poniendo una institución que sea capaz de instruir profesionalmente, que lleve los procesos con buenos elementos de juicio, que se haga una discusión inteligente, que se tome una decisión y que el país vea que sí se hace justicia. Hay que crear un proceso de instrucción completamente distinto, y tal vez es mejor que se pronuncie la plenaria de la Cámara de Representantes a que se pronuncie la Comisión.

 

Á. J.: Usted ha sido un crítico de la reelección presidencial. ¿Por qué considera que esa figura no es conveniente y cuál es ese caso extremo en el que pensaría volver a la presidencia, según lo sugirió en una entrevista reciente?

 C. G. T.: Ese caso extremo no existe. Yo estoy tratando de ser consistente con lo que he dicho, no he cambiado de modo de pensar. Ese caso extremo no se ha presentado y no creo que se vaya a presentar. Yo no aspiré a la reelección. No tengo ninguna aspiración de volver a ser Presidente y lo he cumplido rigurosamente. Ahora, lo que es más malo de la reelección es que se apruebe en la mitad de un proceso electoral. Uno no debe cambiar las reglas del proceso para una persona. Y esa fue la impresión que le quedó a Colombia. No es que la reelección sea mala per se, sino que no es bueno cambiar las reglas a mitad de camino. Además, cuando uno hace eso, tiene que tener unas garantías supremamente claras de lo que el Presidente y los funcionarios pueden y no pueden hacer. Y en todo caso la segunda reelección, como lo dijo la Corte constitucional, quebranta el sistema de pesos y contrapesos.

 

Á. J.: ¿Es cierto que cuando ustedes firmaron la Constitución, firmaron un papel en blanco, porque la Carta no estaba lista?

 C. G. T.: Yo creo que sí. Pero no es que estuviera en discusión. Estaba en un proceso de codificación, que no había concluido, pero que terminaba ese día. Ahora, ni siquiera estoy seguro, porque yo firmé, pero no vi qué había detrás. Yo estuve allí de testigo. Eso puede haber ocurrido, pero no es que se hayan seguido haciendo normas después. No hay un solo constituyente que haya dicho que cambiaron una cosa o que algo no se aprobó. Todo el mundo asintió que lo que la Constitución tenía era lo que habían aprobado. Eso es lo importante.

 

Á. J.: ¿Cree que esta Constitución es lo suficientemente sólida para que nos rija por muchos años más?

 C. G. T.: Nadie sabe. Yo diría que ha pasado la prueba de los primeros 20 años. La Constitución que tenemos está muy acorde con lo que está ocurriendo en el mundo. Entre otras cosas, nosotros somos pioneros en decir que los derechos consagrados en la Constitución hay que verlos a la luz de los tratados internacionales de los que es parte el país. Por ejemplo, la reparación es un concepto que nos viene de afuera. Usted no puede decir que no existe el derecho de reparación. Sí existe, está en los tratados internacionales de los que hace parte Colombia y que integran la manera como se debe interpretar la Constitución.

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Julio Escamilla Morales

Docente investigador Cadis-Universidad del Atlántico

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*Este texto fue leído en el II Coloquio Latinoamericano de Analistas del Discurso realizado en Buenos Aires y La Plata (Argentina) del 25 al 29 de agosto de 1997.

“Colombia es un país limitado por dos océanos y un proceso ocho mil”.COVO

 

Uno: Caracterización general de la caricatura política.

Desde los tiempos de los antiguos griegos y romanos, la caricatura ha sido considerada como un instrumentosatírico de sin igual eficacia. Sus primeras manifestaciones estuvieron basadas en la pintura y la escultura. Posteriormente, la aparición de la imprenta hizo posible que la palabra escrita asumiera en la caricatura un papel coprotagónico y que ésta se convirtiera no sólo en arma de combate y en importante medio de propaganda política, sino también en expresión espontánea del humor popular.

De acuerdo con lo planteado por Evora Tamayo (1988, p. 34) la caricatura política -llamada también caricatura editorial-«parte de un punto de vista interpretativo de los fenómenos que se producen en la realidad. Esto no es sólo obvio, sino que resulta el intríngulis de su razón de ser». En consecuencia, puede ser definida como un género discursivo de naturaleza artística y política que «descubre y analiza a través de una amplia gama de recursos expresivos los resortes internos que hay detrás de la noticia, así como los hilos ocultos de los acontecimientos» (Tamayo, p. 5). Dentro de estos recursos expresivos sobresalen por su innegable fuerza semiótica el dibujo y el lenguaje escrito, los cuales contribuyen a enfatizar, en mayor o menor grado, los rasgos físicos y las actitudes verbales de determinados personajes de la vida política de un país, con la inocultable intención de lograr efectos humorísticos en los destinatarios-lectores, como sucede en una caricatura en la que el ministro del interior, Horacio Serpa, sobre los hombros del presidente Samper exclama: Ahí está y ahí se queda….

Al decir de Álvaro Gómez Hurtado, uno de los políticos colombianos que más sufrió los mordaces efectos de la caricatura, ésta

 

 

tiene el poder mágico de producir, con un rasgo o con una leyenda, un efecto más convincente que el de cualquier silogismo y un resultado más devastador que el de cualquier diatriba escrita. La caricatura, cuando da en el blanco, no puede ser contrarrestada, no es susceptible de réplica ni de rectificaciones posteriores. Su efecto es milagroso, instantáneo, como el de un disparo (En Osuna, 1983, p. 9).

En realidad, la caricatura política es esencialmente una forma de «periodismo interpretativo» Fagoaga, 1982, p. 8) que un autor nos ofrece no como una codificación objetiva de los hechos, sino como una visión personal e ideológica de éstos, que en algunas ocasiones puede contrariar los «comentarios editoriales» de los diarios y revistas en los que ella aparece publicada. Huelga decir que la caricatura política se nutre necesariamente de los últimos acontecimientos. Ella aparece ante nosotros como un acto de comunicación que se basa en la actualidad noticiosa y que da cuenta de sucesos de naturaleza política, casi siempre de carácter local y nacional. Por eso, en la mayoría de los casos, los destinatarios de tales caricaturas sólo pueden ser aquellas personas que conocen las situaciones y personajes que en ellas son parodiados o criticados. Esto es igualmente válido, por supuesto, para los casos en que la caricatura política recrea situaciones y personajes de talla mundial.

En la 10ª Bienal internacional de Caricatura, por ejemplo, el jurado concedió el primer premio a la obra «Fidel castro» por «el sutil humor caricatural y por la originalidad del contenido al transmitir una realidad socio-política». Serán caricaturizables, por esta misma razón, todos aquellos mandatarios y demás líderes que tengan presencia o incidan en los sucesos que diariamente nos presentan los medios masivos de comunicación: el presidente de turno de los Estados Unidos de Norteamérica, los dirigentes de los países excomunistas, el papa, los jefes guerrilleros de determinados países, etc. En el caso Colombiano, el proceso 8000 ha sido caldo de cultivo para la elaboración de magistrales caricaturas que tienen como personajes centrales al presidente Samper y sus ministros, sus amigos y enemigos políticos, los narcotraficantes, etc. En una caricatura de Osuna, por ejemplo, se nos muestra al presidente, colombiana agobiado por el peso de un baúl repleto de dinero y joyas, y reconociendo la posibilidad de que a su campaña política hubiesen ingresado dineros oscuros (si se recibió dinero fue a mis espaldas).

 

 

El caricaturista Vladdo, por su parte, nos presenta una imagen de un sujeto desconocido (seguramente un narcotraficante) que ostenta una banda presidencial en la que aparece la imagen de Samper en medio de un texto que dice proceso 8000 1994-1998, que corresponde al período para el cual fue elegido aquel. El personaje de esta caricatura afirma aquí estoy y aquí me quedo, en una clara alusión a las palabras que pronunció Samper cuando los dirigentes político y económicos, por sus razones éticas, le exigieron renunciar a su cargo.

Sobre este mismo aspecto, Alfredo Iriarte (en:pepón,1992,p 9) considera que «el caricaturista político ha de tener perfectamente claro el carácter irreversible de su condición de fiscal y de censor de todas aquellas personas e instituciones que encarnan los factores de poder, o de lo contrario, deberá apresurarse a trocar lápices, plumillas, y pinceles por cualesquier otros instrumentos de trabajo (…) Su oficio es por naturaleza y esencia el de ridiculizar a los grandes caimacanes del gobierno, de la jerarquía eclesiástica»

 

Dos:El proceso 8.000 en síntesis

A la luz de las anteriores consideraciones, el presente trabajo no pretende ser más que un esbozo de las peculiaridades discursivas de algunas de las principales caricaturas que han aparecido en Colombia a raíz del denominado proceso 8000, nombre utilizado por los periodistas para referirse a los eventos y personajes relacionados con el «mayor escándalo» de los últimos tiempos en este país: la «narcofinanciación» de la campaña política que le dio el triunfo al actual presidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano.

Según lo expresado por el caricaturista pepón en la introducción de su propio libro Memorias de un elefante (1996,p13), « el llamado proceso 8000 [reúne] todos los eventos, actos judiciales, procedimientos de trámite parlamentario y hasta uno que otro chisme malévolo echado a rodar por las partes involucradas o por la opinión pública polarizada». Pues bien, las caricaturas que aquí nos ocupan tratan de muchos de esos asuntos: las acusaciones y defensas en torno al presidente, la crisis de gobernabilidad, las presiones de los Estados Unidos, el enriquecimiento ilícito personal o a favor de terceros, la preclusión de la investigación al presidente, etc. Por razones obvias nos resultaría imposible hablar de todos ellos. Nos centraremos, entonces, en las relaciones enunciativas (puesta en escena discursiva), los diferentes niveles de enunciación (forma como aparecen presentados o reproducidos los discursos o palabras de los demás: repetición, interpretación o parodia) y los contratos y estrategias discursivas que sustentan las mencionadas caricaturas, lo mismo que en algunas de las más reiteradas metáforas o símbolos que sobre este proceso han sido producidos por varios de los más prestigiosos caricaturistas colombianos.

 

Tres: Puesta en escena discursiva.

Basándonos en la concepción semiolingüística de los actos de lenguaje planteada por Patrick Charaudeau (1983 y 1992), consideramos que la caricatura política no puede ser vista como un acto de comunicación resultante de la simple producción de un mensaje dirigido a un receptor, sino como el encuentro dialéctico (‘de un proceso de producción y otro de interpretación en el que participan simultáneamente seres reales y seres discursivos. Los seres reales son, obviamente, los sujetos que interactúan, es decir, los interlocutores: el caricaturista (sujeto comunicante) y los lectores (sujetos interpretantes). Los seres discursivos, por oposición a los anteriores, hacen parte de un mundo inventado o configurado de a cuerdo con las necesidades discursivas del caricaturista. Ellos son el enunciante y el destinatario, verdaderos protagonistas del acto enunciativo o puesta en escena del lenguaje que se produce en cada caricatura en particular.

En la caricatura política, a diferencia de lo que sucede en los otros géneros periodísticos, los interlocutores –el caricaturista y sus lectores- están obligados a asumir un comportamiento que dista mucho de ser pasivo. En su puesta en escena discursiva, en efecto, el caricaturista político como sujeto comunicante o productor de un discurso «hace visible aspectos de los acontecimientos que de otra manera quedarían apagados; revela la esencia de los hechos, adjetivando zonas de las informaciones que [su] agudeza de artista pone de manifiesto ante los ojos del lector, para que no pasen inadvertidos Y, [éste] pueda juzgarlas con la mayor objetividad » (Tamayo, p. 5). Toda caricatura política es, por consiguiente, una invitación a la reflexión y a la toma de posiciones, basada en un contrato de comunicación de carácter humorístico que el caricaturista le plantea a sus lectores y en la utilización de una serie de estrategias discursivas (ironía, exageración, provocación, rumor, etc.) tendientes a «producir ciertos efectos de convicción o seducción en el sujeto interpretante» (Escamilla, 1989, p., 9). Esas son las verdaderas razones e intenciones del proyecto discursivo del caricaturista. Razón tenía, pues, el ya mencionado Gómez Hurtado (Osuna, p. 8) cuando afirmaba que en la caricatura política

se trata de ponderar en exceso algo que se quiere mostrar como motivo de mofa, y que deliberadamente se coloca en dimensiones físicas o conceptuales agigantadas. Se busca con esa exageración despertar la curiosidad del lector sobre una circunstancia específica, que su ojo desprevenido no hubiera descubierto, con el propósito de conseguir un nuevo juicio sobre el hecho que voluntariamente se ha desfigurado.

Tal vez sea esa la razón por la cual los caricaturistas, salvo algunas excepciones como la de Osuna y Caballero, no firman sus obras con su propio nombre, sino con llamativos seudónimos que terminan reemplazándolo, tal como ha sucedido con Pepón, Vladdo, Mico, Matty y Alfin, entre otros. De todas maneras, el seudónimo tras el cual se esconde el caricaturista funciona como una verdadera marca de enunciación y, al igual que los nombres o los apellidos, es colocado en algún lugar ostensible de cada una de las caricaturas producidas por los diferentes autores, salvo el caso de aquellas secciones en las que aparecen varias caricaturas de un mismo autor y la repetición del nombre se hace innecesaria.

En lo que tiene que ver con los seres discursivos hay que decir que el sujeto enunciante (Yo enunciante) es, en realidad, la imagen del enunciador construida por el sujeto productor del discurso (locutor-comunicante) para expresar, de una u otra forma, su intencionalidad. Este Yo que enuncia posee, además, un estatus exclusivamente discursivo que le permite poner en escena, de manera implícita, a otros seres -reales o imaginarios- que pueden producir otros actos discursivos internos. Se trata, entonces, de un sujeto que presenta un acto discursivo producido por otra persona que puede o no existir en la propia realidad del caricaturista y los lectores. Es justamente eso lo que comprobamos en una caricatura de Matty en la que a un congresista colombiano se le ha puesto a decir las siguientes palabras que, a lo mejor, nadie ha proferido en realidad:

¿Compréndanlo! Si voté negativamente la «extradición) se debe a que si votaba afirmativamente, el primer extraditado sería «Samper.

 

 

Del destinatario se espera, en este caso, una actitud de connivencia político-humorística. propósito del sujeto destinatario de la caricatura, recalcamos que él es el interlocutor fabricado por el sujeto comunicante (caricaturista) como destinatario ideal y adecuado para su acto de enunciación. Y aunque nunca se le menciona explícitamente, está allí latente o sugerido y hace parte de la puesta en escena discursiva de que habla Charaudeau.

 

Cuatro: Niveles de enunciación.

La puesta en escena discursiva antes mencionada sirve para comprobar que lo dicho en una caricatura, política procede de la inocultable apropiación y manipulación que el caricaturista hace de las palabras de otras personas, poniéndolas nuevamente en boca de éstos o de otros, de acuerdo con sus propósitos discursivos. No debemos olvidar que en la caricatura, al igual que en otros géneros parecidos, «el discurso original puede ser transformado en su enunciado referencial, en su modo de enunciación, por una mutilación del contexto original, o por una reconstrucción desviada del contexto y de la situación de comunicación original». (Charaudeau, 1992, p. 623). Es eso lo que sucede en una caricatura en la que se observa a, Samper aferrándose a la corbata del anterior vicepresidente de la república, Humberto De la Calle, mientras le recuerda metafóricamente que la fórmula política que los llevó al poder es indisoluble, razón por la cual deberá durar hasta que la muerte (los) separe.

 

De ese modo se produce lo que Catherine Kerbratt- Oreccioni (1980, p. 162-167) llama superposición de diferentes niveles de enunciación, los cuales guardan estrecha relación con otros actos enunciativos y, por ende, con otros seres discursivos. Lo anterior podemos comprobarlo en una caricatura que recrea humorísticamente la descertificación de que fue objeto Colombia por parte de los Estados Unidos de Norteamérica: Frente a un Samper-Superman que pretende hacer ostentación de su poder, un Clinton «descertificador» le. expresa: ¡Si tu no ser hombre de acero, entonces no afectarte otra dosis de clintonita!

 

El paquidermo sonó mucho

En otra caricatura se nos muestra a la «justicia» concediéndole la «casa por cárcel» al tesorero de la campaña presidencial de Samper y diciendo textualmente: ¡Lo irónico es que son los mismos que hace dos meses pregonaban que «hay que dejar que la justicia juzgue)! Debajo se lee: Palo porque bogas…

En las caricaturas del «proceso 8.000», pues, la presentación o reproducción de los discursos de los demás aparece en unos casos como una simple repetición y, en otros, como una interpretación o parodia de la «realidad discursiva basada siempre en la posición política e ideológica del propio caricaturista. De igual modo, éste recurre a la alusión para evocar lo que algún personaje político ha dicho o para mostrarnos «la habitual forma de hablar» de ese personaje (Charaudeau, 992, p. 625). También lo hace para citar las máximas y proverbios que proceden del saber popular y las expresiones de esta misma naturaleza. En una graciosa caricatura, por ejemplo, la onomatopéyica exclamación ¡Catamplum! acompaña la caída al suelo de Samper y anticipa un Casi me voy de «mulas salido de los labios de éste El juego de palabras que aquí se produce sólo puede ser comprendido por aquellos que saben que Catam es el aeropuerto de la Fuerza Aérea Colombiana, y «mula», una expresión popular utilizada para referirse a «la persona que transporta ilegalmente drogas a través de los controles aduaneros. En este caso el caricaturista no reproduce lo dicho por el personaje que allí aparece. Se trata sólo de una invención discursiva que le permite poner en boca del presidente lo que él no ha dicho.

 

Cinco: Principales metáforas sobre el proceso 8.000.

“De todos los hechos retóricos, la metáfora es el que se presta mejor a un reconocimiento intuitivo, sin necesidad de nociones teóricas previas. Es bien sabido que cualquier hablante está dispúesto a aceptar como «posibles», a condición de entenderlos en sentido figurado, enunciados que consideraría inaceptables e incluso absurdos en situaciones lingüísticas ‘normales’.

En el caso colombiano, es un hecho evidente que, tal como lo ha expresado el ya citado caricaturista Pepón, el elefante se convirtió en el «símbolo indiscutible del escándalo de la narcofinanciación de la campaña Samper. Lo lanzó monseñor Pedro Rubiano Sáenz para denotar la magnitud del ilícito cometido y destacar lo increíble del argumento del presidente de que todo habría ocurrido a sus espaldas» (1996, p. 126).

 

 

Esta verdadera (metáfora de invención» (Fontanier, citado por Mortara Garavelli, p.185) aparece claramente esbozada en varias caricaturas del propio Pepón. En una de ellas el presidente de la Conferencia Episcopal le plantea metafóricamente a Samper Pizano la imposibilidad de que éste no se hubiera dado cuenta del ingreso de dineros mal habidos a la financiación de su campaña («Imposible no verlo»), obteniendo como respuesta del Presidente de Colombia una monosilábica pregunta (¿Qué?), la cual hace más patentes los deliberados propósitos humorísticos del caricaturista.

En otra caricatura sobre este mismo tema, el elefante de marras manifiesta que él sabe que Samper lo vio y que Botero («administrador y planificador de la campaña» y, posteriormente, ministro de defensa nacional) tuvo que ver a Samper.

En una tercera caricatura, vemos a Samper intentando convencer al Fiscal de la Nación de la necesidad de enterrar definitivamente al paquidermo (Tiene que hacer algo: No sólo está reviviendo sino que se está multiplicando!.)

Una última caricatura, esta vez de Mico, recrea maravillosamente un reciente viaje de Samper y su comitiva al Africa. En ella aparecen dos elefantes viendo pasar al presidente y su esposa. Uno de ellos se lamenta de la indiferencia con que éstos los han mirado. El enunciado emitido es de una fuerza irónica indiscutible: Ya no conocen…

 

 

Otra de las metáforas más repetidas en Colombia en los últimos años está referida a las espaldas del presidente Samper. De acuerdo con María Moliner, la expresión «a espaldas de…» significa «hablar o hacer una cosa en perjuicio de una persona» sin que ésta se encuentre presente. Como «metáfora de uso» ha sido utilizada reiterativamente por los caricaturistas para mostrarnos la negativa de Samper a aceptar la relación económica de su campaña política y el narcotráfico. En una de tales caricaturas, su esposa, al verlo disfrazado de ángel, le dice: ¡te ves divino. Pero recuerda que los ángeles no tienen espaldas!.

 

En una cuarta caricatura se le ve poniendo sus espaldas para que un reconocido narcotraficante le endose un cheque (¡Hay que ver lo que pueden hacer a las espaldas de uno!).

A sus espaldas también le fue suspendida, por supuesto, su visa de entrada a los Estados Unidos.

Los caricaturistas no se han olvidado del capitán que se ocupó de cuidarle las espaldas al presidente y actuó como uno de los hombres de su entera confianza antes y después del período electoral.

Este hombre que ahora enfrenta una investigación por enriquecimiento ilícito y encubrimiento, aparece en una de las caricaturas cumpliendo su papel al pie de la letra, ya que, según él, por fuerza del reglamento y del protocolo yo tenía que mantenerme a sus espaldas.

Una tercera metáfora muy recurrente en la caricatura sobre el proceso 8.000 tiene que ver con una supuesta intención de mantener ocultos algunos asuntos relacionados con dicho proceso. Para ello se ha recurrido al colombianismo sapo, que sirve para denominar a la «persona que acusa o delata» a aquel «que ha cometido un delito o alguna falta». Tápense bien, pero cuidado me dejan al descubierto… le dice Samper a sus ministros, después de que Botero habló.

 

 

En otra caricatura, éste expresa: Para una cultura de mafia lo grave no fue lo que dije, ¡sino haberlo dicho! Sapo, le responde un batracio que lo escucha.

 

Yendo aún más lejos, un caricaturista le endilga al presidente un apodo realmente gracioso: Pinocho…Mil, debido a que Samper insiste en repetir que todos mienten.

Para concluir, mostremos una última caricatura cuyo texto hemos utilizado como epígrafe de este artículo:

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• CHARAUDEAU, Patrick (1992). Grammairedu sens et de l’expression. Paris: Hachette Education.
• CHARAUDEAU, Patrick (1983). Langage et discours. Eléments de sémiolinguistique. Paris: Hachette Université.
• ESCAMILLA, Julio (1989). De la mentira y otras discursivas. En: Revista Glotta Vol .4, No .1. Bogotá estrategias
• FAGOAGA, Concha (1982). Periodismo interpretativo.El análisis de la noticia. Barcelona: Mitre
• MALDONADO, Concepción (1991). Discurso directo y discurso indirecto. Madrid : Taurus Universitaria
• MOLINER, María (1996). Diccionario de uso del español. Madrid Gredos (CD ROM)
• MORTARA GARAVELLI, Bice (1991). Manual dé retórica. Madrid Cátedra
• NUEVO DICCIONARIO de americanismos. Tomo 1. Nuevo diccionario de colombianismos (1993) santafé de Bogotá: instituto Caro y Cuervo
• PEPÓN (1992) Ahí están pintados. Santafé de Bogotá Intermedio editores
• PEPON (1996). Memorias de un elefante. Santafé de Bogotá: Círculo de lectores.
• TAMAYO, Evora (1988). La caricatura editorial. La Habana: Pablo de la torriente
• 10ma BIENNALE DE LA CARICATURA. http://picar.net4u,it/biennale/sdc.htm